Telefónica Argentina presentó una medida de inconstitucionalidad y otra cautelar sobre el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 690. Sin embargo, el juzgado Contencioso Administrativo Federal número cinco rechazó tal solicitud de la cautelar, sosteniendo que la empresa "no alcanzó a demostrar la verosimilitud" de un supuesto perjuicio invocado en la presentación judicial.
En lo que respecta a la solicitud de inconstitucionalidad del DNU, el juzgado indicó debe "ser fundado sobre la base del perjuicio de la disposición le acarrea a la generalidad de las personas, mas no de aquel que solo se proyecta sobre algunas ellas por las particulares condiciones en que se encuentran".
La compañía argumentó en el juicio celebrado esta semana que la declaración como servicio público y la fijación de un régimen de regulación de precios "afectan de manera directa al estatus jurídico de las licencias y los derechos de las cuales actualmente es titular y bajo las cuales presta servicios".
No obstante, la Justicia argentina consideró que en el caso no corresponde acceder a la cautelar solicitada "puesto que no se hallan acreditados los requisitos necesarios para su procedencia".
Tras la resolución, Telefónica ya ha confirmado que va a presentar un recurso de apelación, indicaron a Europa Press en fuentes de la compañía.
La sentencia emitida por el juzgado Contencioso Administrativo contra los intereses de Telefónica Argentina contrasta con la emitida por la Cámara Contencioso Administrativo Federal el pasado 13 de mayo, por la que se suspendieron los efectos del DNU 690 y se admitió la solicitud de cautelares de Telecom, una 'teleco' argentina.
El Decreto Nacional de Urgencia 690.
El pasado 21 de agosto, en el marco de la pandemia, el Gobierno argentino publicó el DNU 690, por el que declaró como servicio esencial a las telecomunicaciones y fijó un marco regulatorio para las tarifas.
De este modo, la Administración de Alberto Fernández puso en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la política de fijación de tarifas para asegurar la universalidad del servicio en el contexto de la pandemia.
Tras la emisión del DNU, varias empresas de la industria publicaron una carta en contra de tal decreto, aludiendo que "semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de millones de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de servicios que reciban en el futuro".
Fuente de la noticia: Europa Press
