Procedimiento de oficio del art. 148 b) y acumulación de demandas individuales

Los trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados entre la dirección de...

Los trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores deben ser emplazados y, por tanto, pueden ser parte en el proceso de oficio seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

La respuesta a la primera de las cuestiones suscitadas ha de ser positiva. Los trabajadores afectados también deben ser emplazados y, por lo tanto, pueden ser parte en el proceso seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, pese a que en la conclusión de los acuerdos obtenidos en el período de consultas no hayan tenido ninguna participación directa, ya que fueron sus representantes quienes los negociaron y suscribieron.

El art. 150.2 a) LRJS -EDL 2011/222121 no puede ser más claro en sus términos. Así lo reconoce cuando expresa que a los trabajadores perjudicados se les emplazará al efecto y una vez comparecidos, tendrán la consideración de parte, si bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso. Si se reconoce tal protagonismo, y se hace sin reservas en la regulación general, referida a la admisión de la demanda y a la tramitación del procedimiento de oficio, ninguna razón existe para excluir su emplazamiento en una modalidad concreta, la prevista en el antecedente apartado u0022bu0022 del art. 148. A fin de cuentas, se trata tan sólo de una modalidad dentro de un proceso especial, resumidos sus diversos supuestos por la necesidad de relacionar a la Administración laboral y Jurisdicción social cuando de ordinario actúan de forma separada e independiente.

La impugnación por parte de la Autoridad laboral de los acuerdos en el período de consultas constituye además una de las modalidades clásicas, como lo es también la referida a la denuncia de perjuicios económicos padecidos por los trabajadores, de tal manera que cualquier excepción a su regulación general, y en concreto, la que imposibilitara el emplazamiento y comparecencia de los trabajadores afectados, sería incluso más llamativa.

No sería lógico llegar a otra conclusión porque el art. 17.1 LRJS -EDL 2011/222121-, regulador de la legitimación en el proceso social, nos dice que los titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, u0022en los términos establecidos en las leyesu0022 y la ley que regula la materia, el antedicho art. 150.2.a LRJS, es, como indicamos, bien explícito, cuando alude a los trabajadores considerados individualmente. La postura de los trabajadores coincidirá además, normalmente, con la sostenida por la Administración, salvo que del acuerdo obtenido en consultas deriven consecuencias positivas, compensadoras o superadoras, de la extinción misma como, por ejemplo, indemnizaciones altas u otros beneficios, que puedan justificar una posición tendente a su defensa y no a su impugnación.

Negar tal posibilidad de ser parte supondría, además, cercenar el derecho reconocido en el art. 24 CE -EDL 1978/3879 y en el art. 4.2.g ET -EDL 1995/13475 cuando éste último habla del ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Dada la fuerza expansiva que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, el acuerdo, respecto al que se suscitan referidos vicios, no deja de ser el antecedente de la decisión extintiva colectiva y tiene también por ello una indudable trascendencia sobre los despidos individuales. Existe de esta forma una correspondencia objetiva por conexidad. Pese a la disparidad material de las pretensiones, si el proceso de oficio iniciado por la Autoridad laboral se dirige frente al acuerdo de consultas y en la posterior demanda de los trabajadores individuales se impugna por cada uno la decisión extintiva empresarial, la decisión acerca de la primera cuestión, antecedente de la decisión colectiva, interesa a los trabajadores individuales porque determina también a la postre la suerte del contrato de cada uno de los afectados.

A la solución positiva invita también la perspectiva histórica. Ya admitía la anterior norma procesal, en la misma modalidad del proceso de oficio, tal emplazamiento de los trabajadores individuales y sin restricción alguna, pese a que tampoco intervenían individualmente en la fase de negociación. Incluso se les permitía después impugnar el despido colectivo, antes ERE, en su condición de interesados, posibilidad brindada por el art. 19.1.a) de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -EDL 1998/44323-, porque ostentaban un derecho o interés legítimo: el de estar afectados por la autorización administrativa a cuyo amparo se extinguían sus contratos de trabajo.

