La medida afectará a la práctica totalidad de los 3,2 millones de autónomos y las casi 220.000 microempresas que facturan menos de 600.000 euros anuales, lo que, según los cálculos del Gobierno, tendrá un impacto de 3.558 millones de euros.
Los técnicos consideran que la ampliación de los plazos, una medida que ya solicitaron a finales del mes pasado, ayudará a muchos autónomos y microempresas a cumplir "correctamente" sus obligaciones fiscales, más allá de las complejidades asociadas a la crisis económica que está ocasionando el confinamiento de la población para hacer frente a la propagación del coronavirus.
Sin embargo, la ampliación de los plazos no afectará a casi 200.000 pequeñas empresas que facturan entre 600.000 y los 6 millones de euros anuales, las cuales tendrán que presentar sus declaraciones trimestrales dentro de los plazos establecidos del 20 de abril o del 30 de abril si están inscritos en el Registro de devolución mensual o forman parte de un grupo empresarial.
Asimismo, opinan que el impacto económico será "relativo", porque el aplazamiento tampoco afecta a las obligaciones tributarias de las grandes empresas, cuyos plazos finalizan entre los días 20 para los pagos fraccionados o impuestos como los que recaen sobre las primas de seguros, los especiales de fabricación, la electricidad, el carbón u otros medioambientales y el 30 de abril para el IVA.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, la medida es "positiva", si bien espera en los próximos Consejos de Ministros sea complementada con la posibilidad de renunciar al sistema de módulos para tributar por el de estimación directa simplificada y otras modificaciones en el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación está un 47% por debajo de 2007, particularmente para evitar la elusión de las conglomerados empresariales y multinacionales.
"Las armas fiscales resultarán determinantes para luchar contra los efectos económicos que la crisis del coronavirus tendrá en el tejido social y empresarial", ha añadido.
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