El colectivo de secretarios judiciales se ha mostrado dividido sobre la propuesta anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de habilitar procesalmente el mes de agosto en los tribunales. No obstante, coincide en la necesidad de que esta medida sea "plenamente compatible" con el derecho a disfrutar de las vacaciones.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha resaltado la "buena dirección" de las primeras iniciativas esbozadas por el ministro, de su diagnóstico sobre los problemas de esta Administración y de la elección de su equipo humano.
En concreto, ha calificado de "muy acertada" la posibilidad de celebrar juicios en agosto aunque ha advertido de que se deberá adaptar a las necesidades de los ciudadanos y al disfrute de sus vacaciones, "debiéndose programar por los juzgados y tribunales con suficiente antelación".
Ha destacado que actuaciones relativas a la ejecución de resoluciones relativas a desahucios, lanzamientos, embargos, notificaciones o entregas de cantidades ingresadas en la cuenta de consignaciones en los Juzgados --en las que intervienen los fedatarios públicos-- "no pueden estar paradas" durante el mes de agosto.
"No cabe duda que la Justicia, en su posición de servicio público esencial y moderno que precisa para cumplir con su función primordial en una sociedad del siglo XXI, que demanda calidad, proximidad y eficacia, no puede estar interrumpida durante todo el mes de agosto", señala en un comunicado.
CAMBIO DE MODELO NECESARIO
Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha advertido de que esta medida "sólo" se quedará en una "mera declaración formal más" sino se acompaña del cambio de modelo organizativo, que implica la implantación de la Oficina Judicial y de los tribunales de instancia.
A su entender, el "anticuado" y "atomizado" sistema de juzgados nunca ha permitido ni permitirá alcanzar el objetivo de mantener durante agosto un ritmo de trabajo similar al del resto del año, dada la deficiente organización y las reducidas plantillas de personal.
Además, ha apostado en un comunicado por una "regulación integral" de la agenda de señalamientos, para que los días de juicios se fijen con arreglo a criterios de racionalidad, previsibilidad, homogeneidad y objetividad. "De no regularse de forma unificada y racional, cada juzgado seguirá manteniendo los criterios individuales de cada juez o magistrado destinado en el mismo", ha añadido.
En cualquier caso, han reclamado que esta propuesta sea "plenamente compatible" con el derecho a las vacaciones y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios y los profesionales que trabajan con la Justicia.
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