Si bien en algunos Estados miembros de la UE persisten motivos de preocupación en relación con el Estado de Derecho, el Informe se ha convertido en un motor clave para el cambio y las reformas positivas. De hecho, el 65 % de las recomendaciones del año anterior se han abordado total o parcialmente. Este porcentaje muestra que los Estados miembros están realizando importantes esfuerzos para seguir las recomendaciones del año anterior. Dado que las reformas para mejorar el marco del Estado de Derecho llevan tiempo, este dato refleja una evolución significativa que se ha producido a lo largo de solo un año. Al mismo tiempo, persisten importantes motivos de preocupación de orden sistémico con respecto a determinados Estados miembros.
El Informe incluye, como cada año, una Comunicación, que examina la situación en el conjunto de la UE, y 27 capítulos (uno por país), en los que se analiza la evolución en cada Estado miembro desde julio de 2022. Incluye una evaluación de las recomendaciones propuestas el año anterior y formula, de nuevo, recomendaciones específicas a los Estados miembros.
El informe abarca cuatro pilares: los sistemas judiciales nacionales, los marcos de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios.
Principales conclusiones y recomendaciones
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Reformas en el ámbito de la justicia
Las reformas en el ámbito de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año, y muchos Estados miembros han seguido las recomendaciones de 2022 y han aplicado las reformas acordadas en el contexto del MRR.
Muchos Estados miembros han seguido avanzando o han finalizado la implantación de importantes reformas para reforzar la independencia del poder judicial, entre las que se cuentan los esfuerzos legislativos para reforzar la independencia y la eficacia de los consejos del poder judicial, la mejora de los procedimientos de nombramiento de los jueces y del funcionamiento de sus más altos tribunales, o están preparando medidas para reforzar la autonomía de las fiscalías.
Los Estados miembros también han introducido medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, así como a facilitar el acceso a la misma. Los Estados miembros han seguido invirtiendo en sus sistemas judiciales, aunque en algunos de ellos la remuneración de jueces y fiscales supone un motivo de preocupación pues genera dificultades a la hora de atraer personal judicial cualificado. Al mismo tiempo, persisten motivos de preocupación de carácter estructural con respecto a determinados Estados miembros por lo que respecta a la independencia judicial.
En cuanto a las recomendaciones para 2023 en materia de justicia, se abordan retos como la necesidad de garantías en los procedimientos de nombramiento de jueces, la composición de los Consejos del Poder Judicial, la autonomía de la fiscalía o la necesidad de proporcionar recursos adecuados al poder judicial, incluidos los salarios de jueces y fiscales.
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Marcos de lucha contra la corrupción
La corrupción sigue siendo una grave preocupación tanto para los ciudadanos como para las empresas de la UE. El Eurobarómetro especial de 2023 sobre la actitud de los ciudadanos frente a la corrupción en la UE muestra, por ejemplo, que una creciente mayoría de ciudadanos (70 %) y empresas (65 %), según el Flash Eurobarómetro sobre la actitud de las empresas frente a la corrupción en la UE, creen que la corrupción está muy extendida en su país. Los europeos son cada vez más escépticos con respecto a los esfuerzos nacionales para hacer frente a la corrupción, y alrededor del 67 % cree que los grandes casos de corrupción no son suficientemente perseguidos.
Algunos Estados miembros han adoptado medidas, en consonancia también con las recomendaciones en relación con la lucha contra la corrupción incluidas en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022. Varios Estados miembros han llevado a cabo reformas de su Derecho penal para reforzar la lucha contra la corrupción. Mientras que otros Estados miembros han seguido basándose en su historial de investigación, enjuiciamiento y sanción de la corrupción a gran escala, algunos han tomado medidas para reforzar la capacidad de las autoridades judiciales responsables de la lucha contra la corrupción mediante recursos adicionales y especialización.
