En su exposición de motivos del proyecto, el Ejecutivo argumenta que la adopción de estos enfoques tiene como objetivo último "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva". Asimismo, pretenden que "contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos".
El texto elaborado por el Ejecutivo presenta una reorganización del sistema educativo. Así, la Enseñanza Primaria volvería a ordenarse en tres ciclos, se eliminaría la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria, las pruebas finales de etapa y la obligatoriedad de cursar una asignatura equivalente a religión. De igual forma, se presenta una flexibilización de los itinerarios de la Formación Profesional, para potenciar esta opción entre los estudiantes.
Con respecto al currículo, se da una nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la distribución de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. También se asegura "una formación común, se garantiza la homologación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que en conjunto constituyen lo que se conoce como enseñanzas mínimas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas".
Reforzar la atención a los menores de tres años
Uno de los objetivos es fortalecer el valor educativo de la atención a los menores de tres años para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas y mejorar los procesos de formación inicial y acceso a la función docente, así como la formación permanente del profesorado.
El Proyecto de Ley establece, por primera vez, como principio rector, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Reconoce así el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de estos derechos.
El texto se sustenta también en un enfoque transversal de refuerzo de los aprendizajes, en el reconocimiento de la importancia de atender al desarrollo sostenible, en el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en incorporar a la educación el cambio digital.
Mejora de la financiación pública de la educación
En este sentido, el Gobierno ya ha acordado incrementar el fondo de becas y ayudas al estudio un 22% y ha aprobado destinar a educación 2.000 de los 16.000 millones de euros del fondo Covid-19 para las Comunidades Autónomas. Otros 260 millones se destinarán a la digitalización de la educación. A esta inversión, se sumará un Programa de Cooperación Territorial para el refuerzo educativo y una importante inversión en modernización de la Formación Profesional.
La ministra ha recordado que el Proyecto de Ley entró por primera vez en el Congreso hace año y medio, un periodo que ha permitido su pleno conocimiento por la opinión pública y la comunidad educativa. En todo este tiempo se han generado también nuevas propuestas que pueden servir para mejorar el texto.
Enmienda de totalidad
Con el rechazo de estas enmiendas a la totalidad, el Proyecto de Ley Orgánica pasa su primer examen y continúa con su tramitación parlamentaria, que sigue con el debate en el análisis en ponencia y en Comisión de las enmiendas al articulado. El dictamen que elabore la Comisión de Educación, con las modificaciones que, en su caso, se aprueben, se elevará al Pleno de la Cámara, que deberá aprobar el proyecto con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, al tratarse de una reforma de ley orgánica, antes de remitirlo al Senado.
