Es interesante el Informe Anual sobre Imposición 2024, de la Comisión Europea (Annual Report on Taxation 2024, Directorate-General for Taxation and Customs Union, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024) sobre todo por las claves que suministra acerca de los cambios estructurales económicos y sociales que, a largo plazo, van a influir o influyen ya en los sistemas de imposición.
Pero, previamente, hay que observar que el repertorio de datos e información que contiene es apabullante y muy orientador para la compresión de la presente situación. Hay que tener en cuenta que el Informe analiza, con perspectiva muy completa, las consecuencias de la crisis desatada por la pandemia Covid.
Así, se constata que en 2022 la presión fiscal en la UE, incluyendo las contribuciones sociales se situaba en el 40.2% del PIB, en los niveles pre-pandémicos más o menos (España en el 37,7%) y que las cargas fiscales sobre el trabajo constituyen todavía más de la mitad de los ingresos tributarios en la UE, lo que mira más al pasado que al futuro.
Es también nota característica de la situación europea la limitada convergencia entre los Estados Miembros, con diferencias significativas de presión fiscal entre ellos (del 20,9% en Irlanda al 46.2 % en Francia). No obstante, puede decirse que las Cotizaciones Sociales son la mayor fuente de ingresos en la mayoría de los Estados (32% del total de ingresos en los 27 Estados Miembros) y que el Impuesto sobre la Renta es la otra fuente de ingresos más significativa (23,9 %), como figura complementaria o alternativa a las cotizaciones sociales. El IVA ocupa la tercera posición como recurso más significativo (18,6%) y el Impuesto sobre Sociedades la cuarta (8,1 %), aunque contra lo que pudiera pensarse, es una fuente de ingresos muy significativa en Irlanda (21,5%), Chipre (18,1%) o Malta (14,9%), pero que en España se queda en el 3% aproximadamente.
Los últimos años, dominados por los efectos de la pandemia y de las crisis geopolíticas, se han caracterizado por el mantenimiento en general de los niveles de presión fiscal y de la composición del sistema tributario con preferencia por la adopción de medidas temporales para mitigar los efectos económicos de las sucesivas crisis, principalmente la inflación.
Varios estados Miembros han aprobado reducciones temporales de algunos tipos de IVA para animar el consumo y el crecimiento en un contexto de alta inflación. Luxemburgo, por ejemplo, redujo de forma general en 2023 su tipo de IVA un punto porcentual.
En el ámbito de la imposición societaria los Estados han desarrollado medidas en apoyo de la inversión y el empleo recurriendo a la compensación de perdidas, créditos fiscales por I+D, reducciones selectivas de tipos, amortización acelerada o incentivos por inversión.
Muchos Estados Miembros ajustaron sus impuestos sobre la renta a las consecuencias de la inflación mediante ajustes automáticos ya previstos (Austria), o actuando selectivamente sobre los tramos de la tarifa y/o las reducciones o deducciones personales y familiares, tratando de compensar, entre otros, los incrementos del precio de la energía. Anotamos el retroceso parcial en el régimen fiscal de atracción de no residentes personas físicas en dos países líderes en la materia como Portugal y Holanda.
El sistema fiscal tendrá que enfrentarse y adaptarse a cambios económicos y sociales de gran importancia como el envejecimiento de la población, la digitalización y la difusión de la inteligencia artificial (IA), nuevas formas de trabajo, el deterioro medioambiental por el cambio climático o los cambios de los procesos de comercialización globales de bienes y mercancías.
El envejecimiento, por ejemplo, reducirá ingresos fiscales en el impuesto sobre la renta, al mismo tiempo que provocará un crecimiento del coste de las pensiones y gastos de sanidad y asistencia social, limitando las disponibilidades públicas para la transición verde y la digital.
La inteligencia artificial puede incrementar la importancia relativa del capital (menos gravado en general) respecto de las rentas del trabajo (gravado más intensamente en la mayoría de las jurisdicciones), alterando el actual equilibrio recaudatorio. En otro sentido, contribuirá eficientemente a mejorar la capacidad de recaudación y control de las Administraciones tributarias.
La ESTRATEGIA DE IA de la AEAT de 27 de mayo de 2024, es buena muestra de la apuesta decidida de las Administraciones tributarias por “…la incorporación de la IA como factor de mejora de la productividad y la eficacia en la administración pública, así como en el funcionamiento de los servicios públicos y las “interfaces” de relación con las empresas y los ciudadanos”.
La digitalización del mercado de trabajo y el incremento de la movilidad laboral a través de distintas jurisdicciones fiscales puede tener un impacto fiscal significativo en orden a la toma de decisiones sobre pago de impuestos.
