Entrevistamos a Ignacio Gómez-Acebo, Regional Managing Director de España y Portugal de ClarkeModet.
En esta entrevista, Ignacio Gómez-Acebo nos habla sobre los últimos proyectos puestos en marcha por la Firma, cuáles son los desafíos en materia de propiedad industrial e intelectual, qué oportunidades nos aporta la inteligencia artificial, y mucho más.
- Recientemente habéis lanzado el programa “Innovación sin barreras” que se ofrece en tres países cercanos pero a la vez tan diversos como México, Brasil y España, en este sentido, ¿podrías decirnos dónde radican las principales diferencias que se suscitan en materia de Derecho de Propiedad Industrial y cuáles son las dificultades que estas plantean para aplicar el programa de Innovación sin barreras?
“Innovación sin barreras” es una iniciativa de ClarkeModet que ofrece asesoramiento gratuito en propiedad industrial (PI) a entidades del tercer sector. Muchas ONG desarrollan proyectos con alto impacto social, pero carecen de acceso a servicios especializados que les permitan proteger sus activos intangibles. Nuestro objetivo es facilitar su entrada al sistema, especialmente en la gestión de marcas y, en España, también en el acceso a financiación pública vinculada a la innovación.
El programa se aplica en España, México y Brasil, tres países con marcos regulatorios sólidos, pero con desafíos específicos. En España, el obstáculo más común es el desconocimiento del valor estratégico de la PI en el tercer sector. En México, la piratería sigue siendo un problema estructural; en Brasil, el reto está en reducir los plazos de concesión de patentes.
En todos los casos, el objetivo es el mismo: ayudar a las organizaciones a proteger sus ideas y eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a un asesoramiento jurídico especializado y realmente útil para transformar la innovación social en un activo protegido.
- ¿Existe un ranking que mida internacionalmente las dificultades en la gestión y explotación de los derechos de Propiedad Industrial? De haberlo ¿crees que España estaría bien situado?
No existe un ranking único que mida de forma integral la facilidad para proteger y explotar la PI, pero varios índices ofrecen una visión precisa del entorno. Entre los más relevantes están el IP Index de la U.S. Chamber of Commerce, el Global Innovation Index (OMPI), el European Innovation Scoreboard (Comisión Europea) y el International Property Rights Index (Property Rights Alliance).
En general, España obtiene buenos resultados, aunque con matices. En el Property Rights Index 2024, figura en el puesto 24, con una protección sólida, pero margen de mejora en enforcement. En el GII 2024, se sitúa en el puesto 28 de 133 economías, lo que refleja estabilidad, aunque por debajo de las potencias líderes en innovación. Y el European Innovation Scoreboard la clasifica como “Moderate Innovator”, por debajo de la media europea.
En conjunto, España cuenta con un marco jurídico robusto y una OEPM eficiente, pero sigue enfrentando retos en inversión privada en I+D, transferencia tecnológica y uso estratégico de la PI por parte de las empresas.
- ¿Hasta qué punto ha cambiado el régimen jurídico aplicable en España con motivo de los cambios significativos operados en los dos últimos años como han sido la entrada en vigor de la Patente Unitaria, la Ley de Inteligencia Artificial, y las nuevas directrices para marcas y diseños comunitarios?
En solo dos años, el marco jurídico español en esta materia ha vivido una transformación profunda, impulsada por reformas clave a nivel europeo. El resultado es un marco más sólido, con nuevas herramientas, pero también con mayores exigencias para quienes innovan.
Aunque España no forma parte del sistema de Patente Unitaria, su entrada en vigor en 2023 y la creación del Tribunal Unificado de Patentes han obligado a las empresas a revisar su estrategia internacional. La protección se vuelve más asequible, pero también implica aceptar una nueva jurisdicción.
En paralelo, el Reglamento europeo de IA ha traído consigo nuevas obligaciones. España ha creado la Agencia Estatal de Supervisión (AESIA) y avanza hacia un régimen sancionador para sistemas de alto riesgo, con multas que pueden alcanzar los 30 millones de euros.
También en marcas y diseños, las nuevas directrices europeas han llevado a la OEPM a armonizar sus criterios y agilizar sus procedimientos, especialmente frente a infracciones en entornos digitales.
- ¿Qué ofrece ClarkeModet para ayudar a sus clientes a afrontarlos?
En un entorno legal que cambia con rapidez, desde ClarkeModet ofrecemos asesoramiento jurídico especializado, ajustado a los procesos de cada organización y con acompañamiento constante. Nuestro enfoque combina visión estratégica y aplicación práctica, para que los cambios normativos se traduzcan en oportunidades de negocio.
En Patente Unitaria, ayudamos a decidir entre validación nacional o protección unitaria, gestionamos el opt-out ante el TUP y coordinamos toda la tramitación legal en los países adheridos, optimizando costes y alcance.
En IA, asesoramos en el cumplimiento del nuevo Reglamento europeo: auditamos algoritmos de alto riesgo, redactamos la documentación técnica y legal necesaria y protegemos activos como modelos, datos o software con las figuras jurídicas más adecuadas.
