Publicidad activa en materia urbanística y protección de datos

En un deba...

En un debate publicado hace años en esta Revista -nº 21 de 2014 -EDC 2014/115608- nos preguntábamos si la legislación de transparencia iba a restringir la participación de los ciudadanos en el proceso urbanístico y cuál sería su impacto en el derecho urbanístico y en el acceso a la información urbanística. Además, desde el momento en que el control de la legalidad urbanística puede ser instado por cualquier ciudadano en ejercicio de la acción pública -artículo 5 del TRLS -EDL 2015/188203--, la forma en que se puede gestionar el tratamiento de dichos datos personales es clave para determinar las obligaciones de transparencia y publicidad. Pero también detectábamos una cierta contradicción en la consulta, como si, paradójicamente, la legislación de transparencia trajera consigo una -patología secretista por la expansión progresiva de la protección de datos personales.

Volvemos a tratar este tema con ocasión de la entrada en vigor del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 y de la ley orgánica de protección de datos personales -LO 3/2018, LOPDP -EDL 2018/128249--, normas que profundizan en las contradicciones que detectábamos entonces.

Nuestra consulta versa ahora sobre las obligaciones de publicidad activa: acciones llevadas a cabo por las propias administraciones urbanísticas sin que haya petición expresa de los ciudadanos. Lo cierto es que las administraciones urbanísticas siguen albergando dudas sobre lo que pueden o no pueden hacer público cuando, en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, aparecen datos de carácter personal relacionados con el desarrollo de la actividad urbanística. Es importante sentar bases que aclaren las posibilidades de incluir información, especialmente a través de medios telemáticos, que son soportes cada vez más utilizados por las administraciones públicas.

Aparte de los ficheros y los registros como el padrón, buena parte de las decisiones urbanísticas -planificación, información pública, contratos, convenios deben ser objeto de publicidad activa de acuerdo con la ley -artículos 7 y 8 de la Ley 19/2013 de transparencia -EDL 2013/232606--. Algunas leyes autonómicas de transparencia han incorporado determinaciones adicionales sobre la publicidad activa de los planes e instrumentos urbanísticos.

Los expedientes urbanísticos contienen datos personales, en el sentido amplísimo con que los define el artículo 4.1 del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-: datos de los propietarios de fincas afectados por actuaciones urbanísticas, incluidos expedientes sancionadores y de disciplina urbanística los datos necesarios para la elaboración, modificación o revisión de los planes urbanísticos datos registrales varios titulares de licencias solicitadas, concedidas y denegadas propietarios afectados por ventas y sustituciones forzosas dirección postal y catastral de los lugares donde se hacen obras presupuestos propietarios afectados por convenios urbanísticos adjudicatarios de viviendas de protección oficial entre otros. Además, podrían existir datos de carácter tributario, como los impuestos devengados por la realización de obras, que tienen el carácter de reservados conforme a la normativa sectorial.

Pero no todos estos datos personales están especialmente protegidos. Cuesta imaginar que la información contenida en un expediente urbanístico llegue a afectar a datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual -art. 15 de la Ley de transparencia -EDL 2013/232606--, de modo que sólo sea posible su tratamiento y publicación cuando el afectado haya dado su consentimiento o los datos se encuentren anonimizados, previa disociación de los mismos -art. 5.3 de la Ley 19/2013-. Otras veces no será precisa siquiera la identificación de los datos personales cuando el objetivo perseguido -la información de interés general pueda ser alcanzado con medidas neutrales para la intimidad de los afectados, limitándose a datos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la administración urbanística.

En cualquier caso, es necesario acotar cuáles son los límites del derecho a la protección de datos de carácter personal para que no se vean comprometidos ni el principio de eficacia ni el control de la legalidad urbanística. O dicho con otras palabras: en qué contexto prevalece el interés público en la divulgación de datos a través de los cauces de la publicidad activa, especialmente en sitios web institucionales o publicaciones oficiales. Las recomendaciones y consultas realizadas a las agencias de protección de datos de los últimos años, y también los conflictos resueltos por los tribunales, acreditan que es un tema controvertido.

