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Esta decisión se produce tras la revisión de dos litigios en los que se denegó el complemento de pensión por reducción de la brecha de género a padres trabajadores titulares de una pensión de jubilación.
Sostiene el Tribunal que la Directiva se opone a la normativa española en la medida en que el reconocimiento del complemento de pensión a los hombres que se encuentran en una situación idéntica a la de las mujeres perceptoras de una pensión contributiva de jubilación está sujeto a requisitos adicionales. Estos requisitos están relacionados con la interrupción o afectación de sus carreras profesionales con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos.
Señala que las modificaciones introducidas en la antigua Ley General de la Seguridad Social no han puesto fin al hecho de que los hombres reciben un trato menos favorable que las mujeres. La norma española constituye una discriminación directa por razón de sexo, puesto que los hombres pueden hallarse en una situación comparable a la de las mujeres.
Esta discriminación no puede justificarse sobre la base de las excepciones previstas para proteger a la mujer en razón de su maternidad. El Tribunal de Justicia considera que la Directiva no se opone a que, si se reconoce al padre el complemento inicialmente denegado sobre la base de la norma constitutiva de discriminación directa por razón de sexo, ello conlleve la supresión del complemento de pensión ya reconocido a la madre.
El Derecho de la Unión no exige privar de un complemento de pensión a la categoría de personas que ya lo tienen reconocido, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales españoles interpretar su Derecho nacional y determinar si este permite o no mantener el complemento de pensión ya reconocido a la madre cuando el padre puede reclamar el complemento de pensión controvertido conforme a los mismos requisitos que los aplicables a las madres.
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Si bien compartimos el interés por agilizar la entrega de las cantidades a sus beneficiarios, consideramos que la iniciativa no refleja ni la realidad ni el esfuerzo y dedicación de los Letrados en la gestión de estos recursos.
El informe “El LAJ en cifras de 2023” muestra que, en un contexto marcado por la huelga de Letrados, se gestionaron 6.548 millones de euros en ingresos y 6.665 millones en salidas, logrando un nivel de ejecución del 101,8% respecto a lo ingresado. Estos datos, junto con la tendencia histórica que registra un aumento de las salidas desde 6.800 millones en 2010 hasta un pico de casi 9.000 millones en 2015, evidencian el alto grado de compromiso de los Letrados de la Administración de Justicia, incluso en circunstancias adversas. En años como 2017, 2019 y 2023, las salidas superaron los ingresos, lo que demuestra una gestión eficiente y que simplemente no es cierta la afirmación de que hay fondos indebidamente retenidos en las cuentas de consignaciones. Todos estos datos disponibles, además para evitar dudas, en el servicio estadístico del CGPJ.
Desde el Colegio Nacional, sugerimos que las soluciones se enfoquen en mejoras estructurales, como la modernización tecnológica (que, de hecho, ya está impulsando el Ministerio de Justicia con la implantación de la IA en algunos aspectos de la gestión de las cuentas judiciales y su integración y compatibilidad con los sistemas de gestión procesal) y el refuerzo de personal, en lugar de medidas que puedan interpretarse como un cuestionamiento del trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia.
Además, la propuesta del ICAM, desconoce iniciativas que ya han sido impulsadas por el CGAE como sucede concretamente con la plataforma de contratación digital y pagos online de la Abogacía Española, de muy limitado uso.
Invitamos al ICAM a promover un diálogo conjunto para abordar este desafío de manera integral. Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable y transparente de las cuentas de consignaciones, siempre en beneficio de los ciudadanos y del sistema judicial. Pero sin que en ningún caso se pueda poner en tela de juicio, directa o indirectamente, y de forma gratuita, la magnífica labor que el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de justicia viene realizando en dicha materia, lo que viene avalada por datos objetivos.