En Marcas y Diseños, adaptamos carteras a las nuevas directrices de la UE, asesoramos en clasificación de bienes virtuales y reforzamos las estrategias de vigilancia y defensa ante la OEPM y la EUIPO, siempre con criterios actualizados.
- Tras la evolución año tras año de la inteligencia artificial, ¿qué obstáculos os habéis encontrado en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual?
La IA evoluciona más rápido que las normas, y eso abre una brecha legal cada vez más difícil de gestionar. En propiedad intelectual, el problema es claro: muchas creaciones generadas por IA quedan fuera del sistema porque la ley sigue exigiendo intervención humana, especialmente en materia de copyright.
En patentes, el debate gira en torno a la titularidad y la actividad inventiva. ¿Puede una invención creada sin participación directa ser protegida? ¿Cómo demostrar que no es simplemente una recombinación automatizada de soluciones previas?
En marcas y diseños, los algoritmos generan miles de variantes al instante, complicando la detección de copias. Además, el uso de datos protegidos para entrenar modelos plantea conflictos sobre derechos preexistentes.
Frente a esta realidad, las empresas necesitan estrategias jurídicas híbridas que combinen PI, secretos empresariales y contratos bien estructurados. No se trata de frenar la innovación, sino de protegerla con herramientas a la altura del desafío y que, además, permitan explotar todas las oportunidades que nos ofrece este nuevo escenario.
- ¿Tiene cabida la IA en la explotación de los derechos de Propiedad Industrial y la Protección de los nombres de dominio? ¿Cabría desarrollar un agente IA ad hoc?
La IA ya es una herramienta habitual en la gestión y defensa de activos intangibles. En patentes y marcas, se emplea para rastrear infracciones, anticipar tendencias tecnológicas y optimizar decisiones de registro. En nombres de dominio, permite detectar patrones de cybersquatting, analizar millones de registros WHOIS y activar alertas ante intentos de suplantación.
En este contexto, el desarrollo de agentes de IA específicos para PI no es solo viable, sino cada vez más necesario. Un sistema entrenado con jurisprudencia, reglas de la UDRP y datos históricos puede generar avisos de infracción, redactar acciones preventivas y proponer vías legales de forma automática y eficaz. La combinación de velocidad, análisis masivo y capacidad predictiva permite reaccionar en tiempo real con un nivel de precisión que supera a cualquier equipo humano.
Pero el verdadero reto no es técnico, sino legal y ético: garantizar que estos sistemas actúan con trazabilidad, transparencia y bajo supervisión profesional. Bien diseñados, no sustituyen al experto, sino que lo potencian, convirtiéndose en un escudo activo que protege marcas, dominios y tecnología las 24 horas del día.
- ¿Consideras que han cambiado las necesidades de las empresas en los últimos años? ¿Por qué?
Sin duda, y no dejan de evolucionar cada día. La transformación digital, la competencia global y tecnologías como la IA o el blockchain no solo están cambiado los modelos de negocio, sino que también han hecho que el valor diferencial de muchas compañías resida, cada vez más, en activos intangibles como datos, software, algoritmos, marcas o know-how.
Esto ha llevado a un cambio de enfoque. Ya no basta con registrar una patente o una marca, las empresas buscan gestionar sus derechos de forma activa, anticipar infracciones, adaptarse a nuevas normativas y convertir la innovación en retorno económico. La PI ha dejado de ser un trámite para convertirse en una herramienta estratégica.
Además, el marco regulatorio se ha vuelto más dinámico y transversal: normas sobre datos, sostenibilidad o IA obligan a integrar la PI con áreas como el compliance, la estrategia fiscal o la gestión de RR.HH. o proveedores. Las compañías exigen hoy un asesoramiento jurídico conectado con su realidad operativa, que proteja y potencie su ventaja competitiva en un entorno en constante evolución.
– Desde hace un tiempo estáis apostando por acompañar y asesorar en las etapas del ciclo de la innovación ¿Cómo definirías estas etapas?
Convertir una idea en valor no es azar, sino un proceso estructurado que requiere análisis, estrategia y acompañamiento experto en cada etapa. En ClarkeModet abordamos el ciclo completo de la innovación, integrando servicios legales, estratégicos, regulatorios y de financiación.
Partimos de la evaluación de la idea: analizamos su originalidad, viabilidad técnica y encaje en el mercado. Aportamos asesoramiento fiscal y financiero en la fase de desarrollo, gestionando deducciones por I+D+i, ayudas públicas, financiación público-privada y modelos colaborativos.
Validamos la viabilidad jurídica del activo con estudios de patentabilidad, libertad de operación y análisis competitivos. Definimos y ejecutamos su protección legal: patentes, marcas, diseños, secretos o software, según el caso.
En la fase de explotación, estructuramos licencias, cesiones, acuerdos tecnológicos o spin-offs, siempre con el foco en la rentabilidad y el control. Incluimos la defensa activa de los derechos, en entornos físicos y digitales.
Y finalmente, cerramos el ciclo midiendo impacto económico y fiscal, ajustando la estrategia para que la innovación protegida impulse el siguiente salto.