Esta norma tiene como principales objetivos que España alcance a más tardar en 2050 la neutralidad de emisiones, es decir, que el país solo emita la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros son capaces de absorber, y que el sistema eléctrico español sea ese mismo año 100% renovable. Para ello fija una hoja de ruta y pasos intermedios, estableciendo, por ejemplo, que en 2030, las emisiones deberán haberse reducido al menos un 20% con respecto a 1990 y que como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable.
Para la consecución de estos objetivos propuestos se implantarán dos herramientas de gobernanza de clima y energía establecidas en el Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050.
El Gobierno argumenta que como respuesta a la transición energética impulsada por esta ley se producirá "la mejora sistemática de la eficiencia energética de la economía". Concretamente, la previsión es que la intensidad energética primaria de la economía española mejore en un 3,5% anual hasta 2030; asimismo, la dependencia energética del país, del 74% en 2017, se estima que descienda al 61% en el año 2030 como consecuencia de la caída de las importaciones de carbón y de petróleo.
Por otro lado, aseguran que "la transición energética promovida por esta ley permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030", produciendo un incremento anual de entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año del Producto Interior Bruto de España y aumentando el empleo neto entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo.
Enmienda de totalidad
El Grupo Parlamentario Vox solicitaba, a través de su enmienda a la totalidad, la devolución de este proyecto de ley al Ejecutivo, argumentando que la búsqueda de sus objetivos "requerirá de un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento del gasto público", lo que, aseguran, puede tener "efectos adversos para la inversión, el consumo, el empleo y la competitividad de la economía española", más aún, dicen, en el contexto de recesión que se vislumbra tras la pandemia del COVID-19.
Además, sobre la apuesta del Gobierno por las energías renovables, el grupo oponente defiende que "si se desea promocionar, debe invertirse en investigación para aumentar su eficiencia y resolver el problema de la intermitencia y el almacenamiento, pero no imponerlas por decreto". También exponen su posición contraria al cierre progresivo del sector nuclear porque "agravará el encarecimiento del precio de la electricidad y dejará al país sin una fuente de energía segura, estable y barata".
Con el rechazo de esta enmienda a la totalidad de devolución, el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética pasa su primer examen y continúa con su tramitación parlamentaria, que sigue con el debate en Comisión de las enmiendas al articulado.
