1. Hechos.
La Firma alemana Outsource Professional Services Ltd. (en adelante OUTSOURCE) solicitó el 25 de junio de 2007 el registro de la Marca de la Unión Europea en clases 35, 36 y 41. La marca fue registrada el 20 de mayo de 2008.
La empresa india FLATWORLD presentó una solicitud de nulidad en la EUIPO el 4 de marzo de 2013, alegando que la marca impugnada había sido solicitada de mala fe (actual artículo 59 1. b) RMUE), pues, previamente, se había mantenido entre ambos litigantes una negociación tendente a la explotación por la Firma alemana de un negocio de ayuda empresarial bajo la marca OUTSOURCE 2 INDIA.
La División de Anulación anuló la marca por resolución de 3 de febrero de 2015. Sin embargo, el recurso presentado por OUTSOURCE fue estimado de tal forma que la marca controvertida se mantuvo vigente. La Sala de Recursos señaló, principalmente, que el titular de la marca no pretendía perjudicar a la parte contraria para lo cual se basó- además de otras circunstancias- en que la denominación “outsource” tenía carácter descriptivo y, por tanto, era de libre utilización. La Sala de Recursos también concluyó que tal perjuicio no se producía, máxime cuando FLATWORLD había registrado el 25 de mayo de 2011 la siguiente Marca de la Unión Europea:
Interpuesto recurso ante el Tribunal General, es estimado por sentencia de 31 de mayo de 2018 (T-340/16) por lo que la primitiva decisión de la División de Anulación quedó confirmada. El TG estimó que había mala fe desde el momento en que– por el mantenimiento de la relación precontractual entre ambas empresas- OUTSOURCE conocía o debía conocer que FLATWORLD ya usaba el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, indicó que al registrar la marca – una vez rotas las negociaciones- la intención de OUTSOURCE era explotar el potencial económico del signo OUTSOURCE 2 INDIA perjudicando a su titular. Completando sus argumentos, el TG manifestó que la valoración de tales circunstancias- y, en consecuencia, la actuación del solicitante- eran independientes del carácter descriptivo o no del término “outsource”. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal de Justicia lo desestimó.
2. Pronunciamientos.
Curiosamente, el TJ parte para la admisión del recurso de casación de la circunstancia de la desnaturalización de los hechos sobre los que basó su sentencia el TG. Sin embargo, confirma- en virtud de las circunstancias objetivas del caso- que ha quedado demostrada la mala fe del solicitante, al pedir la marca inmediatamente después de la ruptura de la negociación, sabiendo que su contraparte había utilizado el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania.
Además, el TJ señala la diferencia existente entre la causa de nulidad por mala fe y la causa de nulidad (también fundamento de oposición) basada en un derecho de uso anterior. En el primer caso no se juzga, para comprobar si concurre el requisito de la mala fe, si existe o no riesgo de confusión entre la marca impugnada y el signo usado, ya que éste no se considera un derecho anterior; por el contrario, lo que se debe determinar es si existe mala fe en la conducta del solicitante, con independencia del grado de parecido entre los signos, la similitud entre los productos o servicios o el carácter distintivo mayor o menor que pueda concurrir en los signos en disputa.
3. Comentario.
En el año 2019 el TJ ha tenido ocasión de enjuiciar el supuesto de la mala fe en dos ocasiones, como son el caso que concluye con la sentencia aquí comentada y otra inmediatamente anterior de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) (ver infra).
A la hora de analizar el supuesto de nulidad de una marca por haberse solicitado con mala fe debemos partir de la doctrina sustentada por el TJ en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C-529/07) que, con ocasión del planteamiento de una cuestión prejudicial interpretativa del artículo 51 1. b) RMUE (actual artículo 59), señaló los factores que deben tomarse en consideración a la hora de comprobar si, en el momento de presentarse la marca, el solicitante había actuado de mala fe. Estos factores serían los siguientes:
a) el hecho de que el solicitante sabe o debe saber, que un tercero utiliza en, al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; no obstante, el TJ también señaló que esta circunstancia no basta por si sola para acreditar la mala fe;
b) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; también en este caso el TJ matiza que tal elemento subjetivo debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso como, por ejemplo, comprobar si la conducta del solicitante tiene, únicamente, como objetivo impedir la entrada de un tercero en el mercado. Pero incluso en este supuesto y, de acuerdo con la sentencia del TJ de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P), el hecho de que se solicite una marca conociendo que un tercero recién llegado al mercado usa el signo controvertido y con la presentación de la marca el solicitante pretende evitar tal utilización, esa circunstancia por si sola, “no excluye que el solicitante persiga un objetivo legítimo con el registro de dicho signo”.
c) el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita; tal circunstancia, afirma el TJ, debe analizarse, por ejemplo, en función del uso del signo realizado por las partes involucradas o, en relación con la marca solicitada, la naturaleza del signo o su grado de notoriedad.
