El plan estratégico diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad pone el foco en la prevención; en la cooperación entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los operadores jurídicos; en la dotación de capacidades suficientes y adecuadas para articular respuestas adaptadas a las diferentes modalidades delictivas; en la colaboración con la industria y los operadores relevantes en materia de ciberseguridad en el sector público y privado; y en el respeto escrupuloso a la libertad, a la privacidad y demás derechos fundamentales.
Desde estos principios, el plan diseña una estrategia global para alcanzar los siguientes objetivos específicos:
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Promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la ciudadanía y la empresa.
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Impulsar la formación y la especialización de los miembros de las FCSE en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad.
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Incrementar y mejorar el uso y disposición de las herramientas tecnológicas e implementar el ámbito de la I+D+i.
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Gestionar adecuadamente la información disponible en el ciberespacio.
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Promover un marco legal e institucional que dé solución a los desafíos que surjan relacionados con la ciberseguridad y la cibercriminalidad.
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Impulsar la coordinación a nivel nacional e internacional y favorecer la colaboración entre el sector público y privado.
Para la consecución de estos objetivos, el plan contempla en cuarenta y nueve líneas de acción concretas que se articulan en torno a seis ejes estratégicos: cultura de prevención de la cibercriminalidad, potenciación de capacidades, generación de ciberinteligencia, coordinación nacional y cooperación internacional, generación de un marco normativo adecuado y colaboración público-privada.
Crecimiento de la cibercriminalidad
La cibercriminalidad experimenta en todo el mundo un fuerte crecimiento paralelo al incremento del desarrollo y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los ámbitos públicos y privados. Según estimaciones de la Comisión Europea, el costo de la ciberdelincuencia para la economía global en el año 2020 fue de 5,5 billones de euros, lo que representa la mayor transferencia ilícita de riqueza, superior ya a la que se deriva del tráfico global de drogas.
Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, en 2015 se conocieron un total de 83.058 hechos relacionados con la cibercriminalidad, cifra que ha ascendido a 218.302 a finales de 2019, lo que supone un incremento del 162,8 por ciento en apenas cinco años. Si en 2015 la ciberdelincuencia representó el 4,1 por ciento del total de la criminalidad conocida, a finales de 2019 esta tasa había escalado hasta el 9,9 por ciento.
El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad dota al Ministerio del Interior de los recursos necesarios para hacer frente a esta situación en cinco áreas de actuación: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
En el diseño del plan, elaborado bajo el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), han participado responsables, especialistas, autoridades y expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de las policías autonómicas, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de la Abogacía Española, de CCN-CERT e INCIBE-CERT, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y de otras instituciones privadas.
Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero de 2021, el plan ha entrado en vigor este martes con la publicación de la Instrucción 1/2021 del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, en la Orden General de la Dirección General de la Policía y en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.
Tras su publicación, todos los centros directivos y organismos del Ministerio del Interior con competencias en materia de ciberdelincuencia disponen de cuatro meses de plazo para presentar sus correspondientes planes de acción operativos. Las medidas y actuaciones contempladas en el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad contarán con una dotación económica de 1.000.000 de euros para el año presupuestario de 2021.
