El objetivo del Gobierno a la hora de adaptar la legislación es adecuarse a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. Se trata de evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España que puede incrementarse sin la reacción inmediata del Ministerio de Fomento.
Sin embargo, los sindicatos de estibadores (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT) no acepta la reforma y han convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo en contra de la aprobación de la medida.
La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.
Fuentes del Ministerio de Fomento han asegurado que se cuenta con un plan de contingencia en el caso de que los paros se lleven efectivamente a cabo. El plan fijará servicios mínimos y tratará de evitar colapsar las entradas y salidas de las instalaciones portuarias.
Por el momento, aún está abierta la negociación que han emprendido empresas y sindicatos del sector para tratar de dar una solución en el ámbito de la negociación colectiva y aceptar las reivindicaciones de los estibadores ante la reforma.
La reforma, como busca adaptar el sector a la normativa comunitaria, debe estar avalada por la Comisión Europea, que ya ha rechazado incluir varias de las reivindicaciones del colectivo de estibadores, entre ellas, la de contar con un mayor plazo transitorio, articular un registro de estibadores o incluir la subrogación de trabajadores.
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que hoy aprueba el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las actuales sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep.
Las Sagep monopolizan actualmente el sector, ya que de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que actualmente trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.
La reforma contempla que, o bien las empresas de estiba contraten directamente a los estibadores que necesiten, o que las Sagep se reconviertan en Centros Portuarios de Empleo, una firma con carácter de ETT.
Una vez que se apruebe en Consejo de Ministros, la reorganización del sector debe ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. Ahora, sólo queda esperar la respuesta de los grupos parlamentarios a favor de la medida de Fomento o de las reivindaciones del sector de estibadores.