En relación con los convenios urbanísticos, el Tribunal Supremo considera que la publicación de los datos personales -nombre, apellidos, NIF y domicilio completo que puedan figurar en el texto del convenio no necesita del consentimiento de los afectados -STS 1501/2012, FJ. 5 -EDJ 2012/36326--. La publicación de los datos personales que contiene un convenio urbanístico, tanto de los intervinientes en él como de los propietarios no intervinientes, es un tratamiento pertinente, adecuado y no excesivo en relación con la finalidad para la que fueron obtenidos y se ajusta al principio de proporcionalidad. Son parte interesada en un convenio urbanístico no sólo quienes firman el mismo, sino todos los ciudadanos, al ser una pluralidad indeterminadas de personas los destinatarios de la acción urbanística.

En relación con la información relativa a las listas de adjudicatarios de viviendas de protección oficial, las agencias de protección de datos avalan que las webs institucionales exhiban los nombres y apellidos de quieres resulten adjudicatarios, por ser datos suficientes para su identificación, mientras que entienden que la inclusión del DNI sería un dato excesivo o no justificado.

Un caso especialmente conflictivo afecta a las licencias y otros títulos de intervención urbanística, dado que la norma -salvo excepciones en alguna comunidad autónoma como Navarra no establece ninguna obligación de publicidad activa -sí existe un derecho al acceso a la información, con los límites generales-. Las consultas resueltas por las agencias autonómicas ilustran que los datos de expedientes pueden ser fácilmente disociados y que su difusión incrementaría notablemente la transparencia en una materia propicia al ejercicio desviado del poder.

Encontramos un límite general en el artículo 6.1.e del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, que considera que el tratamiento de los datos será lícito si se hace para -el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes conferidos al responsable del tratamiento-. Como el urbanismo es una acción pública que persigue el interés general -artículo 4 del TRLS -EDL 2015/188203--, podemos concluir que estaría cubierto por esta excepción que ampara el tratamiento y la publicidad de datos de carácter personal.

Para conciliar los intereses legítimos del titular de los datos con la legalidad urbanística es necesario un juicio de ponderación favorable a los objetivos de interés público -art. 15.3 por remisión del artículo 5.3 de la Ley de transparencia -EDL 2013/232606--, que corresponde hacer al responsable del tratamiento de los datos. Esta tarea exige atender a las circunstancias del caso y concretar algunos conceptos jurídicos indeterminados -el propio concepto de interés público en la divulgación, de -información de relevancia jurídica o de pertinencia y proporcionalidad-, de ahí que resulte difícil sistematizar criterios generales. No hay soluciones genéricas, sino que habrá́ que atender a cada instrumento de publicidad activa, analizar la previsión legal y la finalidad que se establece, y con ello conformar una regla que permita identificar los supuestos en que se deben incluir más o menos datos en la publicidad. El tiempo de la exhibición también es un factor relevante.

El responsable del tratamiento de los datos contará con la asistencia del delegado de protección de datos, cuyo nombramiento es obligatorio en las administraciones públicas -art. 37.1a del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900--, como recuerda la Agencia Española de Protección de Datos en una consulta relativa al padrón municipal -N/REF: 013704/2019-.

Por supuesto, el titular de los datos siempre tiene la posibilidad de ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, conocidos como -derechos ARCO-, previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-.

Entrando ya en la última de las preguntas que se nos formulan, relativa a la responsabilidad cuando son varias las administraciones implicadas en una actuación urbanística, hace tiempo que nuestros tribunales han tenido que enfrentarse a este problema -por ejemplo, STS 3636/2012 -EDJ 2012/103557--, si bien no en relación con el tratamiento de los datos. El artículo 26 del reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 regula la eventual corresponsabilidad del tratamiento de datos -cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios y el artículo 29 de la LOPDP -EDL 2018/128249 dispone que para depurar las responsabilidades se atenderá -a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento-. En todo caso, el artículo 26.3 del Reglamento -UE permite a los interesados ejercer sus derechos -frente a, y en contra de, cada uno de los responsables-.