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En total, son cinco los nuevos órganos judiciales desplegados en la capital catalana dentro del Plan, una estrategia impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona y desarrollada en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Consejo General del Poder Judicial y el Decanato de los Juzgados de Barcelona, que permite agilizar los tiempos de respuesta penal, descongestionar los órganos saturados y reforzar la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Así lo ha puesto en valor hoy el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control celebrada hoy en el pleno del Congreso de los Diputados. En su intervención, ha resaltado el compromiso del Gobierno para seguir trabajando con las administraciones catalanas en atajar un problema que acucia a Barcelona y a todos los municipios de su entorno metropolitano.Los nuevos juzgados actuarán específicamente sobre los casos con mayor impacto en la convivencia urbana, facilitando la tramitación rápida de juicios y mejorando la eficacia en la ejecución de condenas.
El Plan de Choque contra la Multirreincidencia es un ejemplo de coordinación institucional en beneficio de la ciudadanía, que refuerza la confianza en el sistema judicial y permite dar una respuesta más ágil y eficaz a la delincuencia reiterada, reduciendo la sensación de impunidad en las calles de Barcelona.
Tribunal de Instancia de Barcelona operativo el 31 de diciembre
Estas medidas se complementan con el despliegue progresivo de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que prevé una transformación estructural del sistema judicial español para hacerlo más ágil, flexible y capaz de adaptarse a la realidad actual.
La norma convertirá los 3.931 juzgados unipersonales existentes en 431 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, asistidos por Oficinas Judiciales, lo que permitirá ordenar las plazas judiciales por secciones, reforzar la especialización y asignar más recursos de forma rápida cuando sea necesario.
El Tribunal de Instancia de Barcelona comenzará a operar el 31 de diciembre, lo que permitirá una adaptación más eficiente y ágil a los desafíos que plantea la multirreincidencia. Este nuevo modelo permitirá, si fuera necesario, consolidar los recursos propuestos en el plan y distribuir de manera más equitativa y rápida la carga de trabajo.
El refuerzo específico de juzgados para enfrentar problemas inmediatos como la multirreincidencia y el desarrollo de reformas estructurales, como la creación de los Tribunales de Instancia, evidencia la apuesta del Gobierno por una Justicia más moderna, eficiente y cercana. Una apuesta que también se refleja en la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, contempladas en la nueva norma, que garantizan la igualdad de acceso del conjunto de los ciudadanos al Servicio Público de Justicia en cualquier punto del territorio.
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El fallo desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Cartagena, reconociendo el traslado geográfico como una modalidad de adaptación en la forma de prestación del trabajo -además del ajuste de la jornada o distribución horaria- del derecho a la conciliación, en el marco del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
El trabajador, maquinista de entrada con residencia laboral en Cartagena, solicitó una adaptación geográfica de su puesto de trabajo, conforme al artículo 34.8, para poder corresponsabilizarse en el cuidado de sus hijos menores de 12 años y de una sobrina en acogimiento familiar. La empresa denegó la solicitud alegando razones organizativas y la existencia de un procedimiento reglado de movilidad. A pesar de participar en el proceso reglado de movilidad geográfica, no obtuvo plaza en las residencias solicitadas de Atocha, Fuencarral o Móstoles (Madrid).
Sin embargo, el Tribunal considera que “no se derivan razones organizativas ni de producción insalvables que justificaran la negativa empresarial”, y subraya que el trabajador sí participó en el procedimiento de movilidad, sin obtener plaza. La Sala recuerda que, en dicho proceso, “se asignaron finalmente 41 plazas más que las ofertadas, sin que la empresa haya dado una justificación objetiva y razonable de por qué razón ocurre ello”.
Por lo tanto, la Sala entiende que la negativa de la empresa no se encuentra suficientemente motivada desde un punto de vista organizativo y productivo. Según la resolución, “la empresa recurrente no ha justificado una razón objetiva en que se sustente su decisión de negar el derecho solicitado”, y añade que tal como ha establecido la doctrina del Tribunal Constitucional “cuando está en juego el interés de los menores, sus derechos exceden del ámbito estrictamente privado” (STC 5570/2021, de 13 de septiembre de 2022).
Interpretación con perspectiva de género
Los magistrados apoyan su decisión “en la necesaria interpretación de las normas laborales con perspectiva de género en cuanto el trabajador demandante, con su residencia laboral en Cartagena, está haciendo recaer sobre la madre de sus hijos el cuidado de estos y de la menor acogida en su integridad, con la descompensación evidente en el cumplimiento de las obligaciones de protección integral de los menores”.
Asimismo, el Tribunal subraya que la expresión “forma de prestación” incluida en el artículo 34.8 ET puede abarcar la ubicación geográfica del puesto de trabajo, especialmente cuando concurre una justificación de conciliación debidamente fundamentada.
La Sala confirma además la condena a RENFE Viajeros al abono de una indemnización de 7.500 euros por daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho a la conciliación.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
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El documento se abrió a la firma durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa, celebrada los días 13 y 14 de mayo en Luxemburgo. El primer día lo firmaron Andorra, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia y Suecia. Bélgica, Islandia, la República de Moldavia y el Reino Unido lo hicieron el día siguiente. España ha manifestado su intención de firmarlo también lo antes posible.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, había pedido a todos los estados en la inauguración del World Law Congress 2025, celebrado la semana pasada en Santo Domingo, que ratificaran cuanto antes el convenio.
Este instrumento responde al creciente número de denuncias sobre acoso, amenazas, agresiones e injerencias sufridas por abogados en el desempeño de sus funciones. El convenio tiene como objetivo proteger tanto a los abogados como a sus asociaciones profesionales, reconociendo su papel esencial en la defensa del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Entre las disposiciones del tratado se incluyen el derecho a ejercer sin interferencias indebidas, la protección frente a cualquier forma de intimidación o violencia, la garantía de libertad de expresión y el respaldo a la autonomía de las asociaciones profesionales de abogados. También se exige a los Estados investigar de forma eficaz cuando se produzcan delitos contra abogados.
Los estados firmantes se comprometen a realizar investigaciones efectivas cuando se cometan delitos contra abogados y a tomar medidas específicas para garantizar su seguridad y el pleno respeto a su labor.
El convenio, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de marzo de 2025, entrará en vigor una vez que al menos ocho países —seis de ellos miembros del Consejo de Europa— lo ratifiquen. El seguimiento de su cumplimiento estará a cargo del Grupo de Expertos sobre la Protección de los Abogados y el Comité de las Partes.
Para Thierry Wickers, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), su adopción constituye un logro histórico: “Es crucial que sea firmado y ratificado por el mayor número posible de países para garantizar su eficacia y la protección más amplia posible para la profesión jurídica. Una vez que entre en vigor, es igualmente importante que el mayor número posible de Estados no miembros del Consejo de Europa se adhieran, ampliando así su alcance protector y reforzando el Estado de derecho a nivel global”.
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“No se trata de una norma jurídica vinculante, pero su influencia es crucial para el desarrollo de futuras políticas públicas y legislaciones en materia de protección de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos digitales”, explicó Belén Arribas, presidenta de Enatic.
Dicha carta fue publicada en 2021 y reconoce 26 derechos digitales. “Se trata de una iniciativa pionera en Europa y el mundo”, matizó Arribas. “En un contexto de creciente polarización internacional y digital, de amenazas tecnológicas y geopolíticas, su aplicación permitirá que España y la UE protejan a sus ciudadanos y garanticen un entorno digital más seguro, justo e inclusivo”, añadió.
La sesión fue presentada por Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que hizo hincapié en la importancia de este documento para la abogacía y un entorno “que se ha transformado en un mundo esencialmente tecnológico”.
Esta jornada del ciclo formativo de ponencias sobre derechos humanos digitales, organizado en colaboración con ENATIC, contó también con la participación de la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez, que explicó el origen de los derechos humanos de cuarta generación, la declaración europea sobre derechos y principios digitales y el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
La próxima sesión se llevará a cabo el 5 de junio en el marco de las IX Juntas de Gobierno en Jerez de la Frontera.
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Bernardo Bande ha realizado estas declaraciones durante el acto de inauguración de las II Jornadas Tributarias de Murcia, organizadas por AEDAF junto a la Universidad de Murcia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia, y el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, a las que asisten 100 profesionales del ámbito tributario que debatirán hoy sobre la fiscalidad de la empresa familiar.
En su discurso, Bande ha atribuido la situación de inseguridad jurídica que padece nuestro país a “la proliferación de normas mal diseñadas, los constantes cambios de criterio y las contradicciones entre órganos del propio Ministerio de Hacienda (como el TEAC y la DGT) y esto se traduce en una incertidumbre creciente para asesores y empresas”. Además, ha anunciado que AEDAF está trabajando en una propuesta dirigida al Ministerio de Hacienda sobre las consultas vinculantes “para que aporten la seguridad jurídica que el sistema requiere”.
En esta línea, el presidente de AEDAF también ha hecho referencia a la necesidad de que el sistema fiscal favorezca la economía: “las empresas necesitan políticas fiscales que acompañen al tejido productivo: que impulsen la inversión, generen confianza y premien la continuidad empresarial. Y para ello, la fiscalidad debe ser una palanca, no un obstáculo”.
Por último, Bande ha aludido al papel del Poder Judicial como garante último de los derechos del contribuyente y ha instado a la Administración a “limitar el uso del expediente sancionador, que en multitud de ocasiones se pone en marcha dando por hecho la culpabilidad del contribuyente. La sanción tributaria no debe ser la regla, sino la excepción”.
En la inauguración también han estado presentes Luis Alberto Marín González, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia; Francisca Mª Ferrando García, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia; Maravillas Hernández López, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y Francisco Iniesta, delegado territorial de AEDAF en Murcia.
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“En 2024, las familias españolas han confiado en la donación ante notario como mecanismo de planificación patrimonial y, en muchos casos, apoyo a las nuevas generaciones para la compra de una vivienda o para emprender un proyecto empresarial”, señala María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. “Los notarios garantizamos que estas operaciones se realicen con seguridad jurídica, ofreciendo asesoramiento imparcial y evitando posibles conflictos futuros”, explica.
Las comunidades autónomas en las que más se realizaron donaciones en 2024 son la Comunidad de Madrid (41.988), Andalucía (38.396), la Comunidad Valenciana (35.885), Cataluña (18.808) y Castilla y León (12.928).
En 2024, también se registró un incremento significativo en las principales actuaciones relacionadas con la familia. Según el informe, los matrimonios ante notario volvieron a crecer levemente: se celebraron 23.173 bodas, lo que supone un aumento de alrededor del 2,4 % respecto a 2023. Esta cifra confirma la tendencia al alza iniciada tras la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 (que permitió casarse ante notario) y consolidada por la posibilidad de realizar el expediente matrimonial ante notario desde 2021. Cada vez son más las parejas que optan por la escritura pública de matrimonio en busca de agilidad, asesoramiento imparcial y plena seguridad jurídica.
Por su parte, los divorcios ante notario –posibles cuando hay acuerdo mutuo y no existen hijos menores– también aumentaron en 2024, en un 2,5%, pues facilita que muchas parejas disuelvan su vínculo de forma ágil y extrajudicial.
Otra tendencia destacada en 2024 fue el aumento de las capitulaciones matrimoniales, que son los acuerdos prenupciales o postnupciales ante notario para establecer el régimen económico del matrimonio. El pasado año se firmaron 67.693 capitulaciones en toda España –cifra ligeramente superior a la de 2023 y la más alta de la serie histórica–. Este instrumento legal se ha vuelto cada vez más común entre las parejas, que lo utilizan para pactar un régimen económico diferente al de gananciales que se establece por defecto en las comunidades en las que rige el Derecho Común. De hecho, alrededor del 92% de las capitulaciones de 2024 corresponden a parejas que optaron por la separación de bienes como régimen económico matrimonial.
El uso de la vía notarial para formalizar las uniones de hecho continuó creciendo de forma moderada. Durante 2024, los notarios autorizaron 36.657 actos de este tipo, un 1% más que en 2023, y tramitaron 1.335 escrituras de disolución de dichas uniones.
