Entre estos inmuebles se encuentran sedes de tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales, fiscalías, juzgados de distintas jurisdicciones, servicios de medicina legal y forense así como oficinas de asistencia a víctimas.
La finalidad del contrato es la de cubrir las necesidades de seguridad propias de estos edificios mediante una serie de medios humanos y materiales que mejoren las actividades de control.
El nuevo contrato tiene una duración inicial de dos años desde su entrada en vigor el día 1 de abril de 2018 y podrá ser prorrogado por otros dos años. Se divide en un total de 15 lotes que se distribuyen entre las gerencias territoriales de Extremadura, Castilla y León (Valladolid y Burgos), Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Tenerife, Ceuta, Sevilla, Málaga, Melilla, Cataluña, Valencia, Galicia y Bilbao.