En cualquier caso, la condición de parte de los trabajadores en el proceso lo ha de ser con claras limitaciones y así no pueden desistir ni solicitar la suspensión del mismo y las sentencias habrán de ejecutarse siempre de oficio. Además, si ya han sido precisadas las causas de la demanda por la Autoridad laboral (dolo, coacción), sería discutible que les resulte permitido incluir otra u otras distintas, ampliando el objeto del proceso, ya que de admitirse la posibilidad de alegar vicios diferentes, también se les estaría otorgando a los trabajadores, de manera indirecta, la facultad de iniciarlo, lo que no ha previsto el legislador que se limita a permitir su intervención claramente restrictiva (en este sentido, por ejemplo, se expresó la STSJ Baleares de 21-9-2001. Rec. 359/2001 -EDJ 2001/57477-).

A tal proceso de oficio se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse.

Respecto a la segunda de las cuestiones suscitadas, también la respuesta ha de ser afirmativa porque así lo dispone sin restricción el art. 31 LRJS -EDL 2011/222121-. A tal proceso iniciado por la Autoridad laboral se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse siempre que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos juzgados o tribunales (pensando la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651 en las competencias de las Salas de lo Social) y no, como en la regulación inicial de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en distintos juzgados de la misma circunscripción. Dicha acumulación se acordará por el tribunal mediante auto.

A diferencia de la anterior redacción, que, como indicábamos, disponía la acumulación siempre que tales demandas pendieran en juzgados de la misma circunscripción, la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651 se acomoda a las competencias de las salas de los TSJ y de la Audiencia Nacional, reconocidas ya en los arts. 7 y 8 LRJS -EDL 2011/222121 (en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra u0022bu0022 del art. 148 de esta Ley). Lo hace con el fin de unificar en un único proceso tanto las controversias individuales como colectivas y para ello no resultan inconvenientes las reglas sobre competencia territorial ni tampoco la diversa jerarquía de los órganos implicados.

La norma pretende además que la acumulación de autos se efectúe en todo caso, es decir, de oficio, aunque no aparezca tampoco impedida la solicitud de parte, pudiendo tanto los trabajadores como la Administración solicitar la reunión de los diferentes procesos en uno solo, que deberá ser, necesariamente, el de oficio (art. 31 LRJS -EDL 2011/222121-).

Por último, es necesario matizar que, de existir tan sólo la demanda de oficio, la representación común de los trabajadores afectados, cuando sean más de diez, a la que hace referencia el art. 149.2 LRJS -EDL 2011/222121-, ha de requerirse en el momento en el que se efectúe el emplazamiento. Pero si, además se han formalizado demandas individuales en referido número y, comprobadas las exigencias para ello, se han acumulado, es necesario también requerir la representación común a todos los que vayan a actuar como parte en el procedimiento único que resulte de tal acumulación.

Sin duda que los procedimientos de oficio son de los más peculiares del ámb...

Sin duda que los procedimientos de oficio son de los más peculiares del ámbito social, y más aún, cabe decir, tras la modificación de los expedientes de regulación de empleo, que eliminando la tradicional autorización administrativa, mantiene una cierta intervención de control de la autoridad laboral, precisamente a través de la posibilidad que regula el art. 148,b) LRJS -EDL 2011/222121-, de solicitar la declaración judicial de nulidad de los acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción a que se refieren los arts. 47,6 y 51 ET -EDL 1995/13475-, cuando apreciara la posible existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los mismos.

Sin duda que existe una diversidad de temas complejos, conexos con esta acción de oficio, como el de los plazos para su ejercicio, ejecución, etc., especialmente si los acuerdos objeto de solicitud de control no han sido impugnados (en caso de haberlo sido cuando se presenta la demanda de oficio, rige la compleja regulación del art. 124,7 LRJS -EDL 2011/222121-), y uno de ellos es el que se plantea ahora, de la obligación o no del emplazamiento de los trabajadores afectados por el acuerdo discutido, y su condición en ese caso de parte, y la eventual acumulación al mismo de las demandas individuales que hubieran podido presentarse.