En la posterior sentencia de 27 de junio de 2013 (C-320/12)– dictada en el marco de una cuestión prejudicial relativa al artículo 4.4 g) de la Directiva de Marcas (en la actualidad artículo 4.2)- el TJ estableció otros interesantes principios que sirven para complementar los anteriormente señalados. Así, se declara que la mala fe constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en todo su territorio. Como consecuencia de este principio básico, el TJ también proclama que los Estados miembros no pueden añadir causas o supuestos que puedan llevar a una interpretación diferente de la mala fe en cualquier Estado de la Unión; por ello, el TJ culmina señalando que no se puede permitir que los Estados miembros establezcan un régimen de protección específica para las “marcas extranjeras”.
Respecto a este último punto el TJ reitera –sobre la base de que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso- que “la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe”.
Como hemos apreciado, una de las circunstancias para analizar si una marca se solicita de mala fe se basa en el conocimiento o presunción de conocimiento por el titular de la existencia de un signo anterior usado en la Unión Europea (o en el extranjero). La sentencia que ahora comentamos es importante porque viene a aclarar que la causa de nulidad por mala fe debe distinguirse de la prohibición relativa de registro (fundamento para una oposición y causa de nulidad relativa) basada en un derecho de uso anterior (artículo 8.4 RMUE). El TJ afirma que los presupuestos y criterios de aplicación son distintos en cada caso.
Concretamente, la sentencia reitera que en el supuesto de la mala fe –y a diferencia del contemplado en el artículo 8.4 RMUE- no se pueden utilizar las premisas derivadas del riesgo de confusión (factores de confundibilidad); antes al contrario, el punto que debe valorarse va referido a la intención del solicitante a la hora de pedir la marca, lo cual lleva a que la comparación entre el signo registrado y el usado con anterioridad no puede hacerse bajo el criterio principal de la semejanza entre los signos o la comparación entre productos y/o servicios, que son los factores determinantes del riesgo de confusión.
Esta cuestión debe entroncarse con la sentencia del TJ de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) que estimó el recurso presentado por la Firma KOTON y anuló la marca STYLO&KOTON (gráfica). Nos remitimos al comentario (ver infra) recalcando en este momento lo siguiente. El TJ deja claramente sentado que la prohibición o causa de nulidad absoluta por mala fe puede aplicarse sin que se deba exigir que el uso previo lo sea de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares al que se pretende anular; y, tampoco será necesario acreditar la existencia entre los signos en conflicto de un riesgo de confusión por parte del público.
Autor: Jesús Gómez Montero. Anuario Elzaburu, Edición 2019 (recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
STribunal de Justicia (UE) (Décima) de 13 noviembre de 2019 proveniente de la base de datos NEO. Más información y posibilidad de probar gratuitamente el producto en https://www.efl.es/catalogo/bases-de-datos-juridicas-neo
Versión en inglés:
Bad faith by the applicant, which had had a pre-contractual relationship with the party that was using the sign in the territory of the European Union. Judgment of the Court of Justice of 13 November 2019, Outsource 2 India (C-528/18 P).
1. Background.
On 25 June 2007 the German company Outsource Professional Services Ltd. ("OUTSOURCE") filed an application to register a European Union trade mark for in classes 35, 36, and 41. The application was granted registration on 20 May 2008.
The Indian company FLATWORLD filed an application for a declaration of invalidity with the EUIPO on 4 March 2013, contending that the trade mark had been applied for in bad faith [current Article 59(1)(b) EUTMR], in that the two parties in the dispute had held talks with a view to operation by the German company of a business helping other undertakings under the trade mark OUTSOURCE 2 INDIA.
The Cancellation Division invalidated the mark by decision dated 3 February 2015. However, an appeal lodged by OUTSOURCE was accepted, and so the contested trade mark remained in force. The Board of Appeal's main finding was that the trade mark owner had not intended to harm the other party, based on various circumstances, chief among which was that the term "outsource" was descriptive and hence freely available for use. The Board of Appeal also concluded that there had been no detriment, especially since FLATWORLD had registered the following European Union trade mark on 25 May 2011:
An appeal to the General Court was accepted by a judgment issued on 31 May 2018 (T-340/16), which upheld the Cancellation Division's original decision. The General Court ruled that there had in fact been bad faith because, pursuant to the pre-contractual relationship between the two enterprises, OUTSOURCE knew or should have known that FLATWORLD was already using the OUTSOURCE 2 INDIA sign, at least in Germany. Further, the Court noted that on registering the trade mark after the negotiations had been called off, OUTSOURCE intended to exploit the economic potential of the OUTSOURCE 2 INDIA sign to the detriment of its owner. In concluding its reasoning, the General Court held that this assessment of the circumstances – and hence of the applicant's actions – was independent of whether or not the term "outsource" was descriptive. An appeal to the Court of Justice was dismissed.
