El número de sentencias dictadas en el segundo trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 17.485, lo que representa un incremento del 28,8 por ciento respecto a las 13.578 notificadas en el primer trimestre de 2018.
Estos Juzgados, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
En total, y desde su puesta en marcha, estos órganos judiciales han dictado 40.839 sentencias, de las que 39.297 –el 97,3 por ciento- han sido favorables a los clientes. En el segundo trimestre del año, el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 96,9 por ciento.
Ese porcentaje fue superior al 90 por ciento en las diecisiete Comunidades Autónomas, pero en Aragón, Canarias, Cataluña y Navarra se elevó por encima del 99 por ciento.
Sentencias dictadas por los Juzgados especializados*
El número de asuntos resueltos se incrementa un 31 por ciento
Los asuntos que entran en los Juzgados especializados también pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes. De este modo, la cifra de asuntos resueltos en el segundo trimestre del año –por sentencia, auto final o decreto- ascendió a 22.294, un 31 por ciento más que en los tres primeros meses de 2018.
Asuntos ingresados y resueltos (por Comunidades Autónomas)
El aumento del número de asuntos resueltos volvió a coincidir entre los pasados 1 de abril y 30 de junio con la disminución de asuntos ingresados, que en ese periodo fueron 49.436, un 17,3 por ciento menos que en el trimestre anterior.
La tasa de resolución supera el 45 % en el segundo trimestre
El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel nacional en el segundo trimestre del año haya alcanzado el 45,1 %, frente al 28,5 % del trimestre anterior y el 13,4 % del último de 2017.
Esa tasa –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial.
Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que en el segundo trimestre de 2018 la tasa de resolución fue igual o superior al 50 por ciento en diez de las diecisiete Comunidades Autónomas, destacando la de La Rioja (136,4 %), Asturias (86,6 %), Castilla y León (78,5 %) y Navarra (72,3 %). También están en este grupo Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y el País Vasco.
Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia. La comunidad andaluza es la que tuvo la tasa de resolución más baja de todo el territorio nacional en el segundo trimestre del año: un 25,3 por ciento.