En cuanto a la protección de miembros vulnerables de la familia, el informe resalta el paulatino auge de la figura del patrimonio protegido que es una figura legal que permite crear un conjunto de bienes destinados a cubrir las necesidades vitales, presentes y futuras de una persona con discapacidad. En 2024 se constituyeron 553.
El reconocimiento de hijos ante notario es una manifestación formal mediante la cual una persona declara que es padre o madre de otra, con plenos efectos legales. Según los datos del CIEN, en 2024 se registraron 314 reconocimientos de hijos ante notario en toda España.
Ver el informe al completo.
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Ambos equipos han demostrado un alto nivel de competencia y, en palabras del CEO de A Worldwide España, Luis Marigómez, “esto supone una muestra más del compromiso de nuestros profesionales con la excelencia, que es el eje central de nuestra actividad profesional. Además, nos abre nuevos mercados en los que la apuesta por el IT y Risk Advisory y Forensic es fundamental, línea en la que tenemos grandes proyectos en marcha”.
“Contamos con una organización sólida y bien engrasada que nos permite ofrecer a nuestros clientes cobertura en más de 156 países de Asia Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, África del Norte y América del Norte, así como compartir las mejores prácticas en áreas punteras como ESG, Forensic o Mercados Regulados, que son algunas de nuestras especialidades”, subraya, por su parte, Pedro Rodriuez, socio de A Worldwide España.
Dos compañías líderes unidas
A Worldwide España forma parte de LEA GLOBAL y A Worldwide International, que conectan a más de 100.000 profesionales, repartidos en 2.000 oficinas en todo el mundo. La compañía facturó en nuestro país 22 millones de euros en 2024, lo que representa un 19% de crecimiento interanual, y espera incrementar esta cifra de manera continuada en los próximos ejercicios.
Además de Forensic y Advisory IT, entre las prácticas más destacadas de su cartera, la firma cuenta con servicios de auditoría y consultoría, de assurance y transacciones, así como los relacionados con la sostenibilidad.
Por su parte, Técnicas Reunidas es una empresa de ingeniería referente a nivel global en el desarrollo de plantas industriales energéticas, especialmente en el ámbito de los combustibles sintéticos, biocombustibles, hidrógeno y amoniaco renovables, además de electrificación.
La cotizada española camina hacia un plan que duplicará sus márgenes en el horizonte de 2028 y con firme decisión de expandirse en EE. UU., por lo que A Worldwide España se convierte en un excelente socio gracias a su alcance internacional a través de A Worldwide International junto a Lea Global.
Técnicas Reunidas se suma a otras grandes corporaciones que ya han depositado su confianza en A Worldwide España, como son Abanca, Adif, Aena, Banco Santander, Moeve, Codere, Cuatrecasas, El Corte Inglés, EY, GA-P, Grupo Helios, Redeia entre otros.
Alejandro Delgado participará como ponente en el Congreso IA, Derecho y Empresa organizado por Lefebvre y que se celebra en Madrid el próximo 22 de mayo. GlobalSuite Solutions es una solución pionera de GRC que automatiza la gestión de riesgos, garantiza el cumplimiento de las normativas y optimiza los procesos. ¿Nos pueden explicar el objetivo principal de su compañía y una definición en la que enumeren los principales beneficios que aportan con su software? En GlobalSuite Solutions, nuestro objetivo principal es ayudar y guiar a las organizaciones para que gestionen de forma eficaz y proactiva sus riesgos, aseguren el cumplimiento normativo en un entorno legal y regulatorio cada vez más complejo, y optimicen sus procesos internos para una toma de decisiones más informada y estratégica. Nuestro software GlobalSuite® GRC es una solución integral. Sus principales beneficios residen en simplificar drásticamente la gestión de los marcos de control y cumplimiento mediante la automatización. Esto se traduce en una reducción significativa de la carga manual, una mayor precisión en la identificación y evaluación de riesgos, y una visibilidad 360 grados sobre el estado del cumplimiento y la gestión de riesgos en toda la organización. En esencia, proporcionamos una plataforma centralizada que convierte los desafíos de GRC en una ventaja competitiva, permitiendo a las empresas operar de