La imprudencia penal en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores. La reforma que viene

Las sucesivas reformas operadas en el Código Penal en torno a...

Las sucesivas reformas operadas en el Código Penal en torno a la regulación de los delitos de lesiones y homicidios por imprudencia cometidos con ocasión de uso de vehículo a motor o ciclomotor en el ámbito de la seguridad vial, no han resuelto los sucesivos problemas que se han presentado, hasta el punto de prever una nueva reforma a la última aprobada por la LO 2/2019 de 2 marzo -EDL 2019/5576-.

La LO 1/2015 -EDL 2015/32370-, estableció la nueva categoría de la imprudencia menos grave, aunque no la definió, indicando bajo esa definición una imprudencia de menor entidad que permitía al instructor determinar su categoría e intensidad, eliminando en algunos casos el conocimiento de hechos con resultado verdaderamente lesivo, ya que lo verdaderamente relevante fue la despenalización de la imprudencia leve, trasladando estas conductas a la jurisdicción civil, obligando a la víctima a acudir a esta vía para obtener la indemnización., encontrándose con mayores dificultades que en la vía penal para probar sus lesiones, pues debe ser aquella quien aporte la pericial médica. Esta reforma causó una profunda alarma social, porque la despenalización de los accidentes de tráfico era una actuación totalmente contraria a las políticas de seguridad vial para reducir la siniestralidad y para dar una mayor protección a la ciudadanía.

Es cierto que la siguiente reforma operada por LO 2/2019, de 1 marzo -EDL 2019/5576 ha modificado los art.142 y 382 CP -EDL 1995/16398 y ha introducido los art.152 bis y 382 bis, regulando los supuestos en que se van a considerar imprudencia grave por disposición de ley así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave con un aumento de la punibilidad en este tipo de conductas e introduciendo el delito autónomo de abandono del lugar del accidente.

Pero ha mantenido la despenalización de la imprudencia leve por lo que las víctimas, desde mi punto de vista, continúan desprotegidas , ven perder sus derechos: no pueden acudir a los médicos forenses para que valoren sus lesiones y puedan seguir la evolución de las mismas, y todos los derechos que estaban recogidos en la L 4/2015, de 27 abril, del Estatuto de la víctima -EDL 2015/52271 del delito quedan desaparecidos porque sabemos que hay acciones imprudentes que desaparecen a través de los autos de archivo y de sobreseimiento. Comprobamos como se califica, al margen del resultado, como imprudencia menos grave en los delitos de homicidio o lesiones graves por imprudencia cuando no ha concurrido ni exceso de velocidad ni ingesta de alcohol o de drogas.

Desde mi punto de vista sería deseable que la expresión contenida en el art.142.2º CP -EDL 1995/16398-, al regular la imprudencia menos grave: &ldquoSe reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.&rdquo se analizaran detenidamente las circunstancias del caso concreto, valorando la conducta del infractor, con una mínima investigación, para determinar si verdaderamente nos encontramos ante una conducta negligente cuyo resultado merece una respuesta penal, o si la ausencia de gravedad permite derivar el siniestro a la jurisdicción civil.

Eliminar el automatismo de las resoluciones de archivo, que si bien es cierto han conseguido reducir sustancialmente el trabajo de los juzgados y Tribunales en materia de seguridad vial, no puede conducir a la impunidad de unas conductas que precisan que las víctimas recuperen el sentimiento de protección que les otorga la jurisdicción penal.

En el último semestre del año 2015, se produjeron e...

En el último semestre del año 2015, se produjeron en España un elenco importante de reformas legales de calado, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal Militar, el nuevo baremo de tráfico operado por la L 35/2015, la reforma del Código Penal -EDL 2015/156576-, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en lo que atañe a nuestro tema, la despenalización de las faltas.

La reforma del Código Penal, indicaba desde el preámbulo, que la supresión de las faltas y la regulación de los nuevos delitos leves, persiguen como hemos dicho el respeto al principio de intervención mínima y permiten también según la declaración de intenciones, aliviar la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los juzgados. Nuestras faltas datan de 1848 y su desaparición supuso una auténtica revolución para el ciudadano medio, que tradicionalmente acudía a la Justicia Penal, para solucionar no pocos conflictos de escasa entidad social y de relaciones incómodas, a través de las faltas.

