El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander la necesidad de actualizar nuestro marco normativo para mejorar la convivencia entre el derecho fundamental al honor, la intimidad y la imagen de las personas investigadas, y la libertad de expresión y de información a la ciudadanía de investigaciones judiciales especialmente relevantes.
En la inauguración del encuentro Presunción de inocencia y juicios paralelos, el ministro ha pedido una reflexión sobre la relación entre la Justicia y los medios de comunicación para hacer posible desde la responsabilidad, el consenso y la ética profesional que la información procesal facilitada al público respete los derechos de las personas investigadas sin dejar de cumplir la esencial labor de difusión.
Catalá ha insistido en la preocupación del Gobierno por el equilibrio de ambos derechos como se puso de manifiesto en 2015 con la promulgación de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera potenció el papel de las víctimas de delitos en los procesos judiciales y aprobó una serie de medidas orientadas a su protección. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reforzó la obligación de velar por los derechos constitucionales de las personas investigadas por parte de quienes acuerdan y practican las detenciones, un mecanismo de restricción de publicidad de las medidas policiales y judiciales aun cuando no se hayan declarado secretas.
En opinión del ministro, debe también intensificarse la lucha contra las filtraciones, cuya consecuencia punible se halla en el delito de revelación de secretos contenido en nuestro Código Penal porque el problema, ha dicho Catalá, "no radica tanto en quien informa sino en quien filtra sabiendo que tiene legalmente prohibido hacerlo".
Durante su participación hoy en los Cursos de Verano de la UIMP, el ministro ha inaugurado también el encuentro Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía. Durante su intervención, Catalá ha hecho referencia al escenario actual de crecimiento económico y del empleo en España gracias al programa de reformas iniciado en la X Legislatura que nos ha convertido en una de las economías más dinámicas del mundo. El ministro ha recalcado que la seguridad jurídica es esencial para consolidar el dinamismo de una economía próspera y ha abogado por simplificar nuestro ordenamiento jurídico para hacerlo más eficaz.
El ministro ha destacado, además, que uno de los componentes esenciales de la confianza en el sistema es la previsibilidad de los jueces a la hora de aplicar e interpretar las leyes nacionales en consonancia con las disposiciones que sobre las diferentes materias se regulan en la Unión Europea. Es por ello que el Gobierno está acometiendo las reformas legales necesarias para adaptar la normativa doméstica en materia de consumo a las directrices europeas.
En materia de presupuestos, Catalá ha recordado que su departamento lleva tres años incrementando sus cuentas, lo que pone de manifiesto que la mejora de la Justicia es un objetivo preferente para el Gobierno de España. El Ministerio contará este año con un total de 1.869 millones de euros, lo que supone un 7,7% más que en 2016. Se apuesta por el refuerzo de las plantillas y su profesionalización, materia a la que se destina el 79,4% de lo asignado al Ministerio de Justicia, y se aumentan las inversiones un 86,4% tanto en infraestructuras, como en transformación tecnológica y en mejora de los equipamientos. Además se refuerza el gasto social con casi 81 millones de euros que se dedicarán a áreas de especial sensibilidad para el ciudadano.
El ministro ha destacado que estos presupuestos permitirán avanzar en las líneas de acción prioritarias para el Ministerio, como la mejora de la distribución y organización de los recursos a través de la implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal, el impulso de un plan de redistribución de las cargas de trabajo de los juzgados y la reducción de sus tasas de litigiosidad. Catalá ha subrayado el impacto que, en esta materia, han tenido la Ley de Jurisdicción Voluntaria y el arbitraje y la mediación como vías alternativas para la resolución de conflictos. Así, si en 2014 entraban 18.165 asuntos en los juzgados por cada 100.000 habitantes, en 2016 la cifra se situó por debajo de los 12.000 asuntos.
Durante su estancia en Santander, el ministro ha homenajeado al concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años. Catalá ha recordado lo que significó en aquel momento la extraordinaria movilización de la sociedad española en defensa de las libertades que supuso un antes y un después en la lucha contra ETA.
