Para la mayoría del tribunal, la extracción de ejemplares “es desproporcionada, sin antes aplicar otras medidas de prevención y protección del ganado y de control del lobo ibérico que no supongan su muerte”.
En un auto hoy dado a conocer, el tribunal atiende a la petición de suspensión cautelar pedida por ASCEL, que la pasada semana presentó un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del ejecutivo regional que autorizaban la caza de ejemplares de lobo y contra las resoluciones de rechazaban el recurso de alzada que la asociación conservacionista presentó contra aquellas.
Junto al recurso contencioso-administrativo, ASCEL solicitó la suspensión de las resoluciones en tanto la Sala tramita el recurso contencioso-administrativo y dirime si las citadas resoluciones se ajustan o no a derecho.
Tras escuchar las razones de la administración para autorizar la extracción de varios ejemplares de lobo, la Sala resuelve ahora estimando la petición de ASCEL, si bien la decisión cuenta con un voto particular.
Para la magistrada Paz Hidalgo, las autorizaciones “tienen cobertura legal, se han dictado siguiendo el procedimiento y están motivadas y resultan proporcionales y adecuadas a la vista de los intereses en conflicto”.
La extracción de ejemplares resulta desproporcionada
Para la mayoría de la Sala, “continuar matando al lobo en Cantabria tiene una incidencia lesiva sobre los intereses de la asociación recurrente que procura su protección, también irreversible e irreparable, así como desproporcionado frente a los posibles daños al ganado por los ataques que resultan reparables económicamente, a pesar del perjuicio incluso moral que pueda producirse en ocasiones a sus propietarios”.
En este sentido, explica el tribunal que la orden ministerial que ha modificado el nivel de protección del lobo también contempla la extracción de ejemplares “cuando se haya demostrado que se han aplicado adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado y hayan resultado ineficaces, así como otras de protección que hayan sido previamente valoradas favorablemente por la comunidad autónoma o para las cuales se disponga de evidencia científica sobre su efectividad, como puedan llegar a ser las traslocaciones de ejemplares o manadas a otras zonas del territorio español o su captura para la investigación científica, esterilización en algunos casos”.
“Esas medidas de prevención, así como otras de protección valoradas favorablemente por la Comunidad Autónoma de Cantabria –continúa el auto- son las que no aparecen desarrolladas”.
Por ello, la Sala estima que “la medida de extracción de los ejemplares resulta desproporcionada sin antes adoptar aquellas” y “debe prevalecer el interés general de conservación de la especie de lobo ibérico, sin olvidar que durante la temporada 2020-2021 se mataron 34 ejemplares, a los que habrá que sumar los 32 previstos en Asturias y 113 en Castilla y León”.
Voto particular
La magistrada Paz Hidalgo ha emitido un voto particular en el que expresa su posición discrepante, ya que considera que las autorizaciones no debían haber quedado en suspenso.
A su juicio, las autorizaciones tienen “cobertura legal, se han dictado siguiendo el procedimiento, están motivadas y resultan proporcionales y adecuadas a la vista de los intereses en conflicto, teniendo en cuenta no sólo las resoluciones recurridas sino también la documentación aportada” por el Gobierno de Cantabria.
En este sentido, señala la magistrada que “no existía otra solución satisfactoria, en tanto que no han resultado eficaces las medidas preventivas referidas, sin que pueda exigirse otras medidas de protección, cuya implantación exige una previa valoración por la comunidad autónoma que sea favorable y que dispongan de evidencia científica sobre su efectividad”. “No existen otras medidas a la vista de las circunstancias que describen las resoluciones”, apostilla.
En consecuencia, la magistrada discrepante considera que “existe proporcionalidad de la medida de extracción del lobo” y que el interés general que protege la asociación conservacionista “debe anudarse al estado de conservación del lobo, constando debidamente justificada la existencia de perjuicios importantes derivados de los ataques de la población del lobo, incrementada en Cantabria”.