El artículo 82 del Reglamento -UE -EDL 2016/48900 reconoce también el derecho a obtener una indemnización efectiva y solidaria a toda persona que haya sufrido daños como consecuencia de una infracción en materia de protección de datos, y la preocupación subyacente parece ser la solidaridad frente al ciudadano. Recuérdese que el artículo 33 de la Ley 40/2015, LRJSP -EDL 2015/167833-, al regular la responsabilidad patrimonial concurrente de las Administraciones públicas, atiende a criterios tales como la competencia, el interés público tutelado o la intensidad en la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada administración en la producción del daño.

El tema qu...

El tema que ahora nos ocupa atañe a la ponderación entre el principio de transparencia en la acción de los poderes públicos y la protección de los datos de carácter personal.

Por paradójico que resulte, aquel encontró su más acabada definición en el preámbulo de la nefasta Ley de secretos oficiales de 1968 -EDL 1968/1321 -que continúa inopinadamente vigente en sus aspectos esenciales-: “las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos”. Por su parte, la protección de datos de carácter personal se ha ido transmutando de garantía de derechos en derecho autónomo, metamorfosis auspiciada por el cambio en la doctrina constitucional del artículo 18.4 CE -EDL 1978/3879-.

Dicho esto, estimo oportuno hacer expresas tres objeciones a la configuración actual del derecho a la protección de datos, rectius a su preponderancia en el debate sobre el tratamiento de la información en posesión de las administraciones públicas.

La primera de ellas versa sobre la falta de una adecuada ponderación entre la transparencia y la protección de datos. Aquella es requisito esencial del obrar de las administraciones públicas en una democracia avanzada, pues es preciso que los ciudadanos, fuente de legitimidad de todo poder y destino de la acción administrativa, tengan las herramientas suficientes para valorar el recto proceder de los titulares de los poderes públicos. Sentada esta premisa, parece obligado poner a disposición de la ciudadanía las informaciones necesarias para que los ciudadanos juzguen la probidad en el ejercicio de las potestades públicas -también la de planeamiento-, la idoneidad de las medidas para el buen servicio al interés general y la afección a su esfera de derechos e intereses legítimos.

A su vez, la protección de datos representa una garantía de que esa transparencia no se convertirá en puro exhibicionismo ni revelación de informaciones y datos que no interesan a los ciudadanos en cuanto tales sino que, acaso, satisfarán unas poco loables ansias de comadre. La administración pública debe ofrecer cuanta información sea precisa para valorar las medidas adoptadas pero ha de cuidar de no divulgar ninguna otra que no permita la recta inteligencia de sus decisiones y que pueda ser objeto de un ilegítimo tratamiento por terceros. Dicho de otro modo y asumiendo el riesgo de una excesiva simplificación, protección de datos y transparencia no debieran ponerse en el mismo plano sino que convendría establecer entre ambos términos una relación de medio -bien que negativo y fin.

Con la segunda objeción me gustaría poner sobre la mesa la consecuencia orgánica de esa indebida equiparación, cuando no reconocimiento de la primacía de la protección de datos frente a la transparencia. El caso español es paradigmático al respecto -y contrasta vivamente con otros modelos, como puede ser el mexicano, más equilibrado en este punto—, como fácilmente constatará el lector avisado. En España la creación de una agencia de protección de datos no solo ha precedido en el tiempo a la de una instancia tendencialmente similar de defensa de la transparencia, sino que todo intento de equiparación entre la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un esfuerzo intelectual inútil. La Agencia se ha venido configurando como un organismo dotado no solo de autonomía funcional y de independencia personal de su director sino que ha tenido todos los recursos a su disposición para integrarse en una amplia red de instancias de protección de datos personales. Por el contrario, el Consejo carece siquiera de potestad sancionadora y su brillante trayectoria es el fruto del trabajo abnegado de sus escasos servidores. Cabe sugerir la conveniencia de valorar la unificación de ambas instancias, de modo que también desde la perspectiva orgánica la protección de datos se incardine en la garantía de la transparencia del actuar de los poderes públicos, asegurando que no se divulguen aquellos datos cuyo conocimiento general no resulte estrictamente necesario para el ejercicio de sus derechos por la ciudadanía.

