Este procedimiento busca cerrar el círculo de todos los recursos que se ha ido interponiendo en cada CCAA ante los Tribunales de Justicia contra medidas adoptadas por los Gobiernos regionales como consecuencia del Acuerdo del Consejo interterritorial de 14 de agosto, quedando así cubierto judicialmente todas las posibles vías de reclamación con respecto al mismo.
La demanda tiene como objetivo lograr la nulidad de las resoluciones impugnadas basándose, entre otros, en la falta de justificación de las medidas acordadas. Cabe recordar que los propios datos del Ministerio de Sanidad han acreditado que la hostelería no es el foco de la pandemia, situando por debajo del 2% el índice de contagios en los establecimientos hosteleros.
La excesiva criminalización del sector y las medidas restrictivas que éste viene sufriendo en los últimos meses han llevado a la hostelería a una situación límite, pudiendo llegar a perderse un millón de empleos entre directos e indirectos y actualmente con más de 365.000 trabajadores en ERTE y un tercio de los locales abocados al cierre ante la falta de ayudas directas.
Desde ECIJA manifiestan su confianza en que la Audiencia Nacional acoja los argumentos jurídicos esgrimidos en la misma. Se han presentado suficientes argumentos médicos, científicos y jurídicos para demostrar que las medidas que se han acordado no son eficaces, ni idóneas, ni proporcionales a las circunstancias de cada territorio.
El sector hostelero que generaba el 6,2% del PIB y empleaba a 1,7 millones de personas antes la pandemia es un sector estratégico que, además, ha puesto todo su empeño en adaptarse a esta situación, con importantes inversiones en formación, equipamiento, materiales y productos, para ofrecer espacios seguros a la ciudadanía, en los que se respetan las normativas de aforo, desinfección y distancia social.
