La Agencia Tributaria (AEAT) podrá ceder datos reservados a la Intervención General del Estado (IGAE) para que ésta pueda ejercer sus funciones de "control de la gestión económico-financiera, seguimiento del déficit público, control de subvenciones y ayudas públicas, y lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público", en el marco de la lucha contra el fraude.
A su vez, se permitirá que la Intervención General del Estado pueda ceder datos de naturaleza tributaria o subvencionable de carácter reservado a la AEAT, que podrá utilizarlos únicamente para la "efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan".
Así consta en sendas enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, a las que ha tenido acceso Europa Press, y con la que se propone modificar tanto la Ley General Tributaria como la Ley General de Subvenciones.
Según el artículo 95 de la ley tributaria, los datos, informes o antecedentes obtenidos por la AEAT tienen "carácter reservado" y sólo pueden ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan.
Así, únicamente se autoriza su cesión a los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación de delitos, a otras administraciones tributarias, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a otras administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal o en la percepción de ayudas o subvenciones, a las comisiones parlamentarias de investigación, a los órganos de protección de menores incapacitados, al Tribunal de Cuentas, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y a los organismos encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios.
Nuevas excepciones
Sin embargo, a partir de ahora también podrá acceder a este tipo de información la Intervención General de la Administración que también tendrá encomendada la misión de "formar y gestionar una base de datos con la información sobre operaciones comerciales efectuadas por las entidades del sector público facilitada por la AEAT", registro al que podrán acceder los órganos autonómicos y locales de control interno.
El objetivo de estas modificaciones es conseguir un intercambio de información "más eficaz" entre la Agencia Tributaria y la Intervención.
Se da la circunstancia de que el artículo de la Ley General Tributaria que ahora se propone modificar es precisamente el que los socialistas pidieron cambiar para que se pudiera hacer público el listado de los beneficiarios de la 'amnistía fiscal', iniciativa que los 'populares' rechazaron en el Congreso. El Gobierno, no obstante, ha asegurado que se hará público un listado de grandes defraudadores, para lo cual también será necesario cambiar este punto normativo.
