Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en la que Gascón se ha referido a la sentencia del Supremo y ha defendido que las personas físicas y jurídicas tienen una "protección" y derechos constitucionales que hay que "conciliar" con el hecho de que un investigador con autorización judicial pueda acceder a los locales sin previo aviso.
"El acceso con previo aviso no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas", ha indicado Gascón, quien, no obstante, ha apuntado que el Supremo "ha puesto el problema encima de la mesa" y ha dicho que hay que ver la normativa y encontrar la solución más oportuna, por lo que "lo que hay ahora es endeble".
Por ello, ha indicado a los diputados presentes en la Comisión de Presupuestos que hay una "tarea por delante" en este asunto que se tendrá que ver y "probablemente" también tengan que abordar legislativamente los parlamentarios.
En cualquier caso, ha rehusado utilizar "sistemáticamente" la vía penal, ya que, a su juicio, tiene que ser el "último recurso", ya que "por judicializar más asuntos no se está haciendo mejor el trabajo, a veces puede ser contraproducente". "La vía penal tiene que ser excepcional", ha añadido.
En una sentencia publicada a primeros de octubre, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.
Así, estableció que no se puede acceder a un domicilio u empresa por una "corazonada" o un propósito "meramente prospectivo o indeterminado" o "para ver qué se encuentra".
El director general de la AEAT ha pedido no fijarse únicamente en el resultado de la lucha contra el fraude, que cree que este año podrá alcanzar un nuevo "récord", sino en si la evolución del cumplimiento voluntario crece más que los indicadores macroeconómicos.
El reto este año y el próximo, ha dicho, es mantener la tendencia de los últimos años y que crezcan más las bases fiscales e ingresos homogeneizados de lo que está decreciendo la economía.