Es sin duda en materia de juicios de tráfico, donde se produjeron las mayores innovaciones como veníamos anunciando, y así cualquier imprudencia leve resulta despenalizada derivándose al ámbito civil. La acción llevada a cabo por imprudencia menos grave fue delito leve en los resultados de los art.149 y 150 -EDL 1995/16398 -lesiones muy graves-, así como en caso de homicidio, y en el supuesto de infracción por imprudencia grave se consideran delitos menos graves las lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150, al igual que el homicidio del 142, a celebrarse mediante procedimiento abreviado, en lugar del juicio de faltas. Esta nueva regulación plantea en primer lugar dudas en torno a la subsistencia del Título 13 RD 8/2004 -EDL 2004/152063-. Se trata de una solución tradicional en el mundo de los asuntos de tráfico, y de la que no me resisto a indicar que se ha producido bastante abuso, llegándose incluso a incoarse el juicio de faltas con el único fin de obtener un informe forense, dado que se trata de un prueba judicial cualificada y absolutamente objetiva, para a posteriori, incluso por su archivo por sobreseimiento, poder incoar un procedimiento civil, partiendo eso sí del informe indicado del médico forense. Deberíamos plantearnos en primer lugar, si la denuncia va a ser el término equivalente a incoación de procedimiento penal, que es lo que el Real Decreto exige para el dictado del título, y la respuesta tiene que ser necesariamente que no, y que en caso de que sea fraudulenta o abusiva, debe rechazarse de plano. El título de ejecución del artículo 13, goza de ventajas indiscutibles, y es presumible que aumenten las diligencias preparatorias del art.14 RD 8/2004 -EDL 2004/152063 y las transacciones del artículo 17.

En materia de los juicios de tráfico, siempre me pareció preocupante la desaparición a priori del médico forense como perito especialista en la materia y que goza de absoluta imparcialidad. No es que se ponga en tela de juicio la bondad de los dictámenes privados, pero es ocioso recordar el prestigio y garantía del que gozan los médicos forenses en nuestros tribunales, y esa es en la práctica una de las grandes diferencias entre los antiguos juicios penales de tráfico y los actuales civiles, y en mi modesta opinión se ha salido perdiendo.

Con fecha 22 de julio del 2021, el grupo parlamentario socialista, presenta una proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, con objeto de modificar la reforma que se produjo por la LO 2/2019 de 1 marzo -EDL 2019/5576 cuya intención era dotar al sistema penal de una mayor seguridad jurídica para objetivar las conductas que constituyen acciones generadoras de riesgo de la imprudencia menos grave, y todo ello al socaire de la indefensión, que como estaba anunciada por la jurisprudencia, se llevó a cabo en las víctimas a través de la mencionada reforma de 2015. Para comprender la situación en la que nos encontramos, es imprescindible conocer el contenido de la sentencia 421/2020 de 22 de julio del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -EDJ 2020/617205-, sobre imprudencia en materia de tráfico. Dicha sentencia advirtió que el art.142.2 C.P y 152.2 CP -EDL 1995/16398-, tras la reforma del 2019 contempla un indicio conforme al cual la presencia de una grave infracción de tráfico, según la catalogación administrativa -artículo 76 LTSV-, empuja en principio al marco de la imprudencia menos grave, lo que no implica ni que no puedan existir otros casos de imprudencia menos grave, ni que siempre que se dé una infracción grave de tráfico, la imprudencia haya de ser calificada de menos grave, matizando así lo que se llegó a interpretar como una auténtica norma penal en blanco, que imponía al juzgador la imperiosa necesidad de calificar como imprudencia menos grave cualquier infracción de las previstas en el citado artículo 76 LTSV, pudiendo citar entre dichas circunstancias no atender a una señal de stop o ceda el paso adelantamientos indebidos no respetar la preferencia de paso o invadir el carril contrario, siempre y cuando vayan seguidas de un resultado típico.

