Ruth De Miguel: "La Responsabilidad Social de la Abogacía deriva del compromiso implícito con un sistema justo y equitativo"
20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social
Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, entrevistamos a Ruth De Miguel, directora del Centro de Responsabilidad Social del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
- ¿Qué es la Responsabilidad Social de la Abogacía y qué puede hacerse desde Abogacía para conseguir mayor justicia social?
El Consejo de la Abogacía Europea toma de la Comisión Europea el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”, y por tanto, los Colegios de Abogados, en tanto que colegios profesionales, son destinatarios de estas indicaciones.
La Responsabilidad Social de la Abogacía deriva del compromiso implícito con un sistema justo y equitativo. Los abogados y las abogadas pueden ser verdaderos agentes sociales, defensores de los valores humanos y de la promoción de la justicia, ya que el fin último de la abogacía es el sostenimiento del Estado de Derecho mediante la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
- ¿Cuáles son los objetivos del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña del ICAM?
El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña (CRSAM), del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se creó en el año 2008, con el objeto de atender a la Responsabilidad Social del Colegio y a la de sus colegiados. Por ello, el CRSAM tiene como misión el fomentar la acción social y el voluntariado social, con el fin de promover la mejora de los derechos y el acceso a la justicia y a la asistencia legal de los colectivos en riesgo de exclusión social; todo ello con pleno respeto a aquellas otras funciones de interés general que el Colegio tiene legal y estatutariamente encomendadas.
- ¿Cuáles son las principales acciones que se están promoviendo desde el Centro de Responsabilidad Social del ICAM?
En cumplimento de esta misión, es un centro de intermediación entre entidades sociales y abogados que realizan asesoramiento jurídico pro bono, sensibiliza acerca de la justicia social y desarrolla actividades formativas en materia jurídica para colectivos en riesgo de exclusión, así como para promover la responsabilidad social de los abogados y estudiantes de Derecho.
- En los últimos años, según el informe de la fundación Bertelsmann sobre justicia social, España ha pasado del puesto 24 al 21 dentro de los países de la UE, siendo el principal problema el acceso al mercado laboral y la mayor fortaleza, la sanidad. ¿Cuál es la situación actual dentro del ámbito jurídico?
A pesar de la relativa mejora, la posición de España se viene deteriorando desde 2008 debido a la agudización de la desigualdad económica. Lamentablemente, en España, los beneficios de un crecimiento del PIB por encima de la media europea no se han traducido en una reducción de las profundas injusticias sociales existentes, sino por el contrario, en un crecimiento de la pobreza.
Para superar esa contradicción, se han de tener en cuenta políticas públicas dirigidas a la disminución de la desigualdad: un mercado de trabajo con menos temporalidad, que supere la brecha salarial entre mujeres y hombres y que permita una conciliación personal y laboral real, la necesaria revisión del sistema de pensiones, de la Ley de Dependencia, una regulación eficaz de la educación que promueva la igualdad y la inclusión social, el establecimiento de una nueva legislación sobre energías renovables y reducción de gases efecto invernadero, y la necesidad de leyes fiscales y presupuestarias que contemplen la vertiente más específicamente socioeconómica de la justicia, sobre todo, orientada a propiciar y garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y el reparto justo y equitativo de prosperidad y riqueza.
- En relación con la anterior pregunta, países como Islandia, Dinamarca, Suecia y Finlandia encabezan la clasificación en materia de justicia social ¿España debería “copiar” parte del modelo de alguno de estos países para mejorar en materia de justicia social?
Los países nórdicos son una referencia en modelos de estados de bienestar muy robustos con envidiables dimensiones en el ámbito de la prevención de la pobreza, educación igualitaria, inclusión social y justicia intergeneracional.
La salud de estos sistemas pasa por la integración de los jóvenes, de los trabajadores no cualificados y de los extranjeros en el mercado laboral, y por la integración de los intereses de los jóvenes a la hora de hacer políticas, en particular las relativas a cambio climático, lo que ha contribuido a una sólida justicia intergeneracional en estos países. También despuntan en sistemas de educación, donde las familias en desventaja social tienen acceso a la misma calidad educativa que aquélla a la que acceden las más solventes.
Como ya ha señalado el Fondo Monetario Internacional, deberíamos tener presente que más justicia social promueve el crecimiento económico: el aumento de la desigualdad en ingresos y oportunidades tiene un impacto negativo en el crecimiento económico a largo plazo, por lo que se hace necesario un acercamiento multidimensional.
- ¿Son las “clínicas jurídicas” una solución para lograr un mejor acceso a la asistencia jurídica?
Al tratarse de esferas diferentes, en todo caso, las clínicas jurídicas podrían verse como un complemento a la asistencia jurídica gratuita, no una “solución”.
Desde mi perspectiva, la educación clínica es más una herramienta de cambio social.
Los estudiantes de Derecho que son parte de esta metodología de enseñanza basada en la práctica profesional, entran en contacto con la realidad, con los problemas complejos que son objeto de estudio, con un derecho al servicio del interés público y como herramienta de transformación social. Es un modelo con un potente impacto social, en el que universidad y sociedad se benefician mutuamente, y a través del cual, se forman futuros juristas con perspectiva social y éticamente responsables para la prestación de asistencia jurídica en su posterior ámbito de especialidad.
- ¿A qué retos se enfrenta España en materia de justicia social?
Las graves dificultades de acceso al mercado laboral, los elevados niveles de endeudamiento del sistema de pensiones que suponen una carga para las generaciones futuras y los limitados avances en cuanto a políticas climáticas y medioambientales reflejan la falta de progresos en materia de igualdad intergeneracional y prevención de la pobreza.
Lo cierto es que los bajos niveles salariales y la precariedad laboral existente en España, hacen que el empleo en sí mismo ya no sea una garantía de protección adecuada. Con el modelo vigente, la mayor parte de la población carece de ahorros en la última etapa de la vida adulta, por lo que su única alternativa de supervivencia es el sistema público de pensiones. Respecto a los jóvenes, inquieta la alta tasa de desempleo y de duración de los períodos en paro, con un ascensor social que, además, ha dejado de funcionar, ya que la educación no facilita como en otros tiempos, la movilidad social, lo que empuja a esta pieza fundamental a sentirse excluida socialmente cuando es quien tiene el futuro en sus manos.