Eso es lo que ha garantizado el Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida Sixto Iglesias quien se interesó por las medidas que iba a poner en marcha el Gobierno tras la resolución dictada por el Alto Tribunal sobre el cobro excesivo de honorarios registrales de las cancelaciones de hipotecas.
La sentencia resuelve el recurso planteado por los Consejos de Notarios y Registradores contra un real decreto de 2011 que pretendía aclarar una rebaja en los aranceles aprobada en una ley de 2007. El Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de Notarios y Registradores y ratificó la interpretación que la organización de Consumidores y Usuarios y otros tribunales de Justicia venían haciendo.
Orden de la Fiscalía
En consecuencia, recuerda el Gobierno en su respuesta, recogida por Europa Press, la Fiscalía del Supremo obligó a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a Notarios y Registradores para exigirles que devolvieran los más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas.
El Gobierno también apunta que la Dirección General de los Registros y del Notariado ya ha resuelto numerosos recursos de alzada en los que tanto personas físicas como jurídicas impugnaban determinados conceptos de las minutas de honorarios o su cuantía, emitidas por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
En todos aquellos recursos que versan sobre cancelaciones hipotecarias, las resoluciones de la dirección general de Registros y Notariado estimaron la pretensión de los recurrentes y se impuso al notario o al registrador afectados, la obligación de devolver al interesado el importe de lo cobrado indebidamente.
"Es por ello que, en esta misma línea, la Dirección General instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo", concluye el Ejecutivo.
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