Así, piden desplazar la investigación a grandes fortunas y multinacionales y una "ambiciosa" Ley de Lucha contra el Fraude para recaudar 34.500 millones de euros adicionales al año.
El sindicato señala que esta tasa de impunidad tan elevada indica que la propensión a defraudar continúa siendo "muy alta", por lo que Gestha prevé para los próximos meses una aceleración de la tasa aumento de la economía sumergida, como suele ocurrir en los periodos de crisis, aunque su volumen disminuya en términos absolutos, precisamente debido a la actual recesión.
En cualquier caso, los técnicos aseguran que es una "buena señal" que la mejoría de los resultados en la lucha contra el fraude sea fruto, en parte, de haber desplazado la inspección y las actuaciones de control hacia las grandes fortunas y multinacionales.
Piden una ley de lucha contra el fraude "ambiciosa"
Por ello, instan al Gobierno a enviar al Congreso un "ambicioso" proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incluya un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.
Otras medidas necesarias serían, a su juicio, la elaboración por expertos independientes de una evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal y el establecimiento de unos objetivos irrenunciables de reducción de la economía sumergida.
También consideran necesaria la coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude y elusión; la creación de una base de datos fiscales única o la limitación en el uso del dinero en efectivo.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en esta época, de dificultades económicas para los pequeños negocios, "la AEAT debe centrar la investigación hacia las grandes fortunas y multinacionales que puedan estar evadiendo el pago de impuestos, de forma muy insolidaria ahora que se necesitan ingresos para garantizar las ayudas públicas a personas, empresas y sectores económicos".
Por ello, subraya que urge aprobar la ley contra el fraude, ya que a medio plazo podrían recaudarse 34.500 millones adicionales cada año.
