La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la UE correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE.
Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2018 llega en un momento en el que el respeto del Estado de Derecho es una prioridad para la UE. Sin Estado de Derecho, la democracia, los derechos civiles y la buena gestión financiera de los fondos de la UE están en peligro. Mediante el cuadro de indicadores fomentamos las buenas reformas judiciales y damos ejemplos de ellas. Lo básico en cualquier reforma de este tipo es que no hay Estado de Derecho sin unas normas europeas rigurosas en materia de independencia del poder judicial. El nuevo cuadro de indicadores examina los principales indicadores y ayudará a los Estados miembros a aplicar esas normas».
Comparado con las anteriores ediciones, el cuadro de indicadores de 2018 sigue desarrollando estos últimos. Refuerza, en particular, la sección sobre la independencia judicial, lo cual es pertinente para evaluar el Estado de Derecho. Se examinan con mayor detalle los consejos del poder judicial, la intervención del poder ejecutivo y el parlamento en los nombramientos y destituciones de jueces y presidentes de los tribunales, y la organización de los servicios de la fiscalía. Presenta también, por primera vez, datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias.
El cuadro de indicadores de la justicia es parte del instrumental utilizado por la Comisión para hacer un seguimiento de las reformas en el ámbito de la justicia de los Estados miembros, junto con el Semestre Europeo, el Marco para reformar el Estado de Derecho, el mecanismo de cooperación y verificación, y los procedimientos de infracción. La Comisión también considera que la buena gestión financiera de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros exige una protección judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes. Por lo tanto, como parte del marco financiero plurianual, la Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo de respeto del Estado de Derecho. Este Reglamento establece un mecanismo en virtud del cual la Unión Europea puede suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE en caso de deficiencias generalizadas en lo que se refiere al Estado de Derecho en un Estado miembro.
Las principales conclusiones del cuadro de 2018
- Independencia judicial: La percepción de la independencia del poder judicial por parte de las empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior o desde 2010, aunque también ha empeorado en algunos países. Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las injerencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces.
El nuevo indicador sobre la organización de los servicios de la fiscalía demuestra que existe una tendencia generalizada hacia una mayor independencia de la fiscalía, en lugar de una fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo.
- Recursos financieros de los sistemas judiciales: En general, el nivel del gasto de las administraciones públicas en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Los Estados miembros utilizan sobre todo costes históricos o reales para determinar los recursos financieros, en lugar de basarse en la carga de trabajo real o las peticiones judiciales. Dieciséis Estados miembros han utilizado los fondos de la UE en apoyo de sus sistemas judiciales.
- Eficiencia de los sistemas judiciales: Se puede observar una evolución positiva en los Estados miembros con problemas, pero los procedimientos civiles y mercantiles siguen siendo muy largos en varios Estados miembros. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero, los procedimientos judiciales en primera instancia en aproximadamente la mitad de los Estados miembros duran hasta un año de media. Pueden durar un promedio de incluso dos o más años en otros Estados miembros.
