El Ministerio de Hacienda ha remitido a las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla los convenios que regulan la colaboración entre la Administración Central y cada una de ellas para poner en marcha las ayudas directas que el Gobierno de España aprobó el pasado 12 de marzo para los autónomos y las empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia.
Las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tienen que firmar estos convenios para poder comenzar a disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de los 7.000 millones de euros que el Gobierno ha aprobado para destinarlos a inyecciones directas al tejido productivo. El Ministerio de Hacienda aprobó una Orden el pasado 25 de marzo con el reparto territorial de las ayudas, con un compartimento para Baleares y Canarias de 2.000 millones de euros; y otro para el resto de autonomías y Ceuta y Melilla, dotado de 5.000 millones.
A esa Orden se suma una segunda, aprobada el 12 de abril, en la que se detallaban los requisitos más técnicos de elegibilidad de los beneficiarios de las ayudas y los criterios para fijar la cuantía de los apoyos directos que recibirán.
Con el Real Decreto-ley, que aún está tramitándose por decisión del Parlamento como proyecto de ley, las dos Órdenes Ministeriales y los convenios que las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla ya tienen en su poder, a falta de que los Gobiernos de cada territorio firmen estos últimos documentos, se estaría en condiciones de comenzar a desplegar las ayudas directas.
Recursos en un máximo de diez días
Tal y como establece el Real Decreto-ley, Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que las Comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
El Ministerio de Hacienda insta a los gobiernos autonómicos a que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma. E invita a valorar la posibilidad de tramitar esa rúbrica con carácter de urgencia.
El texto del convenio que se ha remitido para su rúbrica ya está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las Comunidades Autónomas ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
Los convenios que se suscribirán entre la Administración Central y cada una de las autonómicas regulan cuestiones relativas al intercambio de información entre los diferentes organismos tributarios, además de la obligación de proporcionar los detalles sobre las convocatorias de ayudas realizadas y los resultados de éstas, es decir, sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios.
En particular, cada Comunidad Autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior, así como, una vez iniciada la tramitación de las ayudas, información mensual al Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de las mismas.
Los convenios tendrán una duración de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
Además, se prevé la posibilidad de incluir adendas al texto principal de los convenios, si fuera necesario, por ejemplo, por la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/2021, que es el marco que regula las ayudas directas.
Esta medida de apoyo a la solvencia empresarial muestra el compromiso del Gobierno con el tejido productivo, en especial con los sectores más golpeados por la pandemia, y se suma a otras políticas adoptadas con anterioridad, como las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