La sentencia advierte, que pese al aparente tenor literal de la ley, &ldquoel Juez o Tribunal no queda convertido en esclavo de la catalogación administrativa. No estamos ante la resurrección de la imprudencia simple con infracción de reglamentos&rdquo coincidiendo con la tradicional jurisprudencia que advertía que las nociones de imprudencia grave o menos grave que se introdujeron en el año 2015 no pueden ser un concepto administrativo sino penal. Nos encontramos en suma ante la conclusión de que la presencia de una infracción grave supone una presunción de imprudencia menos grave en sentido penal, pero por supuesto una presunción iuris tantum, y puede ser contrarrestada por una motivación suficiente a veces basada en la evidencia, tendente a mostrar que esa imprudencia en esas concretas circunstancias y sus singulares características no alcanzasen rango intermedio y puede ubicarse razonablemente en la imprudencia leve, penalmente atípica, o lo que es lo mismo, que amén de la existencia de una infracción grave en sentido administrativo, el juzgador estará obligado a valorar la existencia de un claro desvalor de la acción, como ocurrió de facto en la STS 421/2020 y su calificación jurídica al analizar una maniobra de giro a la izquierda e invasión del carril contrario, maniobra que está considerada como imprudencia leve en un sinfín de sentencias de nuestras audiencias provinciales, contemplándose a sensu contrario en otras muchas, y en una materia tan casuística como la que nos ocupa, donde la división de criterios es evidente, hemos de felicitarnos de las posibilidades revisoras del recurso de casación, siendo deseable que nuestro alto Tribunal contribuya en lo sucesivo a aclarar tan polémicos conceptos.

Así las cosas, la proposición que nos ocupa advierte que la reforma del 2019 tampoco satisfizo la situación de facto en que se encuentran las imprudencias cometidas en nuestras carreteras, debiendo evitarse resquicios de ley que posibiliten el archivo de imprudencias menos graves cuando se produzcan lesiones o muertes a raíz de una infracción catalogada como grave en la Ley de Seguridad Vial, proponiéndose que si las lesiones son relevantes o se causa la muerte, si el sujeto causante ha cometido una infracción grave administrativa, el juez no pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito. Una apuesta harto confusa y compleja que en mi modesta opinión acabará teniendo una respuesta semejante a la que el Pleno del Tribunal Supremo materializó en la citada sentencia 421/2020, pero no parece lógico que ante la comisión de una infracción grave, los jueces estén obligados a llevar a cabo un interpretación automática del Código Penal en función de la legislación administrativa.

En efecto, han sido muy numerosas las reformas de los delitos contra la...

En efecto, han sido muy numerosas las reformas de los delitos contra la seguridad vial que se tipifican en el Capítulo IV del Título XVII del Libro II del Código Penal desde que por LO 15/2007 de 30 noviembre -EDL 2007/205685 se modificara la rúbrica del mismo que anteriormente era &ldquoDe los delitos contra la seguridad del tráfico&rdquo. Y con ello no solo me refiero a la reforma de los delitos que llevan técnicamente este nomen iuris y se recogen en el citado Título, sino más en general de aquellos delitos cometidos utilizando un vehículo a motor o ciclomotor.

La reforma operada mediante LO 1/2015 de 30 marzo -EDL 2015/32370 que despenalizó la faltas y en la materia que nos ocupa remitió la imprudencia leve a la jurisdicción civil, de modo que según decía su Exposición de Motivos &ldquoSe recoge así una modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá reconocer supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los art.1902 y siguientes CC -EDL 1889/1-, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad&rdquo.

En segundo lugar, la reforma operada por LO 2/2019 de 1 marzo -EDL 2019/5576 que supuso básicamente la introducción de tres supuestos considerados de imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave, el aumento de la punición de este tipo de conductas y la introducción del delito de abandono del lugar del accidente.

Esta reforma respondía, según su preámbulo, a la demanda social debida al incremento de accidentes en los que eran víctimas peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, demostrando con ello el legislador su tendencia pendular, podríamos decir, puesto que ciertas conductas, las causadas por imprudencia leve habían quedado despenalizadas, siendo derivadas a la jurisdicción civil.

De modo que esta reforma lo que supuso, en principio, fue reconducir a la jurisdicción penal la práctica totalidad de los accidentes de circulación con víctimas puesto que los art.142.2 y 152.2 CP -EDL 1995/16398 tipifican la imprudencia menos grave considerando tal la imprudencia, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.

