La idea es ser una referencia jurídica para esta entidad y sus asociados, tener disponibilidad para asesorar y orientar en materia legal, así como ser un interlocutor válido de los afectados por esta patología ante la Administración o el estamento judicial.
Parrado Asesores fue uno de los despachos profesionales pioneros en advertir de la incidencia de esta enfermedad en el derecho laboral. “En cuestiones como las altas y bajas médicas o las incapacidades, sabíamos que esta dolencia y sus secuelas iban a repercutir en la vida de los trabajadores. Así lo mencionamos en varios foros en los meses más duros de la pandemia en 2020 y las sentencias judiciales, el aumento del número de afectados y los movimientos asociativos como AMACOP así lo corroboran tres años después”, comentaron desde el despacho de Abogados Parrado Asesores.
Esta colaboración ayudará a que los afectados puedan tener mejores herramientas legales a la hora de reclamar y un asesoramiento personalizado a esta patología. AMACOP se encargará de organizar charlas, talleres y foros con temática legal, así como a dar difusión entre asociados y en todos sus canales de las principales cuestiones a tener en cuenta en los aspectos jurídicos y administrativos.
El COVID Persistente es causa de incapacidad laboral
Parrado Asesores ha logrado importantes avances, sentencias judiciales y resoluciones administrativas en materia de COVID persistente, poscovid o secuelas COVID.
También en la Comunidad de Madrid, consiguieron que el Juzgado de lo Social 14 de la capital apelara a la “responsabilidad del INSS y de la TGSS con una persona que pasó de realizar tareas de gran calado físico, a no poder desplazarse más de 100 metros sin ayuda”. Concretamente, se trataba de un trabajador de la construcción que alcanzó una incapacidad absoluta tras sufrir Covid.
En materia de bajas, sin entrar en la fase de incapacidades, también destacó en este 2023 un dictamen judicial que revocó un alta dada de forma indebida a una trabajadora sanitaria de la capital. Una incapacidad temporal que, por las secuelas físicas de este virus, impide claramente el buen desarrollo de sus tareas profesionales.
El Juzgado de lo Social Número 1 de Madrid obligó a la Mutua Asepeyo y a la empresa empleadora a regularizar su situación, para extender la baja y la incapacidad temporal.
