El modelo de UPyD, que no implicaría cambiar la Constitución, mantiene los ocho puestos reservados a juristas de reconocido prestigio, que habrán de ser propuestos por los grupos parlamentarios y elegirse la mitad en el Congreso y la otra mitad en el Senado. Eso sí, quiere que tengan 20 años de ejercicio profesional.
Es en los otros doce puestos del Consejo donde introduce las principales novedades. Su apuesta es que sean jueces y magistrados elegidos de forma directa, en listas abiertas y con voto secreto, por distintos colectivos profesionales de la Justicia: cuatro por los jueces, tres por los secretarios judiciales, otros tres por los fiscales y dos por los abogados.
Además, UPyD también quiere que la reforma legal establezca que los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces sólo puedan repetir una vez en el puesto.
LAS CORTES DAN LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
Rosa Díez ya esbozó su propuesta el pasado miércoles en su interpelación al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien rechazó la idea alegando que dejar el CGPJ sólo en manos de los profesionales de la Justicia es "un modelo de sufragio censitario con carácter gremial", en el que estarían "excluidos el resto de ciudadanos", mientras que ahora hay una legitimidad democrática que otorga el hecho de que las Cortes Generales tengan la última palabra.
El titular de Justicia defendió que el actual modelo, puesto en marcha en 1985 y modificado en 2001 para aumentar la participación de las asociaciones judiciales, es "plenamente constitucional y expresa la voluntad y el pluralismo del pueblo español", ya que las Cortes son las únicas que pueden aportar "la mayor legitimidad democrática dentro de un sistema parlamentario".
"En un Estado democrático nada tiene más legitimidad que el Parlamento", dijo Caamaño antes de subrayar que, al margen del CGPJ, son la Constitución y las leyes las que garantizan la independencia de los jueces en su función jurisdiccional. "Parece como si el Parlamento, en lugar de legitimar el origen electivo de ciertos miembros del CGPJ, lo fuese a contaminar", comentó extrañado.
En este punto, rechazó que alguien pueda pensar que un juez o magistrado que haya tenido una "impecable trayectoria profesional" vaya a dejar de lado "su profesionalidad, su independencia y su criterio propio" por el hecho de ser nombrado vocal. "No sólo es independiente y libre para ejercer sus funciones, sino que se sentirá respaldado por el plus que le da el hecho de ser nombrado por los representantes de los españoles", ha defendido.
Rosa Díez ha exigido a socialistas y 'populares' que "saquen la mano" del Consejo General del Poder Judicial y pongan fin al sistema de "cuotas" entre la mayoría progresista y la conservadora, que ya "ni siquiera disimulan". "Ustedes son iguales, como la Visa y la Mastercard: distinto color, mismo objetivo", aseveró.
BASTA DE CUOTAS
A su juicio, el actual sistema conculca la separación de poderes y "traiciona sin paliativos" la letra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que insistía en la necesidad de "una absoluta sustracción del estatuto jurídico de jueces y magistrados a toda posible interferencia por parte de los otros poderes del Estado". "Éste no es un debate sobre cómo repartimos las cuotas --defendió Díez--. Es un debate para que no haya cuotas de los partidos políticos en el CGPJ, para que nadie hable en nombre de la cuota que lo ha designado".
Actualmente, el CGPJ está formado por 20 vocales, la mitad nombrados por el Congreso y la otra mitad por el Senado: 12 de ellos entre jueces y magistrados, preseleccionados por la asociaciones, y otros 8 son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos. Los 20 vocales electos eligen al presidente del Consejo, que también ostenta la máxima representación del Tribunal Supremo.