En mi opinión, varias cosas cabe decir al respecto, en relación con estas dos cuestiones:

a) Respecto a lo primero, del art. 150,2,a) LRJS -EDL 2011/222121 parece deducirse de modo claro la obligación de emplazar a los trabajadores afectados, que en caso de acudir al proceso, tendrán la consideración de parte, a todos los efectos, salvo la posibilidad de poder desistir o de solicitar la suspensión del proceso, expresamente prohibida por el mencionado precepto. Otra cosa es que los mismos, pese a ello, declinen el comparecer a juicio como parte, aceptando así las resultas del mismo sin su intervención en el proceso, pese a lo cual entiendo que se les debería de notificar igualmente la Sentencia que se dicte. Incide en esa misma dirección, a un mayor abundamiento, por la claridad del precepto, lo que se establece en el art. 149,2 LRJS, en general para todos los procesos de oficio (y por ende, también para los que se debate ahora, al no excluir a ninguno de ellos), de que cuando tales demandas afecten a más de diez trabajadores, el secretario judicial les requerirá para que designen representantes en la forma prevista en el art. 19 de la propia LRJS (dejando ahora de lado la eventualidad de que no todos los trabajadores afectados quieran mantener la misma línea de defensa, en los términos del art. 19,4 LRJS).

b) En esa misma dirección concentradora va encaminada la acumulación de las demandas individuales con los procesos iniciados a instancia de la autoridad laboral, a que se refiere el art. 31 LRJS -EDL 2011/222121-, que se acordará de oficio, mediante Auto irrecurrible (art. 30,3 LRJS que resulta aplicable), con el matiz de que concurran u0022identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficiou0022, lo que puede dar lugar a problemas derivados de que, una u otra, no vayan dirigidas exactamente contra las mismas demandadas, si por ejemplo, se considera que existe grupo de empresas u otros responsables solidarios o subsidiarios, no incluidos en una u otra demanda. Y por supuesto, que la causa de pedir no sea la misma, pues en la demanda individual se puede plantear una impugnación del fondo de acuerdo, de la veracidad o concurrencia de la causa esgrimida para alcanzar el mismo (económica, técnica, organizativa o de producción), o en relación con la selección de los trabajadores afectados, que no se corresponde con la motivación restringida que permite el art. 148,b) LRJS para la demanda de oficio, que restringe el objeto del proceso: existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en el acuerdo alcanzado.

c) Entiendo que, si deciden comparecer, con esa cualidad de parte, y a salvo de la indisponibilidad del desistimiento o de solicitud de suspensión señaladas, podrán los trabajadores comparecientes alegar excepciones en su caso, proponer y practicar las pruebas que consideren pertinentes a su derecho, realizar alegaciones, etc., incluida la posibilidad de poder recurrir la Sentencia que se dicte. Aunque con la peculiaridad procesal de que la Sentencia se ejecutará siempre de oficio (art. 150,2,e) y 239,1, LRJS -EDL 2011/222121-), lo que parece así excluirles de tal posibilidad a estos trabajadores que hayan comparecido como parte. Lo que parece que puede ser una exclusión excesiva, según sea el alcance de la resolución judicial. En todo caso, se conforma una situación secundaria de los trabajadores individualmente considerados, que quizás quepa cuestionarse desde la perspectiva de una adecuada tutela judicial (art. 24,1 CE -EDL 1978/3879-), teniendo en cuenta que, de otra parte, entiendo que deberán de ser parte los representantes de los trabajadores con los que se haya concluido el acuerdo (representación unitaria o sindical), sobre los que no existe argumento ni mención restrictiva de su posición en el proceso.

La intervención administrativa en los expedientes de regulación de empleo a...

La intervención administrativa en los expedientes de regulación de empleo actuando como árbitro en un conflicto entre sujetos privados, empresarios y trabajadores, se consideró por una parte de la doctrina contraria al art. 117.3 CE -EDL 1978/3879-, con efectos distorsionadores que ralentizaban la respuesta judicial y encarecían las indemnizaciones. De ahí que la reforma laboral 2012 haya suprimido esta autorización administrativa en los despidos colectivos, salvo en los supuestos de fuerza mayor, redefiniendo de forma sustancial la actuación de la autoridad laboral en el despido colectivo, ceñido, tras el RDL 3/2012 -EDL 2012/6702-, a velar por «la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento» (penúltimo párrafo del apdo. 2 del art. 51 ET -EDL 1995/13475-, en la redacción dada por el RDL 3/2012). Con todo, no se puede negar que esta supresión de la autorización administrativa puede u0022radicalizaru0022 el conflicto, razón por la que el legislador se ha visto obligado en la Ley 3/2012, de 6 julio, a modificar el art. 51.2 ET, ampliando el papel de la autoridad laboral, la cual, durante el periodo de consultas, a petición conjunta de las partes, podrá realizar u0022las actuaciones de mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivou0022, y con la misma finalidad u0022podrá realizar funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativau0022. En esta misma línea se inscribe el art. 4.2 de la Directiva 98/59/CE, de 20 julio, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos -EDL 1998/47604-, previendo que la autoridad pública competente busque «soluciones a los problemas planteados por los despidos colectivos considerados».

