"En relación a los derechos de niños y niñas y adolescentes, es para mí un honor poder anunciarles hoy que este próximo martes vamos a aprobar en el Consejo de Ministros la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia", ha indicado Iglesias este jueves 4 de junio durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso para informar sobre las medidas adoptadas durante la crisis del Covid-19.
Uno de los cambios "importantes" que conllevará esta ley será que "el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años", según ha precisado Pablo Iglesias. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
Además, la nueva ley establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar "de forma inmediata" la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores, y todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del "coordinador de bienestar y protección".
También se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
Igualmente, Iglesias ha destacado que de acuerdo con esta nueva ley, se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia.
Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores. Finalmente, se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, según ha señalado el vicepresidente segundo.
El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019. Con la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública y todos los trámites de los órganos que pueden requerir informes prescriptivos, según precisaron estas entidades.
