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Entrevista

Luis Cayo Pérez Bueno: "En 2019 todas las personas con discapacidad han podido votar en España tras 40 años de régimen democrático en que este derecho fundamental no era universal"

Entrevista
Luis Cayo Pérez Bueno

Entrevistamos al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Hoy, 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entrevistamos a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.

- En menos de un mes finalizará 2019 y queríamos saber ¿qué valoración hace de este año respecto al derecho de las personas con discapacidad? ¿En qué se ha avanzado?

Por la situación política de inestabilidad, el año ha sido perdido en cuanto a avances normativos, dada la paralización y precariedad de las Instituciones (Gobierno en funciones, disolución del Paramento, elecciones sucesivas, etc.). No obstante, ha sido el año en que se produjo, hasta 4 veces, el hecho histórico de que todas, señalo todas, las personas con discapacidad pudieran votar en España, tras 40 años de régimen democrático en que este derecho fundamental no era universal. Se excluía, se discriminaba por razón de discapacidad. Y la práctica democrática de votar todas las personas con discapacidad ha sido un éxito rotundo; quiero quedarme con eso. Además, al menos desde el movimiento social de la discapacidad, no ha sido tiempo perdido; otros no hacen sus deberes, pero el sector sí. Hemos estado preparando a conciencia el arsenal de iniciativas y proyectos que han de acometerse nada más haya Legislatura y Gobierno.

- Relacionado con la pregunta anterior, ¿cuál es el principal reto del 2020?

Recuperada, esperemos, la estabilidad institucional, lo crucial es retomar los transcendentales proyectos que han quedado varados por las vicisitudes políticas. Nuestro propósito primordial es alinear la legislación y las políticas públicas con el marco de valores, mandatos y prescripciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que nuestra acción pública en materia de discapacidad se atenga estrictamente a una visión de derechos humanos. Recuérdese que está pendiente nada menos que una reforma constitucional, la del artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad, que sería la primera modificación con rostro social de nuestro Texto Fundamental en todo su periodo de vigencia. Asimismo, tenemos la reforma –de enorme alcance- de todo el Derecho privado español (Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, etc.) para acompasarlo al artículo 12 del Tratado internacional de la discapacidad aludido antes, que está solo a falta de entrar en las Cortes para su tramitación parlamentaria. No falta tarea.

- Respecto a Europa y al resto del mundo, ¿somos un país que tenga en cuenta las políticas de prevención de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad?

Todavía muy tímidamente, y todo gracias a la presión del movimiento asociativo representado por CERMI y CERMI Mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas es más que la violencia directa, que encima es superior en número e intensidad que en el resto de mujeres; hay violencia estructural, institucionalizada, y en la que apenas se repara. La esterilización forzosa de las mujeres incapacitadas judicialmente, que aún permite nuestro Código Penal, es una aberración que se acepta sin mayores escrúpulos. Urge suprimirla del Texto penal. Otras violencias socavan la inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad, como modos de vida forzados en estructuras separadas como las residencias, muros tras los cuales la exposición a violaciones de derechos es mayor, menos visible y más silente. Nuestra legislación está lejos de ser óptima y de responder con acierto a los mayores requerimientos de protección eficaz, por su mayor peligro de resultar víctimas, que precisan las mujeres y niñas con discapacidad.

- El 28 de abril fueron las primeras elecciones en las que pudieron votar todas las personas con discapacidad, desde CERMI, ¿cómo valoran este paso? ¿Cómo ha sido el proceso para poder obtener este derecho?

Ha sido un hito en nuestra historia como personas con discapacidad organizadas, ha sido un progreso moral y político y legal que ha mejorado nuestra democracia, que estaba en deuda, y nuestra vida en comunidad. La discapacidad, como tantas veces, ha enaltecido al país. No nos han hecho un favor, se lo hemos hecho nosotros a España. Ha sido un logro de la sociedad civil, del tejido social anudado en torno a la discapacidad, pilotado por el CERMI, que se ha “impuesto” al Legislador, al Estado, a las fuerzas políticas, siempre renuentes y tardas en reconocer legalmente la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad. Hubo que vencer muchas resistencia, confesadas y en reserva (mental). Persuadir, captar adhesiones, que se asumiera el objetivo de reformar la Ley Electoral, finalmente conseguido y por unanimidad, algo insólito en estos tiempos convulsos. La discapacidad ha sido un factor cohesivo y de mejora de país.