2. Findings.
Oddly, the Court of Justice rules the appeal to be admissible on grounds of distortion of the facts on which the General Court had based its judgment. Nevertheless, it agrees that an assessment of the objective circumstances of the case demonstrated that there had been bad faith on the part of the applicant in applying for the trade mark immediately after the negotiations had broken down, in the knowledge that its counterparty had used OUTSOURCE 2 INDIA at least in Germany.
The Court of Justice further notes the difference between bad faith as grounds for invalidity and an earlier right of use as grounds for invalidity (also grounds for opposition). The former case does not require examining whether or not there is a likelihood of confusion between the contested trade mark and the sign that had been used when assessing whether the requirement of bad faith has been met; to the contrary, what needs to be decided is whether the applicant's conduct was in bad faith, without regard to the degree of similarity between the signs, the similarity between the goods or services, or the degree of distinctive character of the trade marks in dispute.
3. Remarks.
In 2019 the Court of Justice heard two cases in which it was asked to rule on bad faith, namely, the case resulting in the judgment reviewed here and another earlier case in which a ruling was issued on 12 September 2019 (C-104/18 P) (see below).
The starting point for assessing whether a trade mark has been applied for in bad faith and hence is invalid is the Court of Justice's judgment issued on 11 June 2009 (C-529/07) in response to a request for a preliminary ruling on the interpretation of Article 51(1)(b) EUTMR (now Article 59), which set out the factors to be taken into account when establishing whether the applicant had acted in bad faith when it filed the application to register a trade mark. These factors were:
a) the fact that the applicant knows or must know that a third party is using, in at least one Member State, an identical or similar sign capable of being confused with the sign for which registration is sought; however, the Court of Justice also noted that this factor is not in itself sufficient evidence of bad faith;
b) the applicant's intention to prevent that third party from continuing to use that sign; here too the Court of Justice qualified this finding, noting that this subjective factor must be determined by reference to the objective circumstances of the particular case, such as whether the applicant's conduct has, as its sole objective, preventing a third party from entering the market. Even in this case, however, according to the Court of Justice's ruling of 6 September 2018 (C-488/16 P), based solely on the fact that a trade mark is applied for in the knowledge that a third party who is a newcomer to the market is using the contested sign and in filing the application the applicant seeks to prevent that use "it cannot be excluded that the applicant's registration of the sign may be in pursuit of a legitimate objective".
c) the degree of legal protection enjoyed by the third party's sign and by the sign for which registration is sought; the Court of Justice affirmed that this circumstance should be assessed, for instance, based on the use of the sign made by the parties concerned or, for the trade mark applied for, the nature of the sign and the extent of its reputation.
The Court of Justice affirmed other principles of interest that are complementary to the aspects already noted above in its judgment of 27 June 2013 (C-320/12), issued in response to a request for a preliminary ruling in relation to Article 4(4)(g) of the Trade Mark Directive [now Article 4(2)]. Accordingly, it held that bad faith is an autonomous concept of European Union law which must be given a uniform interpretation in the entire territory of the European Union. Pursuant to this basic principle, the Court of Justice also ruled that Member States may not introduce grounds or causes leading to a different interpretation of bad faith in any Member State of the European Union; hence the Court of Justice ended by noting that Member States may not introduce a system of specific protection of "foreign marks".
Regarding this last point, the Court of Justice pointed out that bad faith is to be assessed globally taking into account all the circumstances of the case: "the fact that the applicant knows or should know that a third party is using a mark abroad is not sufficient, in itself, to permit the conclusion that the applicant is acting in bad faith".
As already discussed, one of the circumstances for assessing whether a trade mark has been applied for in bad faith is actual or presumed knowledge by the applicant of the existence of an earlier sign used in the European Union (or abroad). The judgment that concerns us here is important in that it makes clear that the grounds for invalidity by reason of bad faith need to be distinguished from the relative grounds for refusal (grounds for opposition and relative grounds for invalidity) based on an earlier right of use (Article 8.4 EUTMR). The Court of Justice has affirmed that different principles and criteria are applicable in each case. Specifically, the judgment emphasises that the criteria arising from a likelihood of confusion (factors relating to confusion) may not be used in the case of bad faith – unlike the case envisaged in Article 8.4 EUTMR; indeed, what needs to be assessed is the applicant's intention when the trade mark application was filed, which means that the comparison between the registered mark and the sign that was used earlier cannot be based on the principle of similarity between the signs or a comparison of the goods and/or services, factors that are used to assess the likelihood of confusion.
This aspect is related to the Court of Justice's judgment of 12 September 2019 (C-104/18 P), which accepted an appeal lodged by KOTON and invalidated the STYLO&KOTON (figurative) mark. The reader is referred to the respective review in that regard (see below). Here, we would just point out that the Court of Justice has made clear that absolute grounds for invalidity based on bad faith applies without any requirement for prior use of an identical or similar sign on identical or similar goods or services compared with the trade mark to be invalidated; it is also not necessary to prove that there is a likelihood that the public will confuse the conflicting signs. Jesús GÓMEZ MONTERO
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