Durante el XXXI Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, que se ha celebrado en Vigo, Álvarez ha señalado que en ninguno de los años comprendidos en el periodo 2015-2021 las entradas en domicilio han superado el 2,5% de las actuaciones de alcance general.
Así, ha defendido que para estos casos "excepcionales" la Administración tiene la obligación de justificar la entrada a un domicilio tras detectar indicios "serios" de fraude fiscal.
Álvarez ha señalado que en el 97% de casos en este tipo de actuación se accede a domicilios de persona jurídica, mientras que el resto (3%) son domicilios de personas físicas que comparten vida profesional y privada.
Como consecuencia de las inspecciones, entre los ejercicios 2012 a 2018, a los contribuyentes a los que se practicó una entrada en el domicilio elevaron sus ingresos fiscales en ejercicios posteriores a la entrada en un 67%, frente al 20% de contribuyentes de otros procedimientos. Además, ha apuntado que dos tercios de las actuaciones acaban aflorando una deuda superior a 100.000 euros.
De acuerdo con la Agencia Tributaria, el 84% de las actuaciones con entrada en domicilio acaban con actas con acuerdo o de conformidad en las que no hay litigiosidad, mientras que el resto termina en disconformidad o delito contra la Hacienda Pública.
