La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introduce la obligación de que los Juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016, entrará en vigor este miércoles, 7 de octubre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta reforma, que persigue el objetivo de que se elimine el uso del papel en los Juzgados, pretende así implantar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales.
A partir del próximo año, se obligará por ley a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos y en todos los órdenes jurisdiccionales.
Además, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel y también se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
Esta norma también permitirá que el personal sanitario de los hospitales inscriba a los recién nacidos en el Registro Civil, aunque esta medida entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Además, hay otras previsiones relativas a registros y a subastas cuya entrada en vigor queda aplazada a 2017 y 2018.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
También ha sido publicada en el BOE la modificación de la 'Lecrim', norma que impone a los jueces plazos para instruir y que modifica el término judicial 'imputado', que pasará a denominarse 'investigado' en una primera fase y 'encausado' si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación.
La Ley, que no entrará en vigor hasta que se cumplan dos meses de su publicación en el BOE --es decir, el 6 de diciembre--, se ha dividido en dos proyectos de ley, una orgánica y otra ordinaria, y también incluyen modificaciones dirigidas a evitar la conocida como 'pena de telediario' por la difusión en los medios de imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado posterior.
La reforma prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. Aunque en un principio dejaba en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta iniciativa se eliminó durante el trámite parlamentario.
También en la fase de tramitación parlamentaria, el PP incorporó cambios en el nuevo artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales" y evitar lo que se ha dado en llamar 'pena de Telediario'. Asimismo, introdujo cambios en la redacción de la disposición para garantizar el derecho a la información y aclarar que no prohíbe, en ningún caso, la grabación y difusión de imágenes de los detenidos.
Esta reforma legislativa intenta, además, evitar las macrocausas a través de un sistema --"la regla de conexidad"-- que favorece su separación en distintas piezas, con la intención de reducir los tiempos de instrucción.
Incomunicación de los detenidos
La Lecrim aporta también novedades en cuanto a la incomunicación de los detenidos, aunque éstas no entrarán en vigor hasta el día 1 de noviembre. Entre las novedades de la normas está que los jueces tendrán que justificar en un auto la aplicación de esta medida y los arrestados incomunicados deberán ser sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas. Los menores de 16 no podrán quedar detenidos bajo este régimen.
El texto ahonda en la investigación tecnológica e introduce la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. Se amplía la interceptación de comunicaciones que afectará ahora a WhatsApp, SMS y escuchas ambientales.
Otras de las modificaciones afectan a los atestados sin autor conocido, que ya no generarán la apertura de diligencias judiciales, y a la ampliación del decomiso. La nueva Lecrim crea una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y dota a la Audiencia Nacional de una Sala de Apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.
