Raúl Rubio, socio de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca: "La complejidad normativa dificulta la participación informada de la sociedad en el debate regulatorio"
Entrevistamos a Raúl Rubio, socio de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca, con ocasión de la puesta en marcha del Centro Europeo de la Regulación Digital que se ha creado a iniciativa conjunta de Pérez-Llorca y la Universidad Carlos III de Madrid y contando con la colaboración de la consultora Vinces.
- ¿Cómo y por qué nace el Centro Europeo de la Regulación Digital entre Pérez-Llorca y la Universidad Carlos III de Madrid?
El Centro Europeo de la Regulación Digital surge de la necesidad de abordar los retos de la regulación digital desde una perspectiva más estratégica, intentando contribuir al desarrollo de análisis y enfoques jurídico-económicos que ayuden a promover la eficiencia normativa en el sector digital.
Esta necesidad se ve impulsada por la fuerte presión regulatoria desarrollada en los últimos años hacia el sector digital y que previsiblemente tendrá continuidad. Se trata de un marco regulatorio complejo, con objetivos múltiples (protección de la competencia, derechos de los ciudadanos, impulso de la economía del dato, ciberseguridad, etc.), donde participan distintos organismos de la UE, sin que exista un dueño único de la regulación digital.
La dispersión normativa y la gran variedad de supuestos, sujetos y actividades a las que puede afectar pueden generar incertidumbre a la hora de aplicar, interpretar y desarrollar estas normas, causando inseguridad jurídica y condicionando el cumplimiento efectivo de sus objetivos.
En este contexto, el Centro busca ser un espacio de encuentro y análisis que facilite la convergencia entre diversos stakeholders, ofreciendo apoyo técnico-jurídico y fomentando el conocimiento sobre cómo enfrentar los problemas regulatorios que afectan al ámbito digital.
La colaboración con la Universidad Carlos III nos permitirá aplicar el rigor y talento académicos al análisis y resolución de problemas concretos, actuando como un centro de estudios aplicados que facilite la transferencia de conocimiento.
- ¿Qué puede aportar Vinces al proyecto?
Vinces cuenta con una amplia experiencia en la interlocución entre el sector privado y las instituciones públicas, facilitando el diálogo y la colaboración entre ambos. Vinces tiene una sólida comprensión de los procesos legislativos y regulatorios a nivel europeo y su papel será clave para navegar en el complejo entorno de la regulación digital. Su capacidad para analizar el impacto de la legislación y desarrollar estrategias que alineen los intereses del sector privado con los objetivos regulatorios creemos que puede ser muy valiosa.
- Teniendo en cuenta el creciente impacto de la digitalización en nuestra sociedad, ¿cuál crees que será el papel del Centro en la configuración de las futuras políticas de regulación digital en Europa?
El Centro únicamente trata de ser un apoyo más para el sector público y privado a la hora de gestionar algunos de los retos que la digitalización plantea. Aspiramos a actuar como un punto de referencia técnico que aporte datos aprovechables a la hora de actuar regulatoriamente en este ámbito.
La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, produciendo cambios disruptivos en múltiples ámbitos de nuestra vida. Esto genera incertidumbre y temores en la sociedad que, en ocasiones, se traducen en reacciones emocionales o simplistas ante los desafíos que se nos plantean.
Por otro lado, la propia complejidad de las normas que regulan estos ámbitos tecnológicos puede contribuir a generar confusión y desinformación. Las leyes y reglamentos se vuelven cada vez más técnicos y especializados, alejándose del lenguaje y la comprensión del ciudadano medio. Esto dificulta la participación informada de la sociedad en el debate regulatorio.
Desde el Centro Europeo de la Regulación Digital creemos que es necesario combatir estos riesgos profundizando en el análisis de los problemas desde una perspectiva multidisciplinar. Necesitamos estudios que integren los conocimientos de expertos en derecho, economía, ciencia política, sociología, ética y, por supuesto, tecnología. Solo así podremos entender en toda su complejidad los retos que plantea la digitalización y proponer soluciones efectivas y equilibradas. El Centro quiere actuar como catalizador de estos trabajos, involucrando a empresas, instituciones, centros de investigación, etc.
En los próximos años se decidirán cuestiones tan relevantes como la manera en que se protegerán los derechos humanos en entornos digitales o cómo incentivar un modelo de desarrollo tecnológico sostenible y responsable, sin caer en una sobreprotección o burocratización excesivas que ahoguen la innovación. Si no somos capaces de generar un debate social amplio y riguroso sobre estas cuestiones, corremos el riesgo de caer en dilemas falsos y modelos simplistas que no harán justicia a la complejidad del problema.
En definitiva, creemos que la clave está en profundizar en el análisis y en involucrar a la sociedad en su conjunto. Sólo así podremos construir un marco regulatorio para la era digital que sea a la vez eficaz, justo y democrático. Y ese es el reto al que muy humildemente se quiere sumar el Centro Europeo de la Regulación Digital, tratando de aportar su grano de arena y animando a que otros lo hagan igualmente.
- En este sentido, a tu juicio ¿cuáles son a corto y medio plazo los principales desafíos regulatorios a los que se enfrenta el sector digital?
Existen muchos, pero uno de los más descuidados a mi juicio es el de la brecha digital. La brecha digital hace referencia a la desigualdad que existe entre las personas que pueden tener acceso y conocimientos con relación a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y aquellas que no. Esta falta o dificultad de acceso a los medios y servicios digitales limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional, especialmente para grupos vulnerables como personas mayores, de bajos ingresos, con discapacidad, etc.