Lo que determinó una labor de integración a los supuestos recogidos en el art.76 RDL 6/2015 de 30 octubre -EDL 2015/188103 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dice dicho artículo:

&ldquoSon infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas a:

a No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV.

b Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras

c Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

d Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

e Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.

f Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción.

g Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

h No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.

i Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.

j No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.

k No respetar la luz roja de un semáforo.

l No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.

ll Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.

m Conducción negligente.

n Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.

ñ No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

o Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.

p Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

q No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.

r Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.

s Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.

t Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.

u La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

v Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.

w Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas, salvo que puedan calificarse como infracciones muy graves.

x Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.

y No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.

z Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido&rdquo. Principio del formulario

Sobre las citadas infracciones graves de la Ley de Tráfico hemos de decir que nos encontramos ante infracciones administrativas y que las mismas constituyen, en todo caso, una presunción ex lege de una conducción imprudente por imprudencia menos grave debiendo valorar o apreciar la entidad de la misma el Juez o Tribunal. Es evidente que la imprudencia menos grave es un concepto intermedio entre la imprudencia grave y la imprudencia leve, pudiendo &ldquonutrirse&rdquo de comportamientos imprudentes limítrofes de aquella y de ésta. Y así podemos afirmar que el elenco de infracciones graves que se recoge en el citado artículo, como ya decíamos, permite llevar a la jurisdicción penal la práctica totalidad de los accidentes de tráfico con víctimas a tenor de las infracciones recogidas en el anterior artículo, si bien tratándose de una presunción y como quiera que ha de ser el Juez o Tribunal el que valore y aprecie la entidad de la imprudencia o negligencia habrá de estarse al caso concreto. De no ser así se estaría produciendo una excesiva administrativización del Derecho Penal, y digo excesiva porque la consideración de una infracción como menos grave cuando el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas de tráfico en cuanto que nos remite al mencionado art. 76 de la Ley de Tráfico es ya una manifestación del fenómeno expansivo, por decirlo así, del Derecho Penal.

Veámoslo con un ejemplo. Si nos detenemos en la infracción recogida en la letra m-, esto es, la conducción negligente, no podemos desconocer que nos encontramos ante un concepto indeterminado. Parece lógico pensar que ha de tratarse de una conducción negligente no teniendo la negligencia cometida cabida en las restantes letras y como quiera que ha de ser el Juez o Tribunal el que valore y aprecie la entidad de la imprudencia o negligencia, la apreciación de la entidad de la misma por el Juez o Tribunal debe llevar a considerar que esa conducción negligente ha de colmar las exigencias de una imprudencia menos grave que necesariamente ha de excluir las conductas constitutivas de una imprudencia leve -aquellas que no sean &ldquolimítrofes&rdquo-, ahora despenalizada, lo cual constituye una correcta técnica legislativa por cuanto que como señalaba la Exposición de Motivos de la reforma operada por LO 1/2015 -EDL 2015/32370 no puede olvidarse nunca el principio de intervención mínima, principio que, a mi juicio, ha de informar la labor del legislador.

Y ha de ser el Juez o Tribunal el que aprecia la entidad de la imprudencia o negligencia en el caso concreto toda vez que al Derecho Penal lo que le importa es el comportamiento individual del sujeto activo que con una conducción imprudente ha ocasionado o puede ocasionar un resultado lesivo para la vida o la integridad física. Esto no significa un desconocimiento de la seguridad vial como bien jurídico protegido colectivo, que lo es, sino al contrario, significa la consideración de dicho bien jurídico como medio para la protección de bienes jurídicos individuales por lo que tipificar conductas que solo conlleven un peligro para el bien jurídico colectivo es rechazable en cuanto que es un adelantamiento excesivo de la intervención penal.

En conclusión, no parece necesaria una reforma de estos delitos desde el momento en que la protección penal de las conductas imprudentes que ocasionan un resultado lesivo para la vida o la integridad física es suficiente en la actual regulación desde los principios informadores del Derecho Penal, como se ha analizado, si bien, tal y como se contempla en la actualidad el Juez o Tribunal ha de valorar la entidad de la imprudencia.