Jueces para la Democracia, en la reunión mantenida hoy, ha alcanzado acuerdos que afectan a diferentes áreas, desde el ámbito fiscal hasta la ayuda a los refugiados.
Revisión del delito fiscal
JpD propone modificar el delito fiscal, ante la necesidad de revisar la cuantía económica de la defraudación en cómputo anual necesaria para alcanzar el umbral del tipo básico (120.000 euros o 50.000 euros para fondos comunitarios), para proceder a una bajada sensible de esta cuantía, teniendo en cuenta que la cuantía para la consideración de la concurrencia del delito menos grave de hurto está cifrada en tan sólo 400 euros.
Actuaciones del Gobierno Central en funciones
Debido a la ausencia de límites nítidos sobre las competencias del ejecutivo después de las elecciones y en tanto no se forma nuevo gobierno es necesario acabar con esta inseguridad jurídica, por tanto, la Asociación propone que debería regularse por ley este conjunto de facultades e incorporar la doctrina del Tribunal Supremo a este respecto.
Refugiados
Jueces para la Democracia hace un llamamiento a todas las instituciones, en relación al tremendo drama humano que se está produciendo en el sur de Grecia y en el centro de Europa por los movimientos de poblaciones, para adoptar cuantas medidas sean necesarias y así evitar el sufrimiento de los más desfavorecidos
Durante la reunión, la Asociación ha manifestado su intención de realizar gestiones con las asociaciones judiciales de todos los países europeos a fin de acordar actuaciones que sirvan para solucionar y mejorar la inadmisible situación que día a día se está produciendo.
Derogación de la Ley 2/2013, de modificación de la Ley 22/1988, de costas
La modificación operada hace dos años redujo injustificadamente el ámbito de protección de la superficie que debía conformar el dominio público marítimo terrestre, y acotó, para excluirlos, una serie de supuestos que hasta ahora formaban parte de este concepto, además de reducir la franja de protección del litoral, con importantes efectos en cuanto a la consolidación de actuaciones urbanísticas gravemente lesivas al medio ambiente y al litoral, según ha explicado JpD. Por ello, propone la derogación de la Ley 2/13.
Tratado Internacional sobre limitación de responsabilidad por daños causados por hidrocarburos
Este convenio de limitación de responsabilidad supone un privilegio para la actividad de transporte marítimo de hidrocarburos, que determina que en caso de siniestro no exista una garantía real de reparación del daño causado por el vertido de petróleo y sus derivados, ni a las personas y bienes ni al medio ambiente.
Se propone que el Parlamento denuncie el Tratado y que promueva uno nuevo basado en los principios de responsabilidad objetiva, de carácter ilimitado y solidario entre todos los beneficiarios materiales de la actividad, así como la contemplación como indemnizable de todo el daño causado, incluído el ambiental. En tanto esto no se logra, la Asociación de jueces propone la aprobación de una ley española en estos términos (semejante a la Oil Pollution Act norteamericana de 1990) y se condicione el paso inocente por las aguas jurisdiccionales españolas (incluida la ZEE) al cumplimiento de este régimen de aseguramiento.
