Se trata de su primera intervención en esta nueva Comisión, que se constituyó formalmente el 20 de septiembre, después de que el Ministerio de Hacienda asumiera las competencias de Función Pública.
Montero, en su comparecencia, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con unas Administraciones Públicas modernas, de calidad, adaptadas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y capaces de afrontar los retos futuros. "La modernización de las Administraciones Públicas es un elemento fundamental para su legitimación social", ha defendido.
La ministra ha reivindicado el papel clave de lo público dentro del "contrato social" del que se ha dotado la sociedad "para redistribuir la riqueza y eliminar inequidades", además de como impulsor del dinamismo económico, de la innovación, de la investigación y de la capacitación del capital humano que luego se traslada a la economía en su conjunto.
"Miremos donde miremos, las Administraciones Públicas son la clave de bóveda de nuestro modelo de convivencia, de nuestro bienestar social y de nuestro progreso económico", ha insistido Montero, quien también ha recordado "cuando en lo peor de la pandemia todo el país se confinó y sólo los sectores esenciales y las Administraciones Públicas estuvieron trabajando sin descanso", además de su irreemplazable papel en acontecimientos de toda índole, como la erupción del volcán en La Palma, las inundaciones en Andalucía, Extremadura y Baleares o los miles de incendios registrados el pasado verano.
Objetivo específico: reducir la temporalidad por debajo del 8%
La ministra ha explicado los objetivos específicos de su departamento en el ámbito de la Función Pública. En primer lugar, ha ratificado el compromiso del Gobierno con el empleo estable y de calidad: "Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las OEP (ofertas de empleo público) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022", ha afirmado.
Montero ha recordado que el objetivo del Gobierno es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones. Se trata de una exigencia que sólo cumple la Administración General del Estado (7,04%), frente a las cifras mucho más elevadas de otras administraciones territoriales, que elevan la media estatal hasta el 30%, una temporalidad que está por encima de la del sector privado (23,6%).
"No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal", ha recalcado la ministra. En este sentido, se ha referido al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. Acto seguido, Montero ha calificado de "razonable" y ha señalado que va "en línea con las disposiciones judiciales" el acuerdo que diferentes formaciones políticas alcanzaron hace unos días según el que se estabilizarán las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como aquellas ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años en la Administración.
La ministra ha hecho responsables de las altas tasas de temporalidad existentes en la Administración a la crisis económica de 2008 y a las políticas de austeridad de los Gobiernos de la derecha. Éstos, ha afirmado, suprimieron las ofertas de empleo público y no cubrieron las plazas que quedaban vacantes. La titular de Hacienda y Función Pública ha recordado que la tasa de reposición entre 2012 y 2015 fue del 0%, salvo para los sectores prioritarios, en los que como mucho alcanzó el 10%.
Como contraste, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 elevaron la tasa de reposición general hasta el 100%, para situarse en el 110% y en el 115% en determinados sectores y circunstancias. Y en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluye una tasa de reposición del 110% como tasa general, del 120% para sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia) y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.
A ello hay que añadir que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio una Oferta de Empleo récord para la Administración General del Estado (AGE) con 23.491 plazas, que se suman a los 1.920 nuevos empleos para las Fuerzas Armadas y los 5.034 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ello hace un total de 30.445 plazas, cifra inédita, como ha resaltado la ministra.
En total, en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, la oferta de empleo público ha ascendido a las 109.718 plazas, cantidad un 73% superior a la registrada entre 2012 y 2017.
María Jesús Montero ha anticipado que la entrada en vigor del Real Decreto de interinos llevará a una eliminación de facto de la tasa de reposición: la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.
La ministra también ha apuntado la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas: el 66% de los empleados de la AGE tienen más de 50 años, lo que supone que entre 2021 y 2023, casi el 57% de la plantilla estará jubilada. "Necesitamos, pues, rejuvenecer las plantillas públicas, y para ello tenemos que conseguir que trabajar para la Administración Pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Necesitamos captar talento", ha explicado Montero.
A este respecto, la ministra se ha referido al Plan de Captación de Talento que se aprobó en abril con dos objetivos: dar a conocer la AGE y la variedad de puestos que ofrece y captar talento, fundamentalmente digital y de perfiles especializados en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Como medidas contempladas en este Plan además se cuentan el análisis de los nuevos perfiles profesionales de la Administración del siglo XXI o la elaboración de un documento de orientaciones para el cambio de los procesos selectivos en la AGE.