forma más segura, eficiente y alineada con sus objetivos estratégicos. Como compañía se definen altamente tecnológicos. ¿Pueden explicar que motiva su apuesta por la tecnología y en concreto, sobre la aplicación de IA en sus soluciones? ¿Qué aspectos clave les diferencian frente a otras compañías y con respecto al uso de la IA? Nuestra apuesta por la tecnología, y en particular por la Inteligencia Artificial, surge de la necesidad intrínseca en el ámbito GRC de procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones, predecir riesgos emergentes y automatizar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo. Lo que nos diferencia es la integración nativa de la IA en una plataforma GRC consolidada y con años de experiencia en el mercado. No se trata de añadir IA como un complemento, sino de utilizarla para potenciar las funcionalidades centrales de nuestro software y mejorar así todo el proceso, por ejemplo, de análisis y gestión de riesgos, de continuidad de negocio y resiliencia, del análisis automático del cumplimiento normativo, etc. Entradas Congreso IA, Derecho y Empresa de Lefebvre El apagón de luz en España puede calificarse de situación de crisis para las empresas. Ustedes son expertos en continuidad de negocio, partiendo de aquí, ¿Cuál es su propuesta para un enfoque 360 grados que podría evitar consecuencias críticas derivadas de un apagón de luz generalizado y por tiempo mayor? ¿y con respecto a catástrofes naturales como inundaciones o similares? Efectivamente, situaciones como un apagón generalizado o catástrofes naturales son escenarios críticos que toda empresa debe prever. Nuestra propuesta para un enfoque de Continuidad de Negocio 360 grados, utilizando nuestra plataforma GRC, comienza con una fase rigurosa de Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) y Evaluación de Riesgos. Identificamos los procesos críticos, los recursos necesarios (incluyendo la energía y la infraestructura física a través de un proceso de “e-BIA” o BIA de dependencias eléctricas), los tiempos máximos de interrupción aceptables (MTPD) y los objetivos de punto de recuperación (RPO). A partir de ahí, diseñamos e implementamos planes de recuperación ante desastres (DRP) y planes de continuidad del negocio (BCP) detallados, que contemplan diferentes escenarios, incluyendo la falta prolongada de suministro eléctrico o daños por inundaciones. Estos planes incluyen protocolos de comunicación, roles y responsabilidades del personal clave, procedimientos para la activación de sedes alternativas o trabajo remoto, y la gestión de proveedores críticos. Lo fundamental de nuestro enfoque 360 es que la plataforma GRC no solo documenta estos planes, sino que permite su gestión integral: la realización de simulacros y pruebas periódicas, el seguimiento de las tareas de mantenimiento de las infraestructuras de respaldo (generadores, sistemas de alimentación ininterrumpida, copias de seguridad externas), la capacitación del personal, y la revisión y actualización constante de los planes en función de los cambios en la organización o el entorno. La aplicación y uso de la IA está transformando los equipos legales. Esta digitalización está cambiando tanto la digitalización de los datos como de los documentos. Los profesionales manejan cantidades de datos cada vez mayores que después utilizarán para elaborar informes o para realizar análisis. ¿Qué desafíos tendrán los profesionales del sector legal a la hora de gestionar estos datos? Los profesionales del sector legal se enfrentan a desafíos significativos en la gestión de datos con la creciente aplicación de la IA. El principal es el volumen y la heterogeneidad de los datos: documentos escaneados, correos electrónicos, bases de datos estructuradas, audios, vídeos, etc. La IA puede procesar esta información a una escala sin precedentes, pero requiere que los datos estén correctamente identificados, clasificados y, en muchos casos, estandarizados o limpios. Otro desafío es la calidad y la fiabilidad de los datos. Los sesgos presentes en los datos de entrenamiento de los modelos de IA pueden llevar a resultados discriminatorios o erróneos, algo especialmente sensible en el ámbito legal donde la precisión es crucial. Además, la privacidad y la confidencialidad de los datos legales es un desafío constante, ya que a menudo contienen información altamente sensible de clientes. ¿Existen