En una carta en respuesta a la misiva enviada en este sentido por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, el titular de Justicia ha asegurado que aún no se ha adoptado una postura definitiva a la "necesaria modificación" del sistema actual, basado en el partido judicial, y ha recordado que en la actualidad se trabaja en un "periodo de reflexión y debate" de cara a la nueva Ley del Poder Judicial.
"En modo alguno está prevista la supresión de ninguna infraestructura judicial en funcionamiento y, en todo caso, será la Sala de Gobierno del TSJCyL y la Consejería de la Presidencia de la Junta quienes tendrán que acordar el uso que se va a dar a cada una de las sedes judiciales", ha aseverado Ruiz-Gallardón en la carta a la que ha tenido acceso Europa Press.
Además, ha señalado que el Ministerio de Justicia ha acogido con "verdadero interés" la situación de la Comunidad, donde las sedes judiciales son elementos de vertebración social, y ha insistido en que los criterios territoriales seguirán siendo los que marquen las competencias, por lo que se ha comprometido a encontrar una respuesta "adecuada" para prestar una atención especial a estas circunstancias, con pleno respeto a las exigencias constitucionales.
Por otro lado, ha reiterado la importancia de ajustar el sistema judicial al siglo XXI y ha ensalzado el futuro papel de los Tribunales de Instancia de ámbito provincial, como base de una nueva organización sustentada en la "flexibilidad" para la reordenación del mapa judicial y no en la territorialidad, que ha sido hasta el momento en único criterio en los ámbitos civil y penal.
Asimismo, ha recordado que antes de que finalice el año, una vez recibidas y analizadas las distintas propuestas que las instituciones y operadores jurídicos trasladen al Ministerio de Justicia, se elaborará el Anteproyecto de Ley del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
