En su primera comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado 29 de noviembre de 2016, el actual Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunció la presentación “en breve plazo” del Plan Cultura 2020 que incluirá, entre otras medidas, la creación de una Fiscalía especializada en la lucha contra la piratería y el refuerzo de la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual dotándole de nuevos medios humanos y tecnológicos para mejorar su eficacia, además de impulsar una campaña de sensibilización juvenil para tener una generación antipiratería. Pero vayamos por partes. La eficacia práctica de la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual ha venido siendo objeto de constantes críticas por parte de los titulares de derechos de esa naturaleza, obligando al Ministro a reconocer ante el pleno del Congreso el pasado 21 de diciembre que “es verdad que este no es un tema sencillo porque aquellos que piratean utilizan medios tecnológicos para evadir los controles”. Por difícil que resulte, es muy loable la intención de mejorar su funcionamiento. Respecto a la creación de una Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual, y por extensión contra la propiedad industrial, existen argumentos más que suficientes a favor de la misma: a) la Instrucción 2/2011 de la Fiscalía General del Estado asume la especialización como “uno de los criterios definidores de la organización y dinámica interna de la Institución”; b) como ya ha propuesto Jesús J. Tirado Estrada, uno de los Fiscales con mayor experiencia en este tipo de delitos, esta especialización podría llevarse a cabo a través de la dedicación de un Fiscal de Sala coordinador en materia de delitos contra la propiedad intelectual y de una red nacional de Fiscales especialistas en esta materia, completando el actual sistema de especialidades del Ministerio Fiscal, y; c) a nivel UE ya existe desde 2015 la Red Europea de Fiscales en Propiedad Industrial e Intelectual (EIPPN), habiéndose firmado un Memorandum of Understanding (MoU) el 12 de julio de 2016 entre EUROJUST y la EUIPO para ampliar las facultades de dicha Red Europea de Fiscales. Resulta de especial interés la potenciación de la intervención del Ministerio Fiscal en la fase pre-procesal del procedimiento abreviado, trabajando conjuntamente con la Policía Judicial particularmente en operaciones de especial dimensión o complejidad. De este modo, se sumaría la especialización policial en técnicas de investigación práctica y científica sobre el terreno a la especialización del Ministerio Fiscal en la determinación, aseguramiento y valoración jurídica de las fuentes y medios de prueba y en la valoración de la validez sustancial, formal y procesal de los medios de prueba, así como se aprovecharía su ágil intervención en los instrumentos de cooperación penal internacional (al tener el Ministerio Fiscal la consideración de autoridad judicial a efectos de cooperación penal en la UE). El art. 773 LECrim obliga al Ministerio Fiscal en el procedimiento abreviado, cuando tenga noticias de un hecho delictivo directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, a practicar él mismo u ordenar a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o la responsabilidad de los partícipes en el mismo, pudiendo hacer comparecer ante sí a cualquier persona, en los términos establecidos para las citaciones judiciales, al objeto de tomarle declaración con las mismas garantías de la declaración ante el Juez. Estas facultades atribuidas al Ministerio Fiscal, así como las del art. 20 RD 769/1987 de Policía Judicial, deberían ser utilizadas para promover, coordinar y dirigir jurídicamente la investigación policial pre-procesal en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Conviene recordar que en dicho procedimiento los Fiscales tienen la facultad y el deber, como indica el art. 773 LECrim y detalla la Circular 1/1989 de la Fiscalía General Estado, de impartir tanto instrucciones generales como órdenes e instrucciones particulares a la Policía Judicial sobre casos concretos. A punto de cumplirse tres meses desde el anuncio de estas medidas por parte del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, nada nuevo ha vuelto a saberse sobre las mismas, salvo la última intervención de la Diputada García-Pelayo Jurado (PP) ante el pleno del Congreso el pasado 1 de febrero indicando que “dentro de poquito van a ser realidad”. No nos queda, por tanto, más que esperar a que se detallen las medidas anunciadas. Y confiar en que no se demoren demasiado, no vaya a ser que la pretendida generación antipiratería alcance su edad adulta. Para más información, consulta nuestro memento nuevas tecnologías. 
ElDerecho.com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación