Esta necesidad de encuentros periódicos ha sido trasladada a los agentes sociales por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la reunión que ha celebrado con los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
En la reunión, que ha durado algo menos de dos horas y en la que ha quedado constituida la mesa de diálogo social sobre pensiones, el ministro ha subrayado que espera que la Comisión del Pacto de Toledo "cierre pronto un acuerdo sobre sus recomendaciones", para lo que considera que "el borrador de 2019 es un gran punto de partida".
Escrivá ha indicado que los agentes sociales son "pieza clave" para consolidar los acuerdos políticos y "conferirles durabilidad", por lo que se establecerán "reuniones periódicas" sobre la reforma de pensiones "durante las próximas semanas".
El ministro ha reiterado que, si el Pacto de Toledo cierra sus recomendaciones en las próximas semanas, espera poder impulsar "una modificación normativa antes de final de año, con rango de ley".
En ella, el Gobierno quiere incluir un marco estable para revalorizar las pensiones, de forma que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo, y trasladar gradualmente los gastos impropios de la Seguridad Social, superiores a los 20.000 millones de euros, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
De esta forma, el sistema aligeraría su carga, ya que si el Estado asume los gastos que soporta la Seguridad Social indebidamente, el sistema no estaría en déficit.
Los sindicatos piden corregir la reforma de 2013
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha trasladado a Escrivá que es imprescindible derogar las reformas de 2013, acabar con el factor de sostenibilidad, vincular la revalorización de las pensiones al IPC y también volver a la mesa de negociación "en el momento en el que se dejó en 2011".
"Hay que recuperar el debate y las cuestiones que estaban pendientes de desarrollar en 2011", ha apostillado Álvarez, que ve también fundamental que las personas que tienen 40 o más años cotizados no vean mermada su pensión en función del momento en el que se hayan jubilado. Además, el líder sindical ha mostrado su deseo de llegar a un acuerdo y cree que esto pasa por separar la financiación de la Seguridad Social "de tal manera que aquellos gastos impropios no corran a cuenta de las cuotas de los afiliados".
Por otro lado, ha insistido en que UGT no va a renunciar a que las nuevas tecnologías paguen impuestos, porque, "pensando en los próximos 50 años este será un elemento clave para poder mantener un sistema sostenible, justo, equitativo y que dé suficiencia a todos los trabajadores del país".
Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, ha insistido en que ésta ha sido una reunión importante en la que ha trasladado al Gobierno la necesidad de dar certidumbre, tanto a los pensionistas actuales como a los futuros, para que sepan que en España "va a haber un sistema de pensiones público suficiente".
También ha apuntado que espera que se pueda llegar a un consenso más amplio entre las fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo, dada la importancia que tienen las recomendaciones de esta Comisión para el futuro del sistema.
En el corto plazo, ambos sindicatos creen que hay que abordar "de manera inmediata" la corrección de la reforma de pensiones de 2013, que se garantice la revalorización de las pensiones conforme al IPC por ley y que "se saque de la caja de la Seguridad Social los gastos impropios", que consideran que tiene que asumir el Estado a través de transferencias y no mediante préstamos, "como viene haciendo hasta ahora".
Para CCOO y UGT, con estas primeras medidas, tanto el diálogo social como el Pacto de Toledo estarían "en buena situación para el objetivo último, que es financiar de forma sostenida y sostenible el sistema público de pensiones en las próximas décadas".
Por la parte sindical, al encuentro han asistido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, acompañado por el secretario de Políticas Públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto con la secretaria de Empleo, Seguridad Social y Políticas Sociales, Mari Carmen Barrera.
