La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el consistorio jerezano contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló los artículos 2, 3, 4, 5 y 12 d) de la citada ordenanza municipal al considerar que las restricciones impuestas a los VTC eran discriminatorias.
Los artículos anulados regulaban la parada y el estacionamiento de los VTC, la precontratación del servicio, los horarios, el calendario y la circulación de estos vehículos (artículos 2, 3, 4 y 5). Otro artículo, cuya nulidad ha sido confirmada, prohibía a los conductores vestir prendas y calzado deportivos y de baño, pantalones cortos y camisetas sin mangas (12 d).
La Sala aclara que el objeto del recurso se centra en determinar si el TSJA ha aplicado correctamente los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, y, en consecuencia, a enjuiciar si las restricciones a la actividad de los operadores autorizados para prestar los servicios de VTC adoptadas por este ayuntamiento son legítimas.
La sentencia, ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, señala que el consistorio recurrente se limita a invocar una normativa de la Junta de Andalucía que no puede servir de parámetro para enjuiciar este recurso de casación por razones estrictamente temporales, ya que se trata de una regulación adoptada por una Comunidad Autónoma después de dictarse la sentencia recurrida.
El tribunal considera que en el recurso no se efectúa una crítica a la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, respecto de las razones por las que se declara la nulidad de parte del articulado de la ordenanza municipal, que debía haberse sustentado en la errónea o injustificada aplicación al caso de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación en los términos de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Rechaza que la sentencia impugnada haya infringido la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad de empresa, que habilita a las autoridades a imponer, en el marco de la Ley, medidas restrictivas al ejercicio de una actividad económica siempre que obedezcan a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, y que sean adecuadas y proporcionadas para lograr dicho objetivo.