La Administración laboral ha retenido algunas facultades de control sobre el contenido de la negociación colectiva actuando en defensa de la legalidad y de los derechos e intereses de los terceros y, en este orden de ideas, dispone el art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121 que el proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia de los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el art. 47 y el apdo. 6 del art. 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475-, y los remitirá a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. Al contrario de lo que previenen los arts. 41.4 y 82.3 ET, el 51 ET no dispone que cuando el período de consultas concluya con acuerdo «se presumirá que concurren las causas justificativas». La autoridad laboral puede impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, pero en cambio no está legitimada para impugnar la decisión extintiva empresarial adoptada sin acuerdo en el periodo de consultas por entender que se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, como por el contrario sí lo están los representantes legales o sindicales de los trabajadores, de conformidad con la letra c) del apdo. 2 del art. 124 LRJS.

El despido colectivo debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores (párrafo primero del apdo. 2 del art. 51 ET -EDL 1995/13475-), consulta que deberá versar, «como mínimo», en armonía con el art. 2.2 de la Directiva 98/59/CE -EDL 1998/47604-, «sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad» (párrafo primero del apdo. 2 del art. 51 ET). A subrayar que deja de decirse expresamente que el período de consultas debe versar sobre «las causas motivadoras» del despido colectivo y de las medidas para «posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial».

Esta negociación tiene como partes, de un lado, al empresario, y de otro a los representantes legales de los trabajadores (comités de empresa y delegados de personal) correspondiendo la interlocución en el periodo de consultas a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden siempre y cuando tengan la representación mayoritaria entre los comités de empresa o entre los delegados de personal. Nótese, en corolario, como los trabajadores no tienen participación directa en ese periodo de consultas sino que lo hacen a través de sus representantes legales. Dicho esto, no parece se compadezca bien con el procedimiento de oficio iniciado por la autoridad laboral, a través del art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121-, la norma prevenida con carácter general por el 150.2 a) del mismo texto legal cuando afirma que los trabajadores perjudicados serán emplazados u0022y una vez comparecidos tendrán la consideración de parteu0022. Lo coherente, si se quiere que el todo tenga sentido, y el Derecho no es otra cosa que una unidad armónica, es alcanzar la conclusión de que, atendiendo a las previsiones del art. 124 LRJS, no resulta de aplicación el art. 150.2.a) LRJS al procedimiento iniciado conforme al art. 148 b) de la misma ley adjetiva. Es más, el legislador ha querido dar preferencia al procedimiento de despido colectivo sobre el iniciado de oficio por la autoridad laboral, como lo demuestra que el art. 124.7 LRJS precise que, si una vez iniciado el proceso por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio de conformidad con lo previsto en el art. 148.b) de esta Ley, se suspenderá ésta hasta la resolución de aquél. En este supuesto, la autoridad laboral estará legitimada para ser parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por el empresario y la sentencia, una vez firme, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resolución. Con lo que se impone considerar como partes en el proceso iniciado de oficio, en virtud del art. 148.b) LRJS, a quienes lo hubieran sido en el periodo de consultas, siendo interesados, en todo caso, la empresa y los trabajadores a través de sus representantes legales, lo que se colige, a mayor abundamiento, actualmente, del art. 7 del Real Decreto 1483/2012, de 29 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada -EDL 2012/224880-, y anteriormente del art. 3 RD 801/2011 -EDL 2011/95560-.