Desde el punto de vista de la prevención, varios Estados miembros han actualizado sus estrategias y planes de acción de lucha contra la corrupción existentes o están revisándolos. Otros han tomado medidas para reforzar los marcos de integridad, como códigos de conducta o normas relativas a los grupos de presión. Las recomendaciones formuladas este año están relacionadas con el refuerzo de los marcos preventivos, como los que rigen las normas relativas a los grupos de presión y los conflictos de intereses, así como con la garantía de la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción.
Los funcionarios están sujetos a obligaciones de declaración de patrimonio e intereses en la mayoría de los Estados miembros, pero estas obligaciones varían en cuanto al alcance, la transparencia y la accesibilidad de la información divulgada, así como en cuanto al nivel y la eficacia de su verificación y cumplimiento. En algunos Estados miembros, las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de corrupción son interminables y se echan en falta expedientes sólidos, especialmente en los casos de corrupción a gran escala. Para garantizar una respuesta más coherente y eficaz frente a la corrupción en toda la Unión, la Comisión propuso en mayo de 2023 una nueva legislación a escala de la UE en materia de corrupción.
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Libertad y pluralismo de los medios de comunicación
Varios Estados miembros han adoptado, reforzado o están debatiendo medidas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas basándose también en iniciativas recientes de la Comisión, como la Recomendación sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y la Recomendación sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos. Desde el último Informe, algunos Estados miembros han adoptado normas para aumentar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y han reforzado las disposiciones para aumentar la independencia o ampliar las competencias de sus autoridades reguladoras de los medios de comunicación.
Siguen preocupando la falta de transparencia en el reparto de la publicidad institucional, los conflictos de intereses y el acceso a documentos públicos, que son algunas de las cuestiones importantes que pone de relieve el informe y que requieren atención. Aunque algunos Estados miembros han iniciado reformas para reforzar la independencia de sus organismos públicos de radiodifusión, en otros siguen sin abordarse estos retos.
Las conclusiones del Informe en relación con la libertad de los medios de comunicación se basan en diversas fuentes, entre ellas, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (MPM 2023), la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas y la plataforma de seguimiento de la libertad de los medios de comunicación («Mapping Media Freedom»).
La Comisión ha formulado de nuevo una serie de recomendaciones que abarcan, entre otras cuestiones, el reparto transparente y equitativo de la publicidad institucional, la gobernanza independiente de los medios de comunicación públicos y las medidas para mejorar la seguridad de los periodistas, así como el derecho de acceso a los documentos públicos. En septiembre de 2022, la Comisión propuso la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, actualmente en fase de negociación, para establecer garantías a escala de la UE para proteger el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial.
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Controles y equilibrios institucionales
Los Estados miembros han seguido mejorando la calidad de sus procesos legislativos e implicando a las partes interesadas en estos procesos, una tendencia observada en los anteriores informes sobre el Estado de Derecho. Los tribunales constitucionales siguen desempeñando un papel clave en el sistema de controles y equilibrios y han adoptado también importantes decisiones relativas a la organización de los sistemas judiciales nacionales. Las instituciones de derechos humanos de ámbito nacional, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes han visto reforzado su estatus en algunos Estados miembros. En la mayoría de los Estados miembros existe un entorno propicio y favorable para la sociedad civil, y algunos de ellos están tomando medidas de apoyo adicionales.
Sin embargo, todavía no existe un marco formal para la consulta de las partes interesadas en algunos Estados miembros o, en la práctica, este no se sigue suficientemente, y las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a retos como la financiación y las restricciones a sus operaciones. En varios Estados miembros se han manifestado preocupaciones en relación con el uso continuado de poderes previstos para situaciones de emergencia.
El informe vuelve a incluir información sobre la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de los Estados miembros. También examina las reacciones del sistema de controles y equilibrios de los Estados miembros ante el uso de programas espía.