También en materia de formación, la ministra ha destacado el papel del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) tanto como centro de referencia en materia de selección de empleo como de formación y aprendizaje continuo de los empleados y las empleadas públicas.
Ley de Función Pública y Real Decreto sobre teletrabajo
El cumplimiento de estos objetivos (la construcción de un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz e incentivado) tomará forma con la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de la Administración General del Estado a lo largo del año 2022, para completar el marco normativo del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (EBEP).
La ministra ha detallado que esta norma desarrollará el EBEP en torno a cuatro ejes: la revitalización de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos; la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso, así como la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos; el establecimiento de garantías básicas de la carrera profesional, vertical y horizontal, y de la formación; y el desarrollo de la figura del directivo público profesional.
Esta Ley también tendrá como principio inspirador el de la igualdad de género y el fomento de la diversidad, con medidas tales como la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de selección; el incentivo de la promoción interna en cuerpos y escalas en los que haya infrarrepresentación femenina; y actuaciones para que cada vez más mujeres ocupen puestos de responsabilidad.
La ministra ha anunciado que, en el ámbito de MUFACE, a partir de este mes, se incorporará a la cartera de servicios la reproducción asistida a mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales, incluyendo igualmente a personas trans con capacidad de gestar.
Del mismo modo, ha señalado que apuesta por la flexibilidad y la conciliación en el trabajo en la Administración. Así, Montero ha avanzado la aprobación del Real Decreto que regulará el teletrabajo en la AGE para que esta modalidad laboral se implante a partir de enero de 2022, de tal manera que sea compatible la garantía de prestación de los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral, con la conciliación y la apuesta por el territorio interior.
Evaluación y transparencia
"Una auténtica modernización de la Administración Pública no se puede entender si no incluye la evaluación de sus políticas", ha asegurado Montero. De esta manera, ha explicado que en 2022 se aprobará la Ley de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas y ha anunciado también que en 2023 se creará un nuevo organismo encargado de realizar la valoración de las medidas que adopten los gobiernos.
En el ámbito de la transparencia, Montero ha señalado que el compromiso del Gobierno con esta materia se muestra, por ejemplo, es que el 92% de las solicitudes de información cursadas en 2020 a través del Portal de Transparencia fueron respondidas a satisfacción. Además, la ministra ha anticipado que su departamento trabaja en la consolidación del Portal de Transparencia como una herramienta a disposición de la ciudadanía a través del Plan de Refuerzo y Mejora de la Transparencia.
También se ha referido al IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, que se está implementando y que recoge el compromiso de acometer una reforma del marco regulatorio de la transparencia, que incluirá, entre otras medidas, una propuesta de reforma de la Ley 19/2013 de Transparencia.
El departamento que dirige Montero trabaja asimismo en una propuesta de modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Y ha recordado la voluntad de crear un registro de grupos de interés obligatorio en el ámbito de la AGE. Estas dos iniciativas se han sometido ya a consulta pública y ambos anteproyectos están muy avanzados.
El compromiso del Gobierno con estas materias se refleja en el incremento del 25,86% en el presupuesto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que recogen los PGE para 2022.
Administraciones Públicas y Plan de Recuperación
La ministra también ha hecho referencia al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es la modernización de la administración pública. Montero ha enumerado sus ejes fundamentales, entre los que destacan el avance en la transformación digital de la Administración; el progreso en la transición energética, incluyendo medidas para el ahorro, la eficiencia, el uso de renovables y la movilidad sostenible; o la mejora de la gestión administrativa y financiera, el refuerzo de la contratación pública y la propia ejecución y gobernanza del Plan de Recuperación.
El cumplimiento de estos objetivos va a requerir una inversión estimada de 4.315 millones de euros, "una cantidad sin precedentes y que sin duda va a suponer un antes y un después en el desempeño de las Administraciones Públicas en este país", en palabras de la ministra.
Montero ha defendido estas inversiones para la modernización de la Administración: "Sólo si el sector público es capaz de atender las necesidades y expectativas de una clase media y trabajadora que sufraga con sus impuestos el Estado del Bienestar, éstos tendrán posibilidad de ser sostenibles en el tiempo". "Sólo si logramos una Administración más fuerte y proactiva, que incorpore derechos y servicios de nueva generación, que rinda cuentas de forma más transparente, y que facilite la participación de la ciudadanía en el diseño de esos servicios, podrá mantener en el tiempo el reconocimiento y el aprecio de la sociedad", ha insistido la ministra de Hacienda y Función Pública.