En lo que hace a la cuestión de si al procedimiento de oficio del art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121 deben acumularse las demandas individuales, dados los términos imperativos con que aparece redactado el art. 31 LRJS (u0022se acumularánu0022), que reproduce el contenido de su homónimo de la LPL, salvo en la modificación del número del artículo que regula los procesos de oficio, antes era el 146 LPL -EDL 1995/13689 y actualmente es el 148, parece desprenderse que la acumulación deviene obligatoria, siempre que se reúnan los requisitos relativos a la identidad de sujetos, trabajadores y empresarios, y de causa de pedir, conexión objetiva que no implica que la pretensión sea la misma, sino que se funde en los mismos hechos y, por último, que hayan correspondido al mismo juzgado o a distintos juzgados de la misma circunscripción. Todo ello subordinado a que, si una vez iniciado el proceso de despido colectivo por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio se suspenderá ésta hasta la resolución de aquél y la sentencia, una vez firme, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resolución.

Se regula en el Libro II, Título II, Capítulo VII, Sección I, de la Ley Re...

Se regula en el Libro II, Título II, Capítulo VII, Sección I, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LJS -EDL 2011/222121-, desde ahora, señalando en su ámbito de aplicación que el proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia, en lo que aquí interesa, apartado b), de los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el art. 47 y el apdo. 6 del art. 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ET -EDL 1995/13475 y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. Es cierto que en el art. 124 LJS, se contemplan determinadas medidas para lograr una efectiva coordinación de lo resuelto en el proceso de despido colectivo con los procesos individuales, dado que los trabajadores no son parte ni se contempla la acumulación de las eventuales demandas individuales, sino tan solo la suspensión de los procesos individuales que se hayan podido iniciar, como la suspensión del plazo de caducidad de la acción de despido individual, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia colectiva, etc., pero nada esto se prevé en los artículos que regulan el procedimiento de oficio, pero no es menos cierto que el procedimiento de oficio, como un todo, tras la subsanación que cabe de la demanda, art. 149, en el art. 150.2 a) se indica, con carácter general, que los trabajadores perjudicados serán emplazados u0022y una vez comparecidos tendrán la consideración de parteu0022, situación que ya se anunciaba en el art. 31 LJS, en el que se prevé una acumulación preceptiva de las demandas individuales a los procesos de oficio regulados en el art. 148, por lo que este procedimiento, en su tramitación prevé tal circunstancia, de emplazamiento de los trabajadores perjudicados.

Respecto a las demandas individuales, ninguna duda cabe que puedan ser presentadas, pues en todo caso, el trabajador tiene abierta tal posibilidad jurídica de impugnar judicialmente una medida suspensiva o de reducción de jornada adoptada por el empresario, medie o no un acuerdo con los representantes del personal, lo que se articulará a través de la modalidad prevista en los arts. 138 de la Ley 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social -EDL 2011/222121-, después de que el RDL 3/2012 -EDL 2012/6702 haya incorporado precisamente u0022la suspensión del contrato o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayoru0022 a las circunstancias que ya legitimaban el acceso a esa especial modalidad procesal (la movilidad geográfica y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo) , cuando también viene previsto en el art. 47.1, párrafo diez del ET -EDL 1995/13475-, al establecer que contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el trabajador ante la jurisdicción social, precisando que si la decisión empresarial afecta a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el art. 51.1 ET, se podrá reclamar en conflicto colectivo que paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

La reforma sitúa la institución suspensiva y de reducción de jornada, por causas empresariales, en el entorno de medidas de flexibilidad interna, desmarcando esta vez procesalmente aquéllas de los despidos colectivos, dirigiendo las reclamaciones que planteen los trabajadores afectados contra una medida suspensiva o de reducción de jornada, por la tramitación procesal de la movilidad geográfica del art. 40 ET -EDL 1995/13475 y de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo art. 41 ET, con la novedad importante de la posibilidad de una reclamación contra la decisión empresarial en vía de conflicto colectivo. Si ello es así, deberemos concluir que los trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores, respecto a las medidas de suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, deben ser emplazados y, por tanto, pueden ser parte en el proceso seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, salvo cuando adoptada la medida, sin acuerdo, contra la decisión empresarial se hubiese formulado demanda de conflicto colectivo, ya que la misma paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de aquella y en el mismo sentido, al proceso se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse, salvo en el caso anterior, en el que admitida a trámite la demanda, en el proceso de oficio, se haya formulado por la representación de los trabajadores contra la medida empresarial, el oportuno conflicto colectivo.