riesgos de cara a la seguridad? ¿cuáles son? ¿cómo se pueden solucionar? Por supuesto, tan importantes como con cualquier otra tecnología. Pero en este caso, además al ser una tecnología emergente, aparecen problemas (riesgos) que antes no nos habíamos planteado. Además de posibles brechas de seguridad hay una especial preocupación por ataques a los modelos de IA tales como la "evasión", es decir, manipular los datos de entrada para engañar al modelo) o el "envenenamiento", el cual consiste en inyectar datos maliciosos en el conjunto de entrenamiento para alterar el comportamiento del modelo. Para mitigar estos riesgos hay que realizar análisis específicos y proponer soluciones muy a medida del contexto en el que nos estamos moviendo. Por ejemplo, hacer pruebas de robustez de los modelos con baterías de pruebas con resultados que podemos validar como correctos. ¿Existen riesgos con respecto al cumplimiento? ¿Cuáles son? ¿Qué aconsejan para evitarlos? Los riesgos de cumplimiento asociados al uso de inteligencia artificial en el sector legal son especialmente relevantes, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos y a la ética profesional. Uno de los principales desafíos es el incumplimiento de las normativas sobre protección de datos, ya sea por el uso de información personal sin el consentimiento adecuado, por el tratamiento de datos sensibles sin base legal suficiente, la transferencia internacional sin garantías o la falta de atención a los derechos de los interesados. Otro riesgo importante es la falta de transparencia y explicabilidad de los sistemas de IA, lo que se conoce como el "problema de la caja negra". Cuando no es posible explicar cómo un modelo ha llegado a una determinada conclusión, puede resultar muy complicado cumplir con el derecho a la explicación exigido por algunas normativas o justificar decisiones ante tribunales. A esto se suma el problema de la responsabilidad legal, ya que resulta complejo determinar quién debe asumirla en caso de que un sistema de IA cometa un error que provoque daños, como podría ser un asesoramiento jurídico incorrecto. Además, los sesgos algorítmicos continúan representando una amenaza constante, ya que los modelos pueden perpetuar o incluso amplificar prejuicios existentes en los datos, lo que puede derivar en decisiones discriminatorias. Para gestionar adecuadamente estos riesgos, es esencial adoptar un enfoque lo más amplio y holístico posible. Esto implica, entre otras medidas, realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos (DPIA), asegurar una base legal clara para el uso de IA, auditar periódicamente los modelos y establecer mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia y el cumplimiento normativo. Siguiendo con este tema, ¿ustedes plantean algún software relacionado? ¿pueden explicarnos en que consiste y darnos sus aspectos más sobresaliente y beneficios? Sí, en GlobalSuite Solutions, nuestra plataforma GRC está muy recomendada para el sector legal, aunque no sea un software exclusivamente para este sector en el sentido tradicional. Nuestro software permite a los departamentos legales y a las firmas de abogados gestionar de forma centralizada su propio cumplimiento normativo. Por ejemplo, con GDPR, leyes de IA, compliance penal y sociolaboral, etc., También gestionar los riesgos legales y de negocio. Usted participa en el Congreso IA, Derecho y Empresa de Lefebvre del próximo 22 de mayo. En esta segunda edición ¿Qué destacaría del evento como principales puntos de interés para los profesionales? Creo que el Congreso es un evento en el que destacaría varios puntos de interés para los profesionales. En primer lugar, la combinación de tres ámbitos como la IA, Derecho y Empresa, que están convergiendo rápidamente. Entender cómo la IA impacta en el marco legal y cómo las empresas deben adaptarse es fundamental. En segundo lugar, la calidad y diversidad de los ponentes. Reúne a expertos del ámbito legal, tecnológico y empresarial, lo que ofrece una visión 360 grados de los desafíos y oportunidades. Finalmente, la relevancia práctica de los temas que se abordan. No se trata solo de teoría, sino de cómo la IA está transformando la práctica legal, la gestión empresarial y los nuevos riesgos que surgen. Es una oportunidad única para obtener conocimiento aplicado y entender las implicaciones reales de la IA en nuestro día a