Finalmente, me gustaría apuntar, como tercera objeción, la existencia de soluciones técnicas que resuelven el conflicto entre transparencia y protección de datos. Bien sabemos que este adquiere su dimensión actual y problemática en el marco de la red global -Internet-. De igual modo, seremos conscientes de que internet de nada sirve sin unos adecuados buscadores. Sin esos motores de búsqueda, internet equivale a un almacén de libros, no a una biblioteca, en el que el interesado no logrará hallar lo que busca si no es por puro azar los buscadores introducen racionalidad en el almacenamiento de datos y permiten hallar aquello que nos interesa. Sucede, sin embargo, que por lo común cuando se habla de protección de datos apenas se mira a quien ordena la información y solemos poner todo el peso en quien “la sube” a la red y es que resulta más fácil imponer cargas y obligaciones a los suministradores de información que ordenar la actividad de los buscadores, guías y dueños en tanto que tales de la red -en un laberinto lóbrego quien porta la antorcha es el dueño del destino de los caminantes-.

No obstante, existen soluciones técnicas que permiten que una parte de la información “subida” a la red no sea fácilmente localizable por terceros. Un adecuado uso de las técnicas de encriptación permite que los buscadores no difundan los documentos en función exclusiva del nombre y apellidos de los interesados o de otros datos de carácter personal cuyo conocimiento puede ser exigido para la cabal comprensión del documento de que se trate pero que no deben ser utilizados como criterios de búsqueda.

Dicho esto, nos hallamos en condiciones de dar pronta respuesta a las preguntas que se nos formulan en este tema comenzando por la relativa a los límites para la transparencia, sub aespecie publicidad activa, derivados de la protección de datos de carácter personal. En línea de principio creo que es preciso hacer hincapié en la improcedencia de proporcionar datos personales que no sean estrictamente necesarios para la comprensión y eficacia de la norma, convenio, resolución o acto administrativo de que se trate. Esa comprensión a la que aludo es la propia de un ciudadano que ejerce sus derechos y su libertad de crítica de la acción pública precisará conocer la identidad de quienes alcancen acuerdos con la administración, de quienes se vean favorecidos o perjudicados por sus decisiones discrecionales. Pero quien no trate de ejercer sus derechos de ciudadanía y solo desee ocupar su ocio -por limitarnos a una actividad de suyo no ilícita haciendo búsquedas prospectivas introduciendo nombres y apellidos no debería tener fácil acceso a esos documentos administrativos.

No creo, finalmente, que quepa centralizar la responsabilidad en la protección de datos, pues dicha responsabilidad es predicable de quien disponga de los datos obtenidos o recabados para el ejercicio de una concreta potestad pública. Precisamente porque la obtención de datos no es una competencia autónoma sino una función instrumental, ni su ejercicio ni las consecuencias en punto a responsabilidad derivadas del mismo pueden deslindarse de la competencia sustantiva de que se trate.

Sin necesi...

Sin necesidad de abundar en otros supuestos anteriores interesa dejar debidamente anotado que en la perspectiva de Derecho Comunitario debe destacarse muy especialmente la adopción del Reglamento -UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 -EDL 2016/48900-, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -Reglamento general de protección de datos-, así como de la Directiva -UE 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 -EDL 2016/48901-, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

En ese marco no debe dudar que se pretende superar los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 -EDL 1995/16021-, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. Y ello en razón a que la transposición de esa directiva por los Estados miembros se plasmó en un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en último extremo, condujo a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los ciudadanos.

