El pasado año es el primero en el cual la Agencia mide su actividad de comprobación bajo un nuevo modelo que supera la tradicional división entre control intensivo y extensivo para situar el análisis en el ámbito de la tipología de las actuaciones, dando así prioridad a la selección de riesgos fiscales y a la utilización de un procedimiento u otro (intensivo o extensivo) por criterios de eficiencia.
Este cambio en el modelo de medición impide realizar comparaciones interanuales en 2018 para cada uno de los nuevos epígrafes de actuaciones. En conjunto, la Agencia realizó 1.531.000 actuaciones de comprobación sobre tributos internos, lo que supone un 6% más que el año anterior, a lo que se añaden otras 45.000 actuaciones de investigación y de carácter auxiliar.
Dentro de este total de actuaciones, destacan las efectuadas en relación con grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales (18.545), análisis patrimonial y societario (2.418), ocultación de actividad y abuso de formas societarias (5.005) y, dentro de las destinadas al control de actividades económicas, aquellas en las cuales se ha determinado la existencia de ventas ocultas (1.650).
Control de grandes patrimonios y multinacionales
En paralelo a la creación de la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, que a partir de ahora coordinará el análisis y seguimiento del comportamiento tributario de un colectivo que ronda los 170.000 contribuyentes, la Agencia cerró el pasado año con la liquidación de 347,5 millones de euros a contribuyentes con grandes patrimonios en un total de 494 expedientes, un 44% más de expedientes que el año anterior.
También dentro de las actuaciones más complejas y cualificadas se encuentran las que se realizaron en el ámbito de la fiscalidad internacional, y muy especialmente aquellas que contaron con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. En 2018, la ONFI participó en 98 comprobaciones inspectoras finalizadas, que dieron lugar a ajustes en base imponible estimados en más de 4.200 millones de euros, lo que supone más del doble que el año anterior como consecuencia de la conclusión de determinados expedientes con un volumen especialmente relevante.
De igual forma, la ONFI ha participado en la gestión de 20 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con resultado estimatorio que suponen garantizar a futuro bases imponibles por un importe cercano a los 2.950 millones de euros, también más del doble que el año anterior y en línea con ejercicios anteriores.
De las actuaciones en materia de fiscalidad internacional desarrolladas destacan las realizadas en relación con grandes multinacionales del sector tecnológico. Mediante una acción combinada de regularizaciones inspectoras y de APA a futuro, la Agencia ha regularizado en este ámbito bases imponibles por un importe superior a los 1.500 millones de euros que han dado lugar a la liquidación de cuotas tributarias por importe de 400 millones de euros, y ha asegurado bases imponibles para los próximos años por un importe estimado en más de 500 millones de euros. Se trata de actuaciones que, por su peculiaridad y lo reducido del colectivo, son de muy difícil repetición en el tiempo.
Resultados en términos recaudatorios
Como consecuencia de su labor en la prevención y la lucha contra el fraude, en 2018 la Agencia Tributaria ha obtenido 15.089 millones de euros, un 2% más que el año anterior. De esta cifra global, destaca el importe correspondiente a los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, tradicional núcleo de la actividad de control de la Agencia, que suman 8.015 millones de euros, también un 2% más que el año anterior. La cifra total se completa con el resto de ingresos directos por actuaciones de control, así como con los ingresos inducidos, los derivados de minoración de devoluciones y los procedentes de autoliquidaciones extemporáneas de los contribuyentes.
La Agencia Tributaria también realizó actuaciones de gran relevancia que, si bien no computan en los resultados de control, al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, resultan de gran trascendencia para ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación. Se trata de las minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar, con un efecto en términos de incremento de cuotas tributarias de 3.300 millones de euros. Un 35% de ese total se corresponde con actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, frente al 29% del año anterior.
Lucha contra la economía sumergida
Durante el pasado año, la Agencia ha continuado desarrollando una intensa actividad de control para aflorar actividad económica oculta. En 2018, la Agencia realizó cerca de 3.000 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación (1.650 en el de actividades económicas y el resto en otros programas) en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 719 millones de euros.
Un papel muy relevante en la lucha contra la economía sumergida juegan las Unidades de Auditoría Informática (UAI). En 2018, las UAI participaron en 1.915 entradas y registros, con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones. Este tipo de actuaciones dieron como resultado la regularización de cuotas por importe de 326 millones de euros a través de 4.689 actas de inspección (un 17% más de actas que el año anterior) a contribuyentes que en los últimos ejercicios han sido objeto de intervenciones con las UAI.
La actividad de las UAI afecta a actuaciones atomizadas por todo el territorio nacional, incluyendo las grandes macrooperaciones coordinadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas en sectores concretos de actividad. El efecto inducido de estas grandes operaciones se aprecia en el incremento del volumen de operaciones declarado en IVA entre el año 2013 y 2018 (+36%) por los contribuyentes afectados, así como en sus cuotas de IVA ingresadas, que se han triplicado en el mismo periodo.
Como complemento a las actuaciones de comprobación inspectora, el año pasado se continuó desarrollando el plan de visitas. Se realizaron 31.095 actuaciones presenciales ('peinados') destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal. Más de la mitad de estas actuaciones se corresponden con el Plan de Visitas IVA (15.707 expedientes, un 6,9% más que el año anterior). También destaca la realización de 899 visitas complementarias de las macroooperaciones sectoriales de entrada y registro, un 15% más que en 2017.
Efecto inducido del control de alquileres
Paralelamente, la Agencia Tributaria cuenta ya con el resultado completo del análisis sobre el efecto inducido que ha supuesto el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta. En tres años, estos avisos han generado un incremento de más de 122.000 declarantes (el 30% del incremento total de declarantes de rendimientos inmobiliarios desde 2014), con una mayor base imponible declarada de 1.346 millones de euros (que explicaría el 57% del aumento total de los rendimientos inmobiliarios del periodo).
Ingresos generados por las derivaciones de responsabilidad
Dentro del área de Recaudación, y continuando con el impulso de las actuaciones más cualificadas para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias, se realizaron más de 16.700 derivaciones de responsabilidad, un 3,8% más que el año anterior. Anualmente, este tipo de actuaciones tiene como resultado el ingreso por el deudor principal o el responsable al que se ha derivado su deuda, en voluntaria o ejecutiva, de más de 400 millones de euros.
Al mismo tiempo, se tramitaron el pasado año 351 expedientes (un 35% más) de prohibición de disponer de inmuebles de sociedades cuyas participaciones o acciones han sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un deudor, y se realizaron 905 requerimientos de información o embargo a autoridades extranjeras para el cobro de deudas, un 16,5% más que en 2017. También destaca la evolución de la deuda pendiente de cobro, que descendió en 737 millones de euros, hasta los 41.628 millones de euros.
