La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, presentaba la nueva funcionalidad del Registro de Impagados Judiciales (RIJ) a los departamentos jurídicos del área de riesgo y recobro de las grandes empresas del país. En el acto de presentación, celebrado en la sede de la Abogacía Española, han participado Valentín Arce Hidalgo, director general adjunto de Informa D&B (filial del Grupo CESCE), y el director general del RIJ, Enrique Rodríguez Zarza.
La nueva funcionalidad permite a los abogados hacer el requerimiento de pago al deudor y la notificación de inclusión en su fichero de morosos vía judicial, lo que le ha consolidado como el más garantista del país. En palabras del director general del RIJ, Enrique Rodríguez Zarza, el proyecto del RIJ está basado en “economía colaborativa”, y por los resultados obtenidos es “un proyecto ganador para los abogados en ejercicio y para los departamentos de riesgos de las empresas”. Rodríguez Zarza ha explicado que es un instrumento legal pionero en nuestro país y que “están convencidos que se extenderá a nivel internacional”.
La nueva funcionalidad del RIJ es un instrumento legal con el que particulares, autónomos, pymes y empresas pueden hacer el requerimiento de pago al deudor y la notificación de inclusión en el fichero de morosos de la Abogacía en el seno del procedimiento judicial, en la misma demanda o escrito judicial, sin coste para el acreedor y con la máxima garantía jurídica tanto para el acreedor como para los deudores.
Desde su implementación, más de 9.000 abogados están compartiendo en el fichero de morosos de la Abogacía Española la deuda que gestionan, cumpliendo con la normativa vigente. Esta operativa está permitiendo por primera vez sacar a la luz la deuda del mercado privado, no disponible en los tradicionales sistemas de información crediticia, que básicamente recogen deuda financiera y de las grandes utilities. Esta información única y exclusiva se puede consultar de manera gratuita en el RIJ desde cualquier dispositivo electrónico, siempre que exista interés legítimo, lo que está mejorando exponencialmente la tasa de recobro y permitiendo tomar las decisiones más acertadas a nivel de riesgo y empresarial.
Las plataformas de Pagos Certificados y Registro de Impagados Judiciales están integradas en Lex-On, el software de gestión de Lefebvre que permite llevar adecuadamente el control del despacho poniendo en relación datos con clientes, ventas y actividad productiva para así mejorar la gestión de los procesos de negocio.
La cláusula RIJ mejora el recobro y protege frente a los impagos
En su intervención, la presidenta del Consejo destacó la importancia de este novedoso servicio. “La cláusula RIJ es un instrumento legal que están utilizando ya los abogados en los contratos y en los escritos judiciales que permite realizar las notificaciones previas a la inclusión de la deuda, exigidas por la ley, a través del órgano judicial”, ha explicado.
Ortega hacía especial hincapié en la importancia de que “el RIJ cumpla a nivel normativo con las tres obligaciones legales exigidas por el régimen legal establecido por la LOPD 3/2018 y clarificado por el Tribunal Supremo, en su reciente jurisprudencia, sobre el tratamiento de datos en los ficheros de morosos: Requerir de pago al deudor de forma recepticia, advertirle de la inclusión en el fichero RIJ y notificarle la inclusión de sus datos concediéndole el plazo legal para el ejercicio de derechos ARSOL”.
Además, insistía en la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología disruptiva del RIJ para mejorar la salud económica del país y hacer más ágil y eficaz la justicia. “Si los más de 150.000 abogados que hay en nuestro país comparten su información, con todas las garantías legales, va a ser la forma más segura de contratar”.
Por su parte, el director general adjunto de INFORMA, Valentín Arce Hidalgo, remarcaba la importancia “de que deuda del mercado privado que hasta ahora estaba oculta, sea accesible para el sistema financiero y empresarial español, ya que esta exposición pública del impago, mejora exponencialmente el recobro y protege frente a los impagos”.
El director general del RIJ, Enrique Rodríguez Zarza, detallaba el funcionamiento del Registro de Impagados Judiciales y los beneficios que aporta su uso en una sociedad digital. Rodríguez Zarza ha asegurado que “el RIJ se ha convertido en una herramienta fundamental e imprescindible para agilizar el cobro de la deuda que afecta a las empresas y conseguir que el dinero recuperado mejore su cuenta de resultados y se ponga en circulación y al mismo tiempo facilita una información de gran importancia para la toma de decisiones en el mercado privado y financiero de nuestro país”.
“El RIJ quiere ser un referente para todas las pymes y autónomos de nuestro país. El éxito de la economía colaborativa permitirá que millones de empresarios intercambien información de calidad sobre incumplimientos de pago, creando la base de datos más completa de España sobre solvencia y riesgos de impago, con máximo nivel de seguridad jurídica”, ha advertido. Finalmente, ha comentado que “esta información sirve, por ejemplo, para evaluar la interposición, o no, de un procedimiento judicial, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes judiciales o para adoptar la decisión de iniciar un concurso de acreedores si se advierte que el deudor es un incumplidor múltiple”.
La presentación ha estado dirigida a los departamentos jurídicos del área de riesgo y recobro de grandes empresas, responsables de despachos de abogados, servicers, entidades financieras y de seguros, Fintech, proveedores de servicios BPO especializados en recuperación judicial, así como sociedades e instituciones involucradas en la práctica jurídica y financiera. Al evento han asistido más de 200 empresas y entidades financieras líderes en el mercado nacional, entre las que cabe destacar la presencia de CaixaBank, Deutsche Bank y BBVA; firmas de abogados como CMS Albiñana & Suárez de Lezo o Garrigues; empresas de recobro como Pfs Group, Collecta, Zolva, Kruk, Covline, Debex, Konecta; empresas de automoción como Mercedes Credit y de software jurídico como Lefebvre, entre otros.
