Las pautas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se enmarcan en las novedades que se introducen en la casación tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , en cuyo artículo 87 se faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".
La extensión aprobada, según el acuerdo de la Sala de Gobierno, incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse , y obliga a utilizar como fuente 'times new roman' con un tamaño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. También fijan los espacios de interlineado y márgenes de los escritos, así como la forma de numerar los papeles.
Fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.
Novedad en el ordenamiento
El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos.
Aunque la Ley únicamente menciona los escritos de interposición y oposición al recurso de casación, el acuerdo incluye también, "a modo de recomendación", otras pautas referidas a otros escritos que pueden presentarse, como es el de preparación que los abogados deben anunciar ante el tribunal que impuso la sentencia que quieren impugnar. Estos no deberán sobrepasar los 15 folios.
Lo justifica en el "previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía" ante la Sala Tercera, que a juicio de los magistrados de la Sala de Gobierno "exigierá un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal".
Discrepancias
Durante el debate de este asunto, algunos magistrados como Margarita Robles presentaron algunos 'peros' al acuerdo, tras recordar que la reforma legal señala al Supremo la posibilidad de imponer estas normas, pero en ningún caso la impone como obligación. Robles las considera prematuras sin antes comprobar el desarrollo del nuevo marco de la casación.
Tampoco considera esta magistrada que la nueva regulación de la casación vaya a exigir un notable esfuerzo por parte del Supremo, y que en todo caso la reforma no debe comportar una posible restricción de las alegaciones de los abogados. Se pregunta también cuál serán las consecuencias del incumplimiento de estas normas.
Para la magistrada, que puso sus discrepancias por escrito, si a consecuencia de la nueva norma el legislador ha querido que se incremente el trabajo de los magistrados del supremo "deberemos estar a la altura de las circunstancias, sin imponer limitaciones que ni áun desde una apariencia meramente objetiva, puedan considerarse limitaciones al derecho de defensa".