- ¿Qué deficiencias existen hoy en día en el sistema para el acceso a la vivienda por parte de este colectivo?

La vivienda digna es hoy un derecho devastado si lo referimos a las personas con discapacidad. Por ser un grupo social empobrecido, el acceso al bien básico de la vivienda se torna imposible por unos precios elevadísimos que están fuera de su menguada capacidad de compra. Pero además está el problema añadido de la accesibilidad, de las condiciones de construcción y diseño para que el entorno habitable sea usable por las personas con discapacidad. Ascensores, rampas, anchuras adecuadas, señalización, comunicadores, avisos visuales y sonoros, aparcamientos, etc., todo es determinante para que una persona con discapacidad o mayor vea materializado su derecho esencial a una vivienda digna. Para ello, hay que desplegar enérgicas políticas de rehabilitación inmobiliaria que dote de accesibilidad a un parque de viviendas obsoleto y excluyente. Junto con eso, y sin demora, es menester reformar la Ley de Propiedad Horizontal, como pide el CERMI, para que las comunidades de propietarios vengan obligadas a asumir el coste total de las obras y actuaciones de accesibilidad en las zonas comunes cuando lo soliciten vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, casas, hogares, no prisiones ni celdas, queremos.

- Dentro del colectivo de personas con discapacidad, ¿en qué edades hay mayor desigualdad, exclusión y es necesario tomar medidas?

La situación de exclusión es generaliza y se extiende a todas las edades y tipos de discapacidad, pero es cierto que en determinadas franjas de edad la exposición a la vulneración de derechos, a la ausencia de igualdad se revelan más agudas, más críticas. Por ejemplo, en la primera niñez y en la infancia. Ahí se produce un núcleo duro de exclusión que si no se aborda proyectará sus efectos durante toda la existencia. Está también la edad avanzada, la vejez en dos vertientes, la discapacidad que aparece asociada o desencadenada por la llegada a edades provectas, y el envejecimiento de la propia población con discapacidad, en muchos casos inédito, situación nueva que no se ha dado antes, como en la discapacidad intelectual, espectro del autismo, etc., que ahora están descubriendo qué eso de ser mayor. Junto a estas edades críticas, está la discapacidad sobrevenida -mental, daño cerebral, etc.- que aparece en cualquier momento de la vida y que la altera profundamente. La discapacidad sobrevenida es hoy el nuevo rostro de esta realidad y hemos de afrontarla con todo vigor y rigor.

- Hace unos meses, CERMI y el Consejo General de la Abogacía impulsaron la formación de esta profesión en materia de discapacidad, en especial en el turno de oficio. ¿Qué pasos se han llevado a cabo?

La abogacía por número y tradición es el operador jurídico de mayor relevancia, no podía pues estar al margen de una relación estable y fructuosa con la discapacidad organizada. La alianza del Consejo General de la Abogacía y el CERMI es antigua y productiva. Una de las dimensiones de esta cooperación pasa por formar a los abogados en el Derecho de la Discapacidad, en todo lo que en el ordenamiento jurídico tiene conexión o incidencia en las personas con discapacidad y sus familias. Se han programado y ejecutado múltiples procesos formativos específicos en Colegios, para acercar a la profesión a la realidad legal de la discapacidad. Se ha profundizado y extendido el conocimiento jurídico en torno a la discapacidad entre la abogacía. Se ha creado también “inquietud”, en el buen sentido de la palabra, en suscitar interés y atracción hacia la discapacidad como una cuestión relevante en el ejercicio de la defensa.

- CERMI ha puesto en marcha una 'app' para denunciar la vulneración de derechos de personas con discapacidad, ¿cómo es el funcionamiento de esta aplicación?

Promovemos la defensa legal activa entre las personas con discapacidad y sus familias; el respeto por nuestros derechos no es cuestión ajena, que también, sino propia; quién con más interés que la propia persona en ver protegidas nuestra integridad e indemnidad legales. Partiendo de esa convicción, lo que hay que hacer, es proveer de herramientas de autodefensa a las personas, para que se activen y se defiendan en primera instancia por sí mismas. Que no toleren ni una discriminación o exclusión, en su vida cotidiana, por razón de discapacidad, y la denuncien, la combatan de propia mano. Esto a través de algo tan familiar hoy como una aplicación, sencilla, usable, intuitiva, plenamente accesible y gratuita creada por el CERMI. Llevar el arsenal de defensa legal en el propio bolsillo, que no haya excusas o relajación a la hora de denunciar.