Jornada de actualización para DPOs: casos prácticos

La protección de datos en las elecciones europeas, a debate

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La publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional -cuyo Pleno ha declarado por unanimidad contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Electoral General, que permite a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos- ha sido protagonista en la inauguración de la jornada para Delegados de Protección de Datos (DPOs), organizada por Lefebvre, en colaboración del Consejo General del Notariado.

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La  jornada de actualización para Delegados de Protección de Datos (DPOs), se celebraba en Madrid en la sede del Consejo General del Notariado. Durante el debate político, María Jesús Moro, del PP; Mónica Silvana, del PSOE, y Ugo López, por parte de Ciudadanos, han analizado el primer año de la aplicación efectiva del RGPD y los retos que se plantean a futuro, sobre todo de cara a las próximas elecciones europeas de este domingo.

La representante del PSOE ha querido reafirmar el compromiso de su partido “con la protección de datos de los ciudadanos” y su preocupación “por cómo se regula el acceso a la información y el avance de las fake news, que partidos extremistas y euroescépticos utilizan para influir en la opinión de los ciudadanos. Queremos proteger a Europa para que Europa proteja a sus ciudadanos”.

Salto cualitativo con el RGPD

Preocupación que comparte la representante del PP, que ve en el auge de estos partidos “una amenaza para conseguir una Europa fuerte, que pueda ofrecer una garantía a los ciudadanos en la protección de sus derechos y la cultura de la privacidad, frente a la liberalidad y la búsqueda del rédito económico ante todo de otras potencias”.

Para María Jesús Moro, “con la entrada en vigor de la RGPD se ha producido un salto cualitativo en la protección de datos, pasando de la cultura de las directivas a la de los reglamentos, tan importante para poder enfrentarnos a los retos de legislar en el mundo digital y mantener un equilibrio entre el progreso y la protección de los derechos individuales y los fundamentales”.

Según el representante de Ciudadanosdebemos proteger nuestros derechos como ciudadanos. Como ciudadano europeo me encuentro día a día en esta paradoja, soy un proveedor inconsciente de datos personales que no quiere que sus derechos se vulneren en esta nueva economía. Tenemos que hacer frente a esta responsabilidad desde el punto de vista regulador pero también personal y cultural”.

Por su parte, Ugo López, coordinador en España de En Marche!, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron afirmaba que´“uno de los debates importantes para abordar, es que la mayor parte de las compañías que manejan nuestros datos no son europeas ni los servidores están en Europa. Esto  supone un tremendo problema estratégico para Europa. No es que las empresas europeas sean mejores o hagan un mejor uso de nuestros datos, pero si están bajo una regulación, por eso completar el mercado digital europeo es fundamental. Así como la necesidad de imponer a los gigantes digitales conocer cómo usan sus algoritmos, pues no sabemos para qué los usan y, sobre todo, con qué objetivo”.

"Nunca hemos hecho spam ni listas negras"

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, que algunos sectores han calificado como una importante victoria de la sociedad civil contra la vigilancia de las opiniones políticas en Internet, Mónica Silvana ha afirmado que la intención de su partido con la enmienda “nunca fue liberalizar, sino proteger. Por eso hemos nombrado un Delegado de Protección de datos y nunca hemos hecho spam ni listas negras, ni antes ni después de la ley”.

Tanto la representante del PSOE como la del PP han coincidido en que sus partidos valorarán la sentencia cuando puedan analizarla, aunque María Jesús Moro ha querido señalar su “satisfacción por la existencia de un Tribunal Constitucional y un Defensor del Pueblo en este país, además de la sociedad civil, que garanticen nuestros derechos”. Satisfacción que comparte Ugo López, que considera la sentencia “una demostración más de que España es un gran Estado de derecho”.