José Antonio Bustos Buiza: "La idea de la colaboración entre las Administración y los contribuyentes está arraigándose en España"
Entrevistamos a José Antonio Bustos Buiza, Socio de Fiscalidad Internacional - Ernst & Young en el marco del Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias celebrado en Barcelona el 13 de noviembre.
En su opinión, ¿Cómo definiría las buenas prácticas tributarias?
El concepto de buenas prácticas tributarias se refiere a la existencia de una buena armonía entre los actores principales del cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, entre las administraciones tributarias, los contribuyentes y los intermediarios fiscales. La relación entre estos actores promueve ciertas prácticas y su valoración entre buenas y malas. Buenas prácticas son aquellas que dan lugar a un cumplimiento más eficiente y menos controvertido de las obligaciones tributarias, o lo que es lo mismo, las prácticas que mejoran la certidumbre fiscal.
Las buenas prácticas tributarias y por tanto, el nivel de certidumbre fiscal se manifiesta en los momentos del proceso de establecimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias; en la creación de la norma fiscal, el cumplimiento de la obligación tributaria y la resolución de los conflictos tributarios.
Las debilidades del marco institucional de la política fiscal -a nivel nacional e internacional- son los principales impulsores de la incertidumbre fiscal. A nivel internacional, la existencia de diferentes sistemas fiscales genera de por sí un grado de incertidumbre para las inversiones transfronterizas. Para una empresa activa en varios países la existencia de diferentes sistemas fiscales, y en particular, los incentivos que el sistema tributario internacional puede proporcionar pueden dar lugar a una fuente de incertidumbre en el tratamiento fiscal de una inversión específica.
En los últimos años, ¿Cuál ha sido la evolución de las buenas prácticas tributarias a nivel internacional?
Tras la crisis financiera, se ha producido un fuerte impulso político para reformar la fiscalidad internacional, principalmente a través del proyecto BEPS de la OCDE. Este proyecto ha supuesto la implementación de un gran número de normas, fundamentalmente destinadas a prevenir el fraude fiscal internacional. En este contexto de proliferación de nuevas normas de los últimos años, la incertidumbre fiscal ha recibido, gradualmente, más atención.
A nivel internacional, la mejor respuesta política frente a la incertidumbre fiscal es impulsar la cooperación en materia fiscal, lo que significa planteamientos comunes en la lucha contra una planificación fiscal agresiva y un mayor intercambio de información.
Por un lado, la implementación de las recomendaciones del proyecto BEPS ha supuesto un gran esfuerzo internacional, promoviendo una mayor coordinación entre gobiernos. Esto debería ser visto como un elemento a favor de la certidumbre fiscal. Pero, por otro lado, la gran cantidad de medidas implantadas, su dificultad de interpretación y la falta de una absoluta coordinación a nivel internacional, han puesto en riesgo la certidumbre fiscal, de ahí que la atención sobre este asunto en la actualidad haya aumentado.
Otro importante elemento para la mejora de la certidumbre fiscal y una buena práctica fiscal reconocida internacionalmente, es la colaboración entre la Administración tributaria, los contribuyentes y los intermediarios fiscales, mediante programas que mejoren la comunicación entre los mismos. Estos programas de colaboración también han recibido una importante atención, recientemente.
En un futuro, ¿Cómo espera la evolución de la certidumbre fiscal y una buena práctica fiscal?
Como decía, en la actualidad hay un gran interés las buenas prácticas tributarias y la certidumbre fiscal a nivel internacional. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer y la demanda de medidas en este sentido es muy grande, por lo que cabe esperar que escuchemos hablar mucho sobre esta materia en los próximos años.
El debate puede incluso intensificarse a corto y medio plazo en la medida en la que la comunidad internacional, liderada por la OECD y el G20, está trabajando en una nueva propuesta (el denominado proyecto BEPS 2.0). Esta propuesta puede significar profundos cambios en algunos de los principios de la fiscalidad internacional actualmente aplicados. Este proyecto requerirá de un enorme esfuerzo de coordinación internacional, nuevos mecanismos de intercambio de información y nuevas obligaciones formales, que entroncan directamente con la necesidad de analizar en paralelo cómo deben ajustarse las prácticas tributarias y la certidumbre fiscal a este nuevo marco.
Por último, ¿Cómo ve a España en materia de certidumbre fiscal y las buenas prácticas tributarias comparada con otros países de nuestro entorno?
La Administración española siempre ha tenido un papel activo en las discusiones sobre fiscalidad internacional en el ámbito de las organizaciones internacionales en la que tiene representación, como son la OCDE y la Unión Europea, fundamentalmente. En algunos casos, la Administración española ha sido pionera en la puesta en práctica de algunos proyectos pilotos relativos a la cooperación internacional y la certidumbre fiscal, como por ejemplo el proyecto ICAP (International Compliance Assurance Program) de la OCDE. Este es un programa voluntario concebido para proporcionar a los grupos multinacionales dispuestos a comprometerse de forma activa, abierta y totalmente transparente, con una mayor seguridad fiscal con respecto a algunas de sus actividades y transacciones.
España, a nivel doméstico, también está promoviendo distintos mecanismos de colaboración recomendados por las organizaciones internacionales y que también existen en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Código de Buenas Prácticas Tributarias para empresas y para intermediarios fiscales.
La aplicación práctica de estos programas está muy condicionada a cuestiones normativas, de costumbres y culturales, por lo que el grado de avance de estos mecanismos no es homogéneo entre países. En el caso de España, se están dando pasos en la buena dirección y, si bien no podemos decir que estamos todavía al nivel de los países más avanzados, si parece que la idea de la colaboración entre las Administración y los contribuyentes (y los intermediarios fiscales) está definitivamente arraigándose.