En ella se contemplan actuaciones de carácter inmediato y otras que se implementarán en el quinquenio 2023-2028.
En el marco de las próximas reformas organizativas y de eficiencia, el Gobierno propone incrementar el complemento de destino por representación, así como modificar la legislación en tramitación con el objetivo de dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización, así como a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia.
En el ámbito de la carrera fiscal, se plantea abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área.
Además, el Gobierno plantea que las asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública, establezcan un nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado. A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos.
Adicionalmente, y con el objetivo de reforzar y mejorar el Servicio Público de Justicia que recibe la ciudadanía, el Gobierno se compromete a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024.
Las siete asociaciones que han participado en la reunión someterán la propuesta a sus asociadas y asociados y darán respuesta al Gobierno en un nuevo encuentro, previsto el próximo jueves 18 de mayo.
