En el transcurso de la reunión celebrada ayer en la sede del Ministerio de Justicia, se ha abordado en profundidad la necesidad de mantener un diálogo fluido y constructivo en la elaboración de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que permitan mejorar las condiciones en que se presta este servicio por parte de los 42.000 profesionales de la abogacía adscritos al mismo. La ley de Asistencia Jurídica Gratuita vigente data del año 1996, cuando sólo eran cinco las comunidades autónomas que tenían transferidas las competencias en esta materia. En estos 27 años han sido numerosas las leyes que han introducido cambios en el funcionamiento de este servicio sin que esta normativa haya sido modificada y adaptada a las nuevas circunstancias.
Victoria Ortega ha trasladado al ministro las principales reivindicaciones de la abogacía en este terreno y le ha recordado la necesidad de que los letrados que ejercen la Asistencia Jurídica Gratuita cobren por todo el trabajo que llevan a cabo y que perciban unas indemnizaciones más acordes a los costes reales de los desplazamientos y el volumen de trabajo que suponen.
En el corto plazo, la presidenta ha defendido la “necesidad imperiosa de actualizar los baremos” de Justicia Gratuita introduciendo nuevos conceptos e incrementando su cuantía partiendo de la evolución del IPC de los años transcurridos desde la última negociación, en 2018. El ministro ha adelantado que la negociación para proceder a esa actualización comenzará tan pronto concluyan las vacaciones navideñas.
Durante la reunión celebrada hoy, el ministro y la presidenta han repasado la amplia cartera de proyectos legislativos que el Gobierno quiere poner en marcha el año que viene y reflexionado sobre los importantes cambios que éstas supondrán para el funcionamiento ordinario de juzgados y tribunales. En este sentido, Ortega ha recordado la relevancia de recuperar el proyecto de Ley del Derecho de Defensa, que ya se encontraba en el Parlamento a finales de la anterior legislatura, a cuya mejora espera poder contribuir la Abogacía Española. Bolaños ya anticipó la intención del Ejecutivo de volver a remitir ese proyecto de ley a las Cortes durante su primera comparecencia parlamentaria.
Por lo que se refiere a la aplicación de las leyes de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, parte de ellas contenidas en el Real Decreto Ley aprobado el pasado día 19 y que entrarán en vigor de forma progresiva en los próximos meses, la presidenta de la Abogacía ha reclamado al ministro los medios humanos y técnicos precisos para introducir los importantes cambios que la nueva regulación supondrá en el funcionamiento ordinario de la Justicia. Asimismo, Ortega ha reiterado el ofrecimiento que ya se realizó en el pasado para formar comisiones mixtas entre las administraciones públicas y los representantes de la abogacía para implantar los cambios.
Todas estas reivindicaciones están contenidas en las conclusiones del XIII Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado el pasado mes de mayo en Tarragona, en el que se trazó la hoja de ruta para la profesión en los próximos años.
