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“La propuesta de la AIReF conjuga dos principios básicos: primero, facilitar la explotación de los datos por parte de la propia Administración y de los investigadores para el desarrollo de mejores políticas públicas y, segundo, la salvaguarda de la privacidad de las personas”, señala la institución.
Tal y como recoge la Opinión, España cuenta con abundantes registros administrativos personales (de personas físicas y jurídicas) relacionados con multitud de aspectos socioeconómicos, como la salud, la renta de los hogares, el mercado de trabajo, la tributación de sociedades, entre otros.
Actualmente estos datos se encuentran dispersos en diferentes organismos y administraciones que operan a través de sistemas no interconectados, cuya organización está orientada a la gestión de las políticas públicas y no a su análisis y evaluación. Salvo en contadas excepciones, ni las administraciones distintas a las que gestionan dichos registros ni la comunidad investigadora tienen acceso a estas fuentes de información.
El acceso a esta información por parte de la comunidad científica y de otras administraciones permitiría una evaluación más rigurosa de las políticas públicas para así mejorar su diseño, efectividad y eficiencia, lo que redundaría en un mayor bienestar social.
Por ello, la AIReF considera necesaria una estrategia nacional para avanzar en la disponibilidad de datos administrativos. La AIReF estima preciso regular las condiciones de acceso a la información por parte de la comunidad investigadora y de las propias administraciones e instituciones públicas, así como designar una institución
especializada, dedicada a la recopilación, procesamiento, cruce y puesta a disposición de la información procedente de registros administrativos, con plena garantía de la protección de los datos.
En este sentido, la AIReF asegura que la creación de la Oficina del Dato, adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, constituye un paso en la buena dirección. No obstante, al ser su constitución muy reciente, los detalles de las funciones que llevará a cabo no se conocen lo suficiente como para determinar hasta qué punto podrá responder al conjunto de aspectos que se plantean en esta Opinión.
La institución designada asumiría la misión específica de facilitar el acceso a los datos, como han hecho los países del entorno. Esta institución, respaldada normativamente, debería perseguir la estandarización en los protocolos de acceso, responsabilizarse de la difusión de cada conjunto de datos protegiendo la privacidad personal y tener en cuenta el interés público del uso de los datos para tomar las decisiones sobre su acceso.
También debería encargarse de velar por la creación de un único sistema de registros bajo el que podrían combinarse distintas fuentes de información. Debería contar con un Comité de Autorización independiente encargado de aprobar o denegar las solicitudes de acceso en un plazo razonable. La cesión de los datos a través de esta institución se instrumentaría a través de convenios.
La AIReF también propone permitir el acceso a los datos recopilados para el ejercicio de evaluación del gasto público o Spending Review para nuevas investigaciones.