Este problema se afronta muchas veces desde la perspectiva de la capacitación digital, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias digitales en la población. Sin duda esto es necesario, pero no suficiente. El camino también hay que intentar recorrerlo a la inversa, acercando la tecnología a la sociedad y mejorando su usabilidad.
Esto también afecta a la propia regulación digital. En estos días hemos visto en prensa como Reino Unido ha prohibido a los fabricantes el uso de contraseñas débiles por defecto. Para una gran parte de los usuarios esto puede suponer una mejora de su seguridad informática, pero para otra quizá actúe como un factor más de exclusión.
La biometría, entendida como el uso de características físicas o de comportamiento únicas de cada individuo para su identificación, podría ser un elemento clave para mitigar la brecha digital si se desarrolla y aplica adecuadamente, pero lo cierto es que, a pesar de su potencial, se enfrenta a restricciones regulatorias importantes que pueden desincentivar su uso. Creo que en los próximos años deberíamos trabajar en un modelo regulatorio que facilite y simplifique su uso, manteniendo unos estándares adecuados de protección.
- La ciudadanía digital (e-Residency) que ofrece Estonia ¿es un desafío o una oportunidad en el plano regulatorio?
La e-Residencia de Estonia ofrece la posibilidad de iniciar una empresa de la UE en línea sin mudarse, sin burocracia y con beneficios fiscales competitivos. Estonia es un Estado líder en cuanto a digitalización que permite firmar contratos, presentar informes y operar negocios de forma remota y eficiente, destacándose por su infraestructura digital avanzada y servicios amigables para las empresas.
La Unión Europea y sus Estados Miembros están adoptando medidas para fomentar la economía digital, siguiendo el ejemplo de Estonia. Esto incluye la implementación de herramientas como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) para monitorizar y mejorar la digitalización en áreas como servicios públicos en línea, capacidades digitales y uso de Internet.
La iniciativa "better regulation" de la Unión Europea se centra también en mejorar la calidad de la regulación para garantizar que se regule solo cuando sea necesario, de forma transparente e inclusiva, con el objetivo de mejorar la competitividad y aceptación dentro de la UE. Esta iniciativa implica medidas como evaluaciones de impacto, reducción de requisitos burocráticos y armonización de regulaciones entre los Estados miembros para simplificar procesos y reducir cargas innecesarias sobre empresas y ciudadanos.
Creo que tras las próximas elecciones europeas que se celebrarán en junio será clave que la UE lleve a la práctica estas iniciativas de mejora de la regulación, especialmente en el ámbito de la digital.
- ¿Cómo es y será la relación entre el Centro Europeo de la Regulación Digital con otras entidades y organizaciones que también se ocupan de la regulación digital a nivel europeo e internacional?
El Centro buscará activamente establecer colaboraciones y participar en redes de conocimiento que permitan compartir experiencias, investigaciones y mejores prácticas en el ámbito de la regulación digital a nivel europeo e internacional, todo ello con el objetivo de abordar de manera más efectiva los desafíos regulatorios en el entorno digital.
La finalidad de estas colaboraciones será doble. Por un lado, enriquecer el trabajo del Centro mediante la incorporación de perspectivas diversas y complementarias y, por otro, contribuir al debate y a la formulación de políticas de regulación digital más coherentes, efectivas y adaptadas a los desafíos globales.
El Centro impulsará y participará activamente en redes y foros internacionales relacionados con la regulación digital, participando en el diálogo global sobre cómo abordar los retos digitales de manera colaborativa y sostenible.
- Y para terminar, en tu calidad de experto en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología ¿consideras que la regulación en el sector digital ha de ser sostenible para propiciar la seguridad jurídica? ¿Cómo crees que se puede conseguir?
Sin duda, trabajar por una regulación sostenible es fundamental. La sostenibilidad en este contexto la interpreto como la capacidad de la regulación para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos sin perder de vista la protección de los derechos fundamentales y la promoción de un entorno competitivo y justo. Un enfoque de la regulación excesivamente formalista y basado en las sanciones más que en los incentivos no ayudará en este sentido y puede desincentivar la innovación en determinados ámbitos sin que existan causas objetivas para ello, más allá de las propias trabas regulatorias.
A mi juicio, es necesario adoptar un enfoque dinámico y flexible que permita actualizar y ajustar las normativas a medida que evolucionan las tecnologías y los modelos de negocio. Esto se puede conseguir, por un lado, reduciendo la carga de obligaciones preventivas al tiempo que se refuerzan las herramientas que desde la perspectiva civil tengan los ciudadanos para verse compensados ante potenciales abusos y, por otro lado, promoviendo la autorregulación y la co-regulación, donde el sector privado, en colaboración con las autoridades, desarrolle y aplique estándares y códigos de conducta que complementen la regulación formal.
Otro elemento clave será el de trabajar hacia la armonización de las regulaciones a nivel internacional para evitar la fragmentación del mercado y facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra desafíos que son comunes.
- ¿Cuáles son los próximos pasos o proyectos a acometer por el Centro Europeo de la Regulación Digital?
A finales de este mes, tendremos una primera sesión de trabajo del Centro para debatir sobre la gestión individual de derechos sobre los contenidos en internet, como modelo alternativo a la gestión colectiva de determinados derechos de propiedad intelectual, y estamos ya trabajando en otra mesa sobre la forma de aplicar el nuevo Reglamento 2024/1028 que obliga a las plataformas digitales de alquiler de viviendas por periodos de corta duración a compartir los datos con las autoridades. Después del verano pondremos en marcha otras iniciativas relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial y con la ciberseguridad.