El Informe elaborado por la Comisión Europea es contundente. España progresa pero no adecuadamente. Las reformas planteadas para enfrentar la crisis económica han dado buenos resultados: la banca se estabiliza y el paro se reduce con unos datos positivos del 18.4 % de desempleo frente al 20.7 % del año 2015; sin embargo los indicadores sociales no son los esperados. España tiene uno de los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social más elevados de la Unión Europea. En concreto, el 13, 1 % de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza y el Indice Gini (indicar de la desigualdad) es uno de los más altos de la Unión Europea.
Como aparece recogido en el artículo 2.5 de la Ley 43/2006 y en el marginal 3795 del nuevo Memento Social 2017 elaborado por Lefebvre·El Derecho la contratación indefinida de trabajadores en situación de exclusión social da lugar a una bonificación de 137.50 €durante un período de 12 meses. Siempre que el trabajador haya finalizado un contrato con una empresa de inserción social durante los 12 meses anteriores o bien, cuando no haya prestado sus servicios por cuenta ajena para otro empleador con posterioridad al cesa en la empresa de inserción. En caso de que no se den estas condiciones, las bonificaciones son de 600 € al año durante cuatro años. En el caso de que la contratación se lleve a cabo por empresas de inserción el importe de la bonificación es de 70.83 €/ mes y de 137.50 €/mes para trabajadores menores de 30 años o menores de 35 años con discapacidad de 33 %.
A este respecto, el informe de la Comisión Europea subraya que los beneficios sociales son muy limitados con respecto a otros países y además, no existe coordinación entre los servicios de empleo y servicios sociales. Además de no existir apoyo a las familias respecto a los modelos europeos, la tasa de la temporalidad en el empleo es la segunda peor en Europa por delante de Grecia. Los contratos temporales reducen la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas , en concreto sobre la Seguridad Social siempre según la Comisión Europea.
Para Bruselas el problema está en el riesgo de que el desempleo de larga duración sea una espiral problemática sin solución dado que el paro juvenil está por encima del 40 %. Bruselas informa que uno de cada ocho trabajadores está en riesgo de exclusión social y que uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a siete días.
Las soluciones de Bruselas van desde el aumento del control sobre los gobiernos regionales hasta un ajuste fiscal con hincapié en los impuestos al consumo, señalando directamente a la gran brecha del IVA y a los impuestos medioambientales. Para Bruselas el desempleo y el alto nivel de endeudamiento exponen a España a los “shocks” mercados, lo que puede tener implicaciones en la economía y fundamentalmente en los índices de desempleo. Como nota positiva, el informe de la Comisión reconoce una fuerte recuperación económica con un crecimiento sobre tasas del 3% pero al margen de aplaudir la reforma laboral que ha conseguido la bajada del paro en todos los sectores, España tiene un importante desafío en la cohesión social.