Para hacer frente a algunas de estas cuestiones, la Comisión ha reiterado recomendaciones que, o bien no han sido atendidas, o se han seguido parcialmente, al tiempo que ha formulado recomendaciones adicionales para aquellas cuestiones de especial relevancia, en relación, por ejemplo, con la participación efectiva de las partes interesadas en el proceso legislativo, la creación y el funcionamiento de instituciones nacionales de derechos humanos acreditadas y la garantía de un marco operativo abierto para la sociedad civil.
Próximas etapas
La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a seguir manteniendo debates generales y específicos por países sobre la base de este informe, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas, para seguir examinando su aplicación efectiva. También pide a los Parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas y agentes clave que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho, así como a escala europea, potenciando un mayor compromiso por parte de los ciudadanos. Finalmente, la Comisión invita a los Estados miembros a hacer frente de manera eficaz a los retos señalados en el Informe y está dispuesta a ayudarles en la labor de poner en práctica las recomendaciones formuladas.
Contexto
El Estado de Derecho es crucial para todos los ciudadanos y empresas de la UE, ya que es condición previa al respeto de otros valores, garantiza que los derechos fundamentales sean respetados en consonancia con el conjunto de valores democráticos fundamentales, asegura la aplicación del Derecho de la UE y sustenta un entorno empresarial favorable a la inversión. Es parte integrante de la propia identidad de la Unión Europea.
El Informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas, e incluye a todos los Estados miembros utilizando la misma metodología transparente y objetiva para examinar las mismas cuestiones en cada uno de ellos. La evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión se centra en los cambios importantes ocurridos desde la adopción del tercer Informe en julio de 2022 adaptándose a la evolución de estos cambios.
El informe ocupa un lugar central en el Ciclo anual de examen del Estado de Derecho. Este ciclo anual tiene carácter preventivo y está dirigido a fomentar el Estado de Derecho y evitar la aparición o agravamiento de problemas. Es independiente de los demás elementos del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho y complementa, pero no sustituye, a los mecanismos basados en el Tratado, con el objetivo de que la UE pueda responder a problemas más graves relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estos instrumentos abarcan los procedimientos de infracción y el procedimiento dirigido a proteger los valores fundacionales de la Unión con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
La cuarta edición del informe se basa en el importante paso dado en el informe del año pasado, en el que se incluyeron por primera vez recomendaciones específicas para todos los Estados miembros. El análisis también contiene una evaluación cualitativa de los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de 2022, teniendo en cuenta el contexto general de los Estados miembros. En función de los progresos realizados en las distintas subpartes de cada recomendación, la Comisión ha concluido su evaluación en cada caso utilizando las siguientes categorías para hacer un seguimiento de la evolución: ausencia de avances, algunos avances, avances significativos y plena aplicación.
Las recomendaciones de 2023 se basan en las recomendaciones formuladas el año pasado que no se aplicaron o se aplicaron parcialmente, o abordan nuevos retos. Se han elaborado sobre la base de la evaluación de los capítulos por país y en el diálogo con los Estados miembros, dentro del pleno respeto del principio de igualdad de trato. Al formular las recomendaciones, la Comisión ha prestado especial atención a mantenerlas centradas y ancladas en los estándares europeos, y ha tenido en cuenta los sistemas jurídicos nacionales. Además, se garantizan la coherencia y las sinergias con otros procesos, como el Semestre Europeo, el mecanismo de condicionalidad presupuestaria y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las posteriores ediciones del Informe sobre el Estado de Derecho examinarán el seguimiento dado a las recomendaciones. Estas deben leerse conjuntamente con la evaluación de los capítulos correspondientes a cada Estado miembro, que examinan motivos de preocupación concretos y tienen por objeto guiarles a la hora de tomar medidas para darles respuesta.
Los retos señalados en los anteriores informes sobre el Estado de Derecho han servido de inspiración para varias iniciativas recientes de la UE a lo largo del año pasado, entre ellas la propuesta para una Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación y el Paquete anticorrupción.