La imposición sobre las actividades con impacto negativo en el medio ambiente, juega un papel relevante en las políticas medioambientales determinadas por el cambio climático y la contaminación. El problema es su potencial influencia en la competitividad de las empresas en los mercados globales, lo que puede explicar las diferencias existentes actualmente entre los Estados miembros y su relativa pérdida de importancia en la última década.
Así las cosas, lo que cabe esperar en el futuro inmediato de las diferentes categorías de impuestos, puede ir en la siguiente dirección:
El Impuesto sobre la Renta tendrá que reinventarse para asimilar los efectos recaudatorios del envejecimiento de la población y la disminución subsiguiente de su capacidad redistributiva, lo que puede operar en dirección a la imposición sobre el consumo y el capital. Incrementos de cotizaciones sociales o impuestos al trabajo pueden convertirse en desincentivos económicamente indeseables al empleo.
La situación jugará a favor de la imposición sobre la riqueza neta, no solo en su formulación de Impuesto sobre el patrimonio, sino también como gravamen de las transmisiones inter vivos o mortis causa de toda clase de activos. Tanto más cuando se constata un declive general de estos gravámenes en los últimos años y sus consecuencias para la progresividad del sistema y la desigualdad social.
El Informe (Blueprint) de ZUCMAN para la Presidencia Brasileña del G20 de Junio pasado, que propone un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio de los grandes millonarios, es buena muestra de este renovado interés político por los Impuestos sobre la riqueza individual, presente también en los programas de la última campaña electoral francesa. En un reciente artículo en EL PAÍS insiste ZUCMAN en su propuesta, pero es consciente de que no hubo consenso político para incluirla en el texto final de la Declaración de Río.
Dado lo anterior, es de esperar que el Impuesto sobre Sociedades mantenga su posición en el conjunto de los recursos tributarios, sobre todo por la incorporación del sistema de gravamen mínimo del 15% de las grandes corporaciones, conocido como Pillar 2, en fase de implantación en los Estados de la Unión Europea.
La aportación del IVA se espera más por el lado de la reducción del fraude que por el incremento de tipos, estabilizados en media de la Unión Europea en torno al 21.5%. No obstante, tipos reducidos o exenciones ofrecen un campo revisable en pro de la simplificación y de una mejora alternativa de ingresos.
La imposición medioambiental y los impuestos especiales relacionados con la salud, están llamados a jugar un papel más significativo, a pesar de que actualmente, salvo excepciones, no pasa de ser simbólico, si exceptuamos los tributos tradicionales sobre alcohol y tabaco.
La idea fija transversal de todo el Informe es la importancia de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la capacidad de actuación de las administraciones tributarias y el cumplimiento fiscal voluntario, generando un sustancial incremento de la recaudación, tanto en el IVA , en el que los sistemas de información digitalizados que se van implantando ponen de manifiesto mejoras de cumplimiento sustanciales año a año, como en el ámbito de las actividades económicas individuales menos controlables, cuyos rendimientos no declarados se estiman en un rango del 10% al 30%. (España en torno al 15%).
Por tanto, frente a la continuidad de las estructuras y el mantenimiento de los conceptos tributarios consolidados en el Siglo XX, hay que esperar en el XXI transformaciones importantes en la forma de hacer de las Administraciones tributarias, como consecuencia de la incorporación de las tecnologías de la era digital y el desarrollo de fórmulas de cooperación internacional mucho más fluidas y efectivas contra el fraude y la evasión fiscal. La Comisión Europea, a través del TSI (Tecnical Support Instrument) apoya precisamente los esfuerzos de los Estados miembros para fortalecer las capacidades de la Administración tributaria, mejorar el cumplimiento fiscal y aduanero, perfeccionar los sistemas fiscales y combatir la planificación fiscal agresiva, el fraude y la evasión. La diferencia consiste en la sofisticación del nuevo instrumental que se pone a su servicio, que, como en el caso de la guerra o de la medicina, altera sustancialmente el paradigma convencional, en este caso de la generación de ingresos públicos de carácter tributario.
De todas maneras están por ver las consecuencias fiscales de las recientes elecciones en Inglaterra, Francia y al Parlamento europeo, que terminarán influyendo en la política fiscal nacional e internacional, lo mismo que una eventual reelección de D. TRUMP como Presidente de los Estados Unidos. Las propuestas iniciales de la candidata demócrata -desgravaciones fiscales por hijos y vivienda- son de ámbito nacional y afectan principalmente al impuesto sobre la renta.
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