En este punto y como se subraya en el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-:

“... no se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención puede ser procedente, incluso necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate”

“ Así, el principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el europeo”.

“De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento jurídico. En definitiva, el principio de seguridad jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea quede definitivamente eliminada «mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse» -Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto Comisión vs. España de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia y de 15 de octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia-. Por último, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de «desarrollo» o complemento del Derecho de la Unión Europea”.

Y en su consecuencia no cabe pasar por alto que la adaptación al Reglamento general de protección de datos -EDL 2016/48900-, que será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración de una nueva ley orgánica que finalmente se constituye en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-.

Pero es que esa ordenación con sus principios para con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos –de derecho comunitario y de derecho interno debe ponerse igualmente en relación y en equilibrio con otras ordenaciones y sus principios y en concreto en materia urbanística.

No debe silenciarse gran pluralidad de vertientes que en materia urbanística son singularmente sensibles de hace tan pronunciado tiempo y entre otros como:

la suscripción de convenios urbanísticos –entre otros, de planeamiento, de gestión urbanística de titulación habilitante, de protección de la legalidad urbanística tan necesitados de ser transparentes y estar sometidos a información pública o/y al principio de publicidad,

así mismo la vertiente de planeamiento urbanístico –en su caso de promoción de iniciativa privada o de modificaciones de planeamiento hasta de oficio en beneficio a determinados particulares con la obligación de identificar los propietarios favorecidos en la correspondiente documentación, sometidos igualmente a información pública y publicidad,

igualmente en materia de gestión urbanística en los que resulta capital identificar titulares para mantener en sus términos el principio de legalidad en sede de quórums o de justa distribución de beneficios y cargas y todo ello adornado de la misma forma por las debidas garantías de información pública y publicidad,

también en la vertiente de los hechos determinantes cuando concurren Sentencias firmes en su caso contencioso administrativas en favor o en contra de determinados titulares y en los supuestos en que se trata de incidir con el ejercicio de las potestades urbanísticas.

En definitiva toda una pléyade de supuestos en que inevitablemente pueden hallarse imbricados elementos a considerar también desde la perspectiva de la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En todo caso, además de las previsiones legales aplicables en materia urbanística tampoco resulta ocioso traer a colación lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606-, en su triple dimensión de:

incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública -que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas-,

reconocer y garantizar el acceso a la información -regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo-

y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento -lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública-.

En definitiva y a los presentes efectos, importa no perder de vista y en los términos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -EDL 2018/128249-:

-De una parte, su artículo 8 para con la vertiente de Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos, con sus remisiones al Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, en cuanto dispone:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento -UE 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e del Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900-, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”.

-Y, de otra parte, su Disposición Adicional Primera respecto a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -EDL 2013/232606-, y con sus remisiones a la misma, al establecer.

“Disposición adicional segunda. Protección de datos y transparencia y acceso a la información pública.

La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre -EDL 2013/232606-, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 y en la presente ley orgánica”.

En definitiva y con todo, salvadas las debidas garantías tratando de buscar un equilibrio, quizá no fácil sino exigente, entre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las exigencias de transparencia, información pública y publicidad y en concreto en la materia urbanística tan necesitada de evitar espacios inmunes al conocimiento y presididos por el oscurantismo.

Espacios concurrentes en que operan las perspectivas ya expuestas y que a no dudarlo van a involucrar a cualquier Administración que resulte concernida en la actuación de que se trate. Así en sede de convención urbanística, de planeamiento urbanístico, gestión urbanística, y demás materias a que se ha hecho mención para asegurar y hacer prevalecer los principios ínsitos en el ejercicio de las correspondientes potestades urbanísticas.