día profesional. ¿Nos pueden avanzar una parte de los puntos que va a plantear o que van a analizar de manera breve? Al tratarse de una mesa redonda, el enfoque será dinámico y abierto, por lo que no podemos anticipar con exactitud los puntos que se abordarán. No obstante, estoy seguro de que la conversación sobre cómo la gestión de riesgos globales entorno a la IA nos permitirá compartir distintas perspectivas en base a la experiencia de lo que venimos trabajando en esta área. ¿En qué aspectos clave cree que van a cambiar las compañías del futuro con la aplicación de la IA a mayor escala? La IA será clave para gestionar el cumplimiento y los riesgos del mañana. Veremos una mayor automatización de procesos no solo en tareas repetitivas, sino también en aquellas que requieren análisis de datos complejos o toma de decisiones basadas en patrones. También habrá una personalización masiva en la oferta de productos y servicios mucho mayor y más dirigida que lo que actualmente se suele conseguir. Además, surgirán nuevos roles y la formación continua en habilidades digitales y de 'alfabetización en IA' será esencial. Finalmente, creo que la gestión del riesgo y el cumplimiento se volverán aún más críticos y complejos, requiriendo soluciones GRC avanzadas y con capacidades de IA. Su intervención en las compañías como director de ventas, le debe aportar un abundante conocimiento de las compañías ¿Cuáles son las principales preocupaciones relacionados con la IA que le plantean y por qué motivos? Las principales preocupaciones que observamos en las compañías respecto a la aplicación de la inteligencia artificial suelen centrarse en varios ejes. La más recurrente es la seguridad y la privacidad de los datos, ya que temen brechas de seguridad al manejar grandes volúmenes de información y se preguntan cómo asegurar la confidencialidad, especialmente en el caso de datos sensibles. Este temor se debe tanto al posible daño reputacional como a las sanciones económicas derivadas del incumplimiento normativo. Otra preocupación habitual es el coste y la complejidad de implementación, ya que muchas empresas perciben la IA como una tecnología cara y difícil de aplicar, que requiere de personal muy especializado y escaso. También genera inquietud la conocida como "caja negra" de la IA y la falta de explicabilidad de sus decisiones, algo especialmente relevante en sectores regulados como el financiero o el legal, donde no poder justificar por qué se ha tomado una determinada decisión dificulta su auditoría y el reparto de responsabilidades. Finalmente, no podemos olvidar la resistencia al cambio, ya que algunos empleados y directivos sienten temor ante el impacto que esta tecnología puede tener en sus puestos de trabajo, lo que obliga a gestionar con cuidado la adaptación de la fuerza laboral. ¿Nos daría su opinión profesional para enfrentar de manera precisa todas las reticencias o los miedos del sector empresarial sobre la aplicación de la IA? Garantizar la seguridad, la privacidad y la ética es esencial. Abordar proactivamente las preocupaciones sobre seguridad y cumplimiento resulta crucial, ya que demostrar que las soluciones de inteligencia artificial incorporan salvaguardas robustas, cumplen con las regulaciones y se diseñan con principios éticos ayuda a generar confianza. También es clave enfocar la conversación en el valor y los beneficios tangibles que ofrece la IA, centrándonos en cómo esta puede resolver problemas concretos del negocio, ya sea mejorando la eficiencia, reduciendo costes, mitigando riesgos, generando nuevas oportunidades de ingresos o mejorando la experiencia del cliente. Otro aspecto fundamental es la educación y la concienciación: desmitificar la IA, explicar de forma comprensible qué es, cómo funciona y cuáles son sus capacidades y limitaciones reales en el contexto empresarial. En este sentido, eventos como el Congreso de Lefebvre juegan un papel muy importante. Por último, no hay que olvidar que la IA es una herramienta para las personas, por lo que resulta vital comunicar cómo puede complementar y potenciar sus capacidades en lugar de reemplazarlas. La formación y la gestión del cambio son elementos clave para que los empleados se conviertan en aliados en este proceso de transformación.
https://elderecho.com/alejandro-delgado-gallego-la-ia-sera-clave-para-gestionar-el-cumplimiento-y-los-riesgos-del-manana