Las 19.608 demandas registradas en total en los órganos judiciales han supuesto un incremento interanual del del 0,5 por ciento, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
En el periodo analizado, las demandas de divorcio de mutuo acuerdo (11.303) disminuyeron un 0,2 por ciento, mientras que los divorcios no consensuados (7.522) aumentaron un 1,5 % con respecto al año pasado. Por lo que respecta a las demandas de separación, las no consensuadas (224) se redujeron un 6,3 % y las consensuadas (545) aumentaron un 6,7 por ciento.
El número de demandas de nulidad, 14, fue un 17,6 por ciento inferior a las que se presentaron durante el tercer trimestre de 2022.
Si se pone en relación el número total de demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2023 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 51,8; Comunidad Valenciana, con 49,2; La Rioja, con 47,5; Murcia, con 44,8; Castilla-La Mancha, con 43,6; Andalucía, con 43,5; y Baleares, con 42,8. En todos estos territorios, la tasa supera la media nacional, que se situó en 40,9 demandas por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en el País Vasco, con 33,2; Castilla y León, con 33,9; Madrid, con 34,5; y Navarra, con 35,3.
Los órganos judiciales recibieron un total de 4.664 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que aumentaron un 5 % respecto a las presentadas hace un año. Las no consensuadas, 5.724, aumentaron un 4,3 por ciento.
Por su parte, las modificaciones de medidas consensuadas, 2.699, experimentaron un incremento interanual del 7,4 por ciento y las no consensuadas, 6.542, del 2,5 por